Este miércoles, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad que modificó el reglamento para las fuerzas federales sobre uso de armas de fuego.
El magistrado hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.
En la presentación, efectuaron un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.
Hasta ahí, todo bien. Lo curioso es que Gallardo, en el marco del G20, pidió custodia policial especial (ver documento al pie): “Ese día hubo 3 autos y seis policías menos cuidándote para que él se sienta seguro. Todos bien armados”, según observó con precisión el colega Lucas Morando.
En el marco de lo aquí dicho, el abogado Adrián Bastianes decidió denunciar a Gallardo, Bregman y Verdú por diversos delitos, uno de ellos atentados contra el orden público.