Desde hace tiempo, numerosos pobladores cordilleranos a lo largo de los Andes, desde Ecuador a la Argentina, se han acostumbrado a escuchar nombres extranjeros como Barrick Gold, Pacific Rim Mining y Patagonia Gold. Son los de grandes compañías mineras multinacionales cuyas sedes centrales se encuentran en Canadá, con oficinas también en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, a las que se suman otras como Freeport Mac Moran, BHP Billiton, Newmont, Placer Dome y Río Tinto, entre otras igualmente destructivas como aquellas, y pronto veremos por qué lo de destructivas.

    Lo cierto es que en todos los países afectados –Ecuador, Perú, Chile y Argentina- ya se vienen registrando desde hace algún tiempo, especialmente en las poblaciones aledañas a los emprendimientos mineros, diversas expresiones de protesta frente a dos cuestiones muy graves ligadas a esas explotaciones. Una es el saqueo indiscriminado de incontables recursos metalíferos, principalmente oro, plata y cobre, sin pagar prácticamente nada, avalado por la desidia, las facilidades otorgadas cual un regalo para ello por los gobiernos y hasta, en muchos casos, la complicidad de éstos vía sobornos o directamente asociaciones con las empresas, por lo general a espaldas del conocimiento público.

      La otra es la contaminación y envenenamiento, por los materiales empleados, de todas las zonas circundantes, con extensión en algunas hacia los océanos a través de las cuencas acuíferas, por lo que permanecerán afectadas por largos años personas, flora, fauna y hasta la geografía de cada lugar, ya que incluso desaparecerán en las zonas de explotación glaciares y cerros enteros, peligrando en algunos casos también biosferas y parques nacionales declarados por la UNESCO “patrimonio de la humanidad”. En esta nota nos referiremos al saqueo y envenenamiento de la cordillera argentina y sus zonas circundantes.


¿Vale más el oro que la vida?

    Si aún no comenzó a hacerlo, pronto lo hará. En la provincia de San Juan la Barrick Gold ya prácticamente ha terminado con todos los pasos preparatorios para empezar con la explotación minera propiamente dicha. Esos pasos fueron: dinamitar cerros y peñascos para abrir espacios destinados a la instalación de la mina y la apertura de caminos de hasta 35 metros de ancho para el tránsito de transportes pesados (luego se seguirán volando cerros para la extracción de los metales); se hizo lo mismo con glaciares cercanos para abastecer la gran cantidad de agua necesaria para lixiviar las rocas extraídas durante las 24 horas del día, con el agregado del desvío de ríos para el mismo fin; y la instalación de toda la maquinaria necesaria y los campamentos para alojar al personal.
    Trabajar para la Barrick Gold en los yacimientos de Pascua Lama y Veladero, por ejemplo, es una verdadera odisea. La escasez de empleo es el arma extorsiva utilizada por la multinacional canadiense, aunque es incapaz de ocultar daños ambientales, enfermedades y muertes ocurridas a cinco mil metros de altura en el límite cordillerano entre Argentina y Chile. Pobladores de departamentos sanjuaninos cercanos a la zona de explotación tenían conocimiento, hace dos años, de que habían perdido la vida unos quince trabajadores. Sin embargo, al pretender exigir datos más concretos, nombres y circunstancias, comenzaban los inconvenientes para presentar las denuncias: silencio de la empresa ocultando información; traslado de enfermos y víctimas hacia establecimientos ubicados fuera de la provincia de San Juan o alejados de la zona minera; y la soledad de los trabajadores, sin testigos familiares y sin control oficial alguno. Estas son algunas de las razones de la impunidad con que opera Barrick Gold.
    Los pueblos de Argentina y Chile no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en las altas cumbres de los Andes sanjuaninos, “pero algunos gobernantes sí”, como señala Fredy Espejo, especialista en Medio Ambiente que trabajó más de seis años en la Barrick Gold y fue despedido cuando le demostró a los gerentes –con estudios, informes y muestras- la cantidad de daños ambientales que se producirían y la vasta zona que abarcarían. Espejo, que hoy trabaja en un hotel en las termas de Pismanta y es aún perseguido y “vigilado” por los directivos de la empresa minera, participa frecuentemente en asambleas vecinales en distintas poblaciones explicando todo lo que sabe al respecto, junto a otros ambientalistas, y generando cada vez más el rechazo de los pobladores y la toma de conciencia frente a lo que vendrá, y a lo que quedará una vez que la multinacional termine de llevarse los minerales y deje la contaminación. Además, la Barrick Gold se jacta de la seguridad industrial de la planta y de no tener accidentes. Pero Espejo la desmiente y asegura que son muchos los accidentados en Pascua Lama y Veladero, donde se han creado condiciones laborales para que ocurran varios accidentes. Afirma que muchos de los obreros muertos, que en realidad “ya son más de cincuenta”, trabajaban para empresas contratadas por la Barrick, como Techint, Cartellone y Tabolango, y que “la minera dirá que es por imprudencia, problema de ellos, y en la mayoría de los casos oculta los sucesos o éstos no toman estado público porque se trata de empleados de otras provincias o de países vecinos, sin familiares que los reclamen”.


