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Los fueros parlamentarios también conocidos como “inmunidad parlamentaria” son un privilegio que se aplica en el derecho penal a una persona por ser representante de la soberanía popular.
En Argentina, la Constitución Nacional establece los fueros parlamentarios en los artículos 68 al 70. El primero dice que los miembros del Congreso no pueden ser acusados por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
El 69 establece que ningún senador o diputado puede ser arrestado a menos que sea sorprendido in fraganti cometiendo un delito. Finalmente, el artículo 70 establece que, en caso de presentarse querellas ante la justicia contra un legislador, se le podrán quitar los fueros a través del voto de los dos tercios de su cámara y ponerlo a disposición de la justicia.
En septiembre de 2000, después del escándalo por los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada “ley de reforma laboral” el derecho de los legisladores fue limitado por la Ley de Fueros.
Esta establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato pero sí puede llevarse adelante todo el resto del proceso judicial. Lo que la ley sí prohíbe es que se allanen el domicilio o las oficinas de los legisladores.
Sin embargo, los fueros no obstaculizan el avance de las causas penales y tampoco hacen que prescriban los delitos.
Y aquí está la trampa: como todos sabemos, la “doctrina” del Senado dice que para desaforar a uno de sus miembros este debe tener una sentencia firme. Por otro lado, cualquier juez o fiscal opina que si hay que esperar a una sentencia firme para investigar a una persona, por un simple criterio de sentido común, ¿cómo se va a investigar al individuo en cuestión si los fueros no lo permiten?
Por lo tanto, si no se puede investigar a tal o cual diputado y/o senador es imposible llegar a una sentencia firme.
La realidad es que, además, la aparente protección que le está brindando el peronismo a Cristina, no es solo para ella, sino que es una autoprotección, una protección corporativa. Muchos gobernadores -algunos mencionados en los cuadernos de Centeno- y varios funcionarios estarían en serios problemas si se levantara el escudo del Senado.
Todos los funcionarios peronistas, todos, directa o indirectamente están involucrados en algún caso de corrupción, coimas o retornos. Algunos más, otros menos, pero todos están involucrados.
Los peronistas no duermen pensando cuándo y cómo puede saltar lo suyo. Todos tienen miedo, porque no saben en qué momento le puede tocar a cada uno de ellos. Es así de simple.
