Era ahora o nunca “por el cambiante entorno político internacional, caracterizado por las crecientes tensiones proteccionistas”, concluyen Carlos Malamud y Federico Steinberg, investigadores principales del Real Instituto Elcano, de Madrid, en un análisis en el cual se preguntan quién gana y quién pierde con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué ganan los europeos? Sus productos ingresarán en el Mercosur con ventajas sobre sus competidores. En especial, Estados Unidos y Japón. A su vez, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se comprometen a respetar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Ese era uno de los puntos de fricción con el gobierno de Jair Bolsonaro, decidido a imitar la ruptura de Donald Trump y, en su caso, poner en riesgo la Amazonía. Se trata de la selva tropical más grande del planeta. Un pulmón verde que absorbe cerca de 1.000 millones toneladas de dióxido de carbono por año, pero pierde por la deforestación una superficie similar a un campo de fútbol por minuto. La promesa de campaña de Bolsonaro era terminar con el «activismo ambiental chiíta», así como con la demarcación de tierras indígenas, de modo de impulsar el llamado agronegocio.

La virtual ruptura con el acuerdo firmado por 195 países en 2015, por considerar a la Amazonía parte de la soberanía de Brasil, resultó ser uno de los principales reparos con los cuales se toparon los negociadores del Mercosur frente a sus pares europeos. Sobre todo, en Francia, cuyos productores se ven favorecidos por subsidios y encontraron en los verdes, terceros en las elecciones de mayo para el Parlamento Europeo detrás de la ultraderecha de Marine Le Pen y del partido de centro de Emmanuel Macron, una base sólida para estar en desacuerdo con el acuerdo. La economía estrechó lazos con la ecología y viceversa.

Los intereses entre el Mercosur y la Unión Europea se han ido definiendo desde el comienzo de las negociaciones, en 2000. De un lado, Argentina y Brasil se resistían a levantar las barreras de las licitaciones públicas. Accedieron a cambio de la cesión europea en agricultura y ganadería, los sectores supuestamente más perjudicados. Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia pusieron el grito en el cielo. El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, debió vérselas con Macron, interpelado en su país apenas regresó de la cumbre del G20 realizada en Osaka, Japón.

El acuerdo, sobre el cual queda un largo trecho jurídico y legislativo, coincide con la vuelta de la Unión Europea a sus orígenes: designó presidentas de la Comisión Europea a la ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, y del Banco Central Europeo a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ex ministra de Finanzas de Francia. Dos mujeres conservadoras, provenientes de dos de los seis países fundadores, y dos políticos socialdemócratas, el ministro de Exteriores de España en funciones, Josep Borrell, alto representante de Política Exterior, y David Sassoli, segundo italiano al frente del Parlamento, completaron en parte el reparto de cargos.

Un reparto que procuró ser equitativo tras las elecciones europeas. Los conservadores y los socialdemócratas perdieron por primera vez la mayoría absoluta, pero no dejaron que la ultraderecha cristalizara el plan de dinamitar la Eurocámara. Todo esto se dio en medio de la crisis por el Brexit; las amenazas de Trump contra el multilateralismo; la ruptura unilateral del pacto con Irán, y la guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. El contexto contribuyó al acuerdo con el Mercosur. Un paso político con la promesa de mejorar la economía y respetar la ecología, más allá de las diversas lecturas en cada país involucrado.