Veneno para rato

    ¿En qué consiste el envenenamiento que perjudicará a todos los pobladores, sus cultivos y la flora y fauna del lugar?. En que las empresas mineras utilizan cianuro y arsénico para lixiviar las rocas y separar el oro, la plata o el cobre, según el caso, además de químicos industriales, como el anhídrido sulfuroso, y otros metales pesados. Todo ello se acumula tanto en el ecosistema como en el cuerpo humano. Esos venenos permanecerán diseminados en las altas cumbres por años, y bajarán con el agua que viene de los glaciares y las lluvias alcanzando los lugares poblados, los cultivos y hasta las cuencas hídricas que desembocan en ambos océanos.
    El dinamitado de los cerros y la molienda de las rocas, reducidas a micrones, producirán además vapores y polvos tóxicos que quedarán suspendidos en el aire y a merced de los vientos, lo cual generará patologías respiratorias, dermatológicas, intestinales, renales y reproductivas, aparte de varios tipos de cáncer. Ello gracias a la aspiración de minerales liberados por las explosiones como plomo, uranio, arsénico, cromo, zinc, azufre, cobalto, mercurio, asbesto, manganeso y muchos otros que coexisten en el lugar explotado, ya que se trata de yacimientos polimetálicos diseminados en extensiones kilométricas.
    Pero no sólo se destruyen los paisajes y se elimina la flora y el hábitat de la fauna, sino también el suelo y el subsuelo, ya que donde había montañas quedarán gigantescos pozos, aumentando tremendamente la erosión y provocando el drenaje ácido alrededor de la mina. Ese material contaminante también va a correr por las napas subterráneas y los cursos de agua que bajan desde los glaciares a los distintos poblados –los cursos que queden, en realidad, porque otros serán desviados hacia las minas, sustraídos directamente a quienes siempre se abastecieron de ellos- y, como se dijo, puede llegar, por las naturales conexiones acuíferas, a los ríos que desembocan en ambas costas, el Atlántico y el Pacífico.
    Tal es el panorama que aguarda a los habitantes de las zonas aledañas y cercanas a las minas en explotación. Ocurrirá mientras las multinacionales canadienses extraen el oro, la plata, el cobre y otros metales, y años después de que se hayan ido con su botín perdurarán entre las ancestrales poblaciones allí radicadas los daños a la salud, la pérdida de sus cultivos y la desaparición de la fauna autóctona y el paisaje que, se pensó alguna vez, sería eterno.
    De permitir que se siga avanzando con la explotación de las multinacionales mineras -que en cuanto acabe no permanecerán un día más en el país, sin dejar como saldo de su paso a los pobladores ningún beneficio, sólo el desastre- las próximas observaciones y fotografías registrarán en esas zonas, en un futuro no muy lejano, solamente páramos y desolación.


