La sorpresiva decisión del presidente de pedir el debate sobre el aborto y comprometerse a no vetar una eventual ley que transforme dicha práctica en un derecho, se ha leído de diferentes maneras.

Para algunos, Macri es un demócrata, tolerante en extremo, que impulsa un debate sobre el aborto desde su condición de “pro vida”. Para otros, es el autor de una jugada magistral (o maquiavélica, según quien hable) que dividió a la oposición, la puso en contradicción con la Santa Sede, y corrió el eje del debate a una cuestión alejada de la economía. Cualquiera haya sido la intención, se trató, sin lugar a dudas, de un balde de agua fría para Cristina.

En cualquier caso, el elemento sorpresa (tan utilizado en épocas de Néstor y su viuda) no es el método más republicano para gobernar, aunque sí fue, quizá sin que el Presidente se lo propusiera, un medio para dejar al descubierto la imprevisión y negligencia de los partidos políticos, sus dirigentes y la ciudadanía en general.

En efecto, cabe preguntarse, en primer lugar, si algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras de un lado y del otro de la grieta transversal que abrió la discusión sobre el aborto, alguna vez le exigió a algún candidato que se definiera sobre el tema.

Podrá decirse que hay muchos asuntos respecto de los cuales los candidatos y sus partidos no se pronuncian antes de una elección. Pero esta falencia es aún más grave cuando la cuestión que hoy está en debate despierta pasiones tales como para que, desde los dos sectores en pugna, se acusen, entre sí,  de “asesinos”.

Si fuera cierto que la sociedad asesina por omisión al negarle a las mujeres el derecho de abortar o si fuera cierto que la solución de legalizar el aborto importa el asesinato de personas por nacer, quienes sostienen estos criterios debieran admitir que, ante semejantes genocidios, han  pecado de negligentes en su rol de ciudadanos. O, por el contrario, admitir que jamás se preocuparon por saber qué opinaban, como candidatos, los actuales legisladores; sencillamente porque la cuestión –muy en el fondo- no les parecía relevante.

Esta cuestión es de suma importancia porque, desde un sector, se  pide a los diputados que no voten de acuerdo a sus íntimas convicciones. Pero la realidad es que la gran mayoría de los diputados y sus partidos no establecieron implícitamente un contrato electoral sobre este asunto. Lo esquivaron, tal como lo esquivaron la mayoría de los ciudadanos, en el momento en que el tema debió ser abordado para generar un respaldo serio y contundente a una determinada postura política sobre la cuestión. La gran mayoría de los diputados que votarán esta semana, lo harán sin mandato alguno. En definitiva, además de negligencia ciudadana, ha habido negligencia de nuestros representantes.

Tampoco podemos dejar de destacar el rol del periodismo en esta materia. Comunicadores que hoy se suman a una u otra postura sobre el aborto, en un repentino y a veces fanático interés por la disputa, jamás fueron capaces de preguntarle a un candidato a diputado cuál era su idea sobre esta materia.

No deja de advertirse, asimismo, un cierto grado de superficialidad y frivolidad, en amplios sectores de la ciudadanía y de la representación política, a la hora de manifestarse a favor o en contra de una decisión en la que se encuentra en juego el valor de la vida. ¿Alguien pensó qué sentido tiene la utilización de merchandising para identificarse con una u otra postura? ¿Qué finalidad cumple el pañuelo verde o el pañuelo celeste? ¿Uniformar a cada sector como si fuera una tropa? ¿Convencer al adversario en función del colorido de cada pañuelo? ¿Simplemente una moda? Es, realmente, difícil de comprender y pareciera hasta irracional.

La irracionalidad en la discusión ha alcanzado límites insospechados. Hay personajes que denuncian y cuestionan las supuestas “presiones” para que los legisladores voten en uno y otro sentido, y que cuando las explican no hacen más que describir situaciones de reclamos legítimos que ciertas personas o sectores de la sociedad realizan a los diputados. Mientras tanto, se denuncian –también- situaciones de amenazas de escrache a legisladores si no votan en un determinado sentido, y hasta de “tomar el Congreso” si el resultado no es satisfactorio a determinada postura política.

Otra situación de irracionalidad y contradicción está dada por aquellos legisladores que sostienen que la cuestión del aborto es exclusivamente una cuestión de salud pública y que, sin embargo, llevan a disertar al Congreso, como expertos, a personas de las más variadas profesiones, tales como artistas, periodistas, filósofos, curas, juristas y demás entendidos en cuestiones que nada tienen que ver con la cuestión sanitaria.

Y ya que hablamos de juristas, es bueno recordar que prestigiosos abogados se han pronunciado cuestionando la constitucionalidad de una eventual ley de aborto, mientras otros colegas, de idéntico prestigio, se han pronunciado a favor de su constitucionalidad. Esto no es un tema menor, porque las posiciones encontradas en lo jurídico, auguran serias dificultades para la aplicación de la norma, cuando la misma sea revisada en los tribunales. Siempre, claro está, en el caso de que se apruebe.