El congelamiento de las tarifas del transporte en el área metropolitana y el mantenimiento de los subsidios, es la rúbrica de una serie de decisiones que encierran transferencias cruzadas y una devaluación encubierta.
Está claro que en su afán de no convalidar una corrección cambiaria, el gobierno busca que todos los sectores de la economía -desde las empresas hasta los particulares-, se hagan cargo de una corrección de errores del Estado.
El congelamiento de precios, tarifas -algunas, las de los combustibles serán ajustadas a fin de mes-, salarios -un bono para compensar la pérdida de 2019- y la suba de impuestos, implica que el ajuste del Estado y el gasto de la política lo van a pagar los contribuyentes.
El costo del congelamiento de las variables económicas tiene los mismos efectos que una devaluación. En otras palabras, se congelan ingresos en pesos frente a una inflación galopante que impacta de lleno en el tipo de cambio.
La suba del tipo de cambio va a acelerar los costos e incentivará el traslado a precios nuevamente, en medio de una caída del salario real y de la demanda global.
Inflación con recesión en el mejor de los casos, en medio de un ajuste impositivo de magnitudes.
¿Cómo hará el gobierno para mitigar los efectos de una nueva estanflación? Lo más probable que lo haga con más inyección de liquidez que convalidará una nueva suba de precios, y un nuevo acuerdo con las empresas. Un ciclo que sólo termina en una gran corrección cambiaria.