Reacciones y amenazas

    En los últimos años, gracias a la constante prédica y al esfuerzo de algunos ambientalistas para que la población que habita las regiones cercanas a las minas tome conciencia de lo que puede esperarles, mucha gente comenzó a autoconvocarse y a realizar asambleas en diversas zonas. Esa reacción fue extendiéndose hacia otras provincias donde también hay proyectos de explotación minera.
    A mediados del 2005, en la provincia de Chubut, se organizaron caravanas en las cercanías de la ciudad de Esquel, que marcharon en repudio a la actividad minera anunciada en la zona del arroyo El Pedregoso, epicentro de nuevos cateos mineros a favor de la compañía canadiense Pacific Rim Mining –con oficinas en Godoy Cruz, provincia de Mendoza- autorizados por el gobernador Mario Das Neves. También marcharon contra el intento de recomenzar los cateos en el yacimiento de oro Huemules, a 20 kilómetros de Esquel, por parte de Minera Huemules S.A., subsidiaria de la británica Patagonia Gold. Es que los pobladores rurales recibieron cédulas de notificación de los municipios a los que pertenecen comunicándoles sobre la realización de cateos en sus terrenos, para lo cual otorgaron las autorizaciones correspondientes sin consultar a los vecinos, algo a lo que éstos vienen negándose. Un proceso de resistencia que aún continúa.
    Claro que estas reacciones vecinales, así como la de periodistas o medios de prensa enrolados en las campañas contra las mineras, tiene una contraparte nada fácil ni grata. Los pobladores vienen recibiendo desde intentos de “ablande” de las multinacionales mineras -ya sea ofreciendo trabajo, máquinas para sus cosechas, refacciones en escuelas y abundante publicidad sobre los “beneficios económicos” que tendrá la región gracias a la minería-, hasta intimidaciones, amenazas y en algunos casos la agresión lisa y llana a algunos de ellos, quienes fueron sorprendidos sin compañía y hechos objeto de golpizas, hechos sobre los cuales la justicia regional no se dio por enterada.
    Por su parte un periodista de Esquel, Andrés Campos, quien se desempeña en una emisora de FM local y se ocupa continuamente de estos temas, dando voz también a los reclamos vecinales, fue seguido durante nueve cuadras de forma intimidatoria por una camioneta Toyota, patente DYB 858, perteneciente a la minera Meridian Gold, tripulada por dos hombres que lanzaban el vehículo acelerando, frenando y colocándolo al lado de Campos, que iba en bicicleta hacia su lugar de trabajo. El periodista hizo la denuncia correspondiente, aún sabiendo que era “echarla en saco roto”: en el Ministerio Público Fiscal de Esquel existen más de medio centenar de denuncias por amenazas o golpes, hechas por vecinos desde que comenzó el conflicto por las mineras, sin que la Fiscalía oriente la búsqueda de responsabilidades. Por el contrario, fue desestimando individualmente cada una de las denuncias utilizando diversas excusas.
    También se ha ido extendiendo el miedo en San Juan. La provincia se está viendo sacudida por múltiples asesinatos no esclarecidos y desapariciones de personas, cuestiones que no llegan habitualmente a los medios de prensa de la capital del país y que encuentran su campo fértil al amparo de una justicia cómplice.
    Por ejemplo, quizás nunca lleguen a conocerse los motivos del intento de asesinato, en mayo último, del empresario Hugo Naranjo, quien recibió varios impactos de bala en su cuerpo. Pero cabe señalar que Naranjo es propietario de una emisora, FM La Cumbre, en el departamento de Iglesia, donde se encuentran los pueblos ubicados al pie del emprendimiento minero de Pascua Lama y Veladero, y que dicha radio es el único medio en la zona que insiste a diario con el tema de la contaminación de las poblaciones de ese departamento por la actividad minera de Barrick Gold, además de apoyar a los vecinos en sus reclamos.
    Al mejor estilo mafioso, las empresas mineras cuentan con el amparo de funcionarios que actúan como lobbystas de las transnacionales y que controlan los medios de información, extendiendo un manto de miedo sobre una población prácticamente imposibilitada de expresarse, además de la inacción de una justicia también a su servicio. En algunas poblaciones donde se realizan asambleas vecinales en plazas públicas, pueden verse camionetas de la Barrick Gold y hasta la de la municipalidad local, con el propio intendente a bordo, dando vueltas alrededor de los autoconvocados, enviándoles un “mensaje”. Es justo aclarar que muchos de esos móviles municipales han sido “generosamente” donados por la multinacional, además de alguna que otra ambulancia y, por supuesto, algo de dinero.
    Incluso se llega al extremo de que las fuerzas policiales o la Gendarmería, digitadas obviamente por los funcionarios corruptos, repriman a los vecinos que pretenden realizar una marcha o una asamblea, como acaba de ocurrir hace pocos días en la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, durante uno de esos encuentros donde los asistentes, entre quienes se encontraba un diputado nacional, fueron dispersados a bastonazos y disparos con balas de goma cuando se dirigían a un centro deportivo donde autoridades del gobierno provincial iban a realizar un acto a favor de los proyectos mineros, con la presencia del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Había que impedir a toda costa que estos pocos personajes fueran molestados –ellos o sus conciencias- por la voz de los muchísimos perjudicados por esos proyectos.


Sufre Catamarca

    Las ciudades catamarqueñas de Andalgalá, Belén y Santa María están padeciendo los desastres ecológicos y ambientales provocados por el complejo minero “Bajo la Alumbrera”, el más grande de América Latina y uno de los diez mayores del mundo. Se trata de un consorcio suizo-canadiense que explota un yacimiento que en la actualidad es similar a una gigantesca olla de dos kilómetros de diámetro y 700 metros de profundidad en el que camiones, palas mecánicas enormes y explosivos remueven 340.000 toneladas de roca por día durante las 24 horas. En su libro “El problema minero argentino”, el ambientalista Jorge Aldecoa señala que en la región “todo está cubierto por una lluvia ácida y nubes de polvo provocadas por la remoción de las montañas de roca que también produce sulfuros que quedan impregnados en el aire”. De hecho, están contaminados el aire y el agua y en las ciudades mencionadas hay cientos de enfermos de cáncer y de graves enfermedades respiratorias, mientras los funcionarios insisten en que la minería en la zona trae beneficios económicos para la provincia. Seguramente que para unos pocos bolsillos provinciales y no para el resto de la población.
    Mientras el secretario de Minería de la provincia de Catamarca, José Guillermo Sinner, asegura con todo desparpajo que “las enfermedades no están comprobadas y el agua puede ser consumida tranquilamente”, un agua que con toda seguridad no beberán ni él ni su familia, el diputado nacional Carlos Tinnirello -el  mismo que se encontraba entre los asambleístas reprimidos citados anteriormente- sostiene que datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y del Hospital Zonal de Andalgalá indican lo contrario: “En los últimos diez años, desde que se instaló la empresa minera, la pobreza en Catamarca aumentó considerablemente, de acuerdo a los informes oficiales. También se ampliaron en un 700 por ciento los problemas respiratorios de los habitantes de Andalgalá y ello está registrado en el hospital público zonal”.
    Por su parte, el ambientalista Jorge Aldecoa agrega: “Lo que tampoco se informa es que la minera consume 100 millones de litros de agua por día, lo que provoca que se mueran las plantas, los animales y todo quede convertido en un gran desierto. Por ejemplo, Santa María es una localidad agrícola que perdió un 40 por ciento de agua. Además, todos los deshechos son destinados a un enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de alto llamado ‘dique de cola’, que contamina el agua y el aire provocando todo tipo de enfermedades. El problema es que las minas utilizan el agua pura de los acuíferos y la devuelven contaminada en esos ‘diques de cola’, verdaderas fuentes de contaminación que a su vez drenan a las napas inferiores, contaminando a su vez los ríos subterráneos que alimentan las vertientes montaña abajo”. Y por si fuera poco Aldecoa acota: “Todos debemos pagar por el agua que consumimos, mientras que las mineras la utilizan en enormes cantidades y no pagan un solo peso”.
    Pobladores que mueren de hambre porque perdieron sus cosechas y animales por la falta de agua, y la contaminación en un desierto enmarcado por montañas repletas de oro. Tal es la paradoja que se vive hoy en día en esta zona, como informa la periodista Verónica Janowicz, quien agrega que en las últimas semanas algunos vecinos denunciaron que más de cien animales de corral aparecieron muertos, que ya no hay peces en los ríos y que los lobos, los que en algún momento fueron vistos totalmente sin pelo, al poco tiempo murieron contaminados.
   Eso sí, la única respuesta dada por el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral y sus funcionarios a los reclamos y preocupaciones de los pobladores son la desinformación, el encubrimiento, las amenazas, las presiones y, ante la resistencia de la gente, enviar a la policía provincial a repartir palos y balas de goma. En el caso de la represión en Andalgalá, ello se debió a que no debía ser perturbado el acto en el cual se firmaba un acuerdo por el nuevo proyecto minero con Agua Rica S.A., la nueva mina subsidiaria de Bajo la Alumbrera que comenzará el año próximo a depredar una zona aún mayor, ubicada a sólo 17 kilómetros de Andalgalá. Una ciudad sitiada, junto a sus vecinas Belén y Santa María, por un futuro terrible.


Sufrirá La Rioja

    En la provincia de La Rioja también ha apoyado sus pies la multinacional Barrick Gold, que está comenzando a desarrollar sus proyectos mineros en la zona cercana a las localidades de Famatina y Chilecito, en medio de un escándalo que involucra al gobernador Angel Maza, ex ladero fiel del ex presidente Carlos Menem y hoy ferviente devoto del actual mandatario Néstor Kirchner.
    Según denunció el diario “Perfil” en una nota publicada el 10 de septiembre último, el gobernador y geólogo Maza, constante viajero por el mundo en búsqueda de inversiones mineras y no hace mucho visitante en Canadá de las multinacionales del sector que tienen allí sus sedes, poseería alrededor del 41 por ciento del paquete accionario de Yamiri S.A. (Yacimientos Mineros La Rioja), empresa que detenta los derechos de explotación de las minas de Famatina, el proyecto más importante de la provincia. Así lo aseguraron también integrantes de Vecinos Autoconvocados de Famatina y Chilecito, quienes mantuvieron el anonimato por temor a represalias (así se vive en los feudos provinciales argentinos).
    En la minería no existe la licitación. De allí que a Yamiri S.A. no le fue difícil conseguir en su momento los derechos de explotación de las minas de Famatina. Sólo fue necesario que se presentara ante el ente correspondiente solicitando un área determinada, lo cual pasó a evaluación y ya que el área no estaba concedida, hubo que cumplir con unos requisitos básicos y asunto concluido. Luego, la empresa buscó a alguien que deseara explotar ese área y que debía realizar la inversión principal, conformando una asociación. ¿Y a quién encontró Yamiri S.A. como socio?. No podía ser sino la canadiense Barrick Gold, que ya está trabajando en la zona con buenos resultados. Especialmente para ella y, tajada correspondiente, para los bolsillos del gobernador Maza.
    Mientras tanto los vecinos de Famatina y Chilecito, que vienen luchando continuamente intentando erradicar una actividad altamente contaminante, nunca han tenido quien los defienda a nivel oficial. En tal sentido se dio una situación surrealista, ya que quien ocupó por un tiempo el cargo de director de Medio Ambiente, Abel Nonino, fue al mismo tiempo subsecretario de Minería, con lo cual percibía dos sueldos de la administración pública. Tras estallar este nuevo escándalo, Nonino renunció a su cargo en Medio Ambiente para dedicarse con exclusividad a los negocios de su mentor, el gobernador-geólogo Angel Maza.
    Unos de los Vecinos Autoconvocados, Martina Merlo, se refirió al acto que se realizó en agosto último celebrando el Día del Niño, que reunió a unas 25.000 personas y que también sirvió para tratar el tema que los preocupa. Relata que actuó el payaso Piñón Fijo, a quien varias madres le alcanzaron información al respecto y que éste, “en mitad del espectáculo, hizo un paréntesis para posicionarse en contra de la minería y en defensa de los derechos y el futuro de los niños de nuestro valle”, agregando que “los aplausos de los presentes descolocaron a las autoridades departamentales que se encontraban allí”. Señaló además que al día siguiente hubo un concierto coral en el que participó el Coro Americano de Francia, y  “una de sus integrantes expresó que ellos en su país también habían sufrido la minería y que también lloraban a sus muertos a consecuencia de esa actividad”.
    El relato de Martina Merlo finaliza acotando que “lo mejor de todo fue la aparición de dos emblemáticos cóndores que sobrevolaron un buen rato sobre nuestras cabezas, como si las almas de nuestros ancestros indígenas nos estuvieran acompañando desde las alturas”.


Ahora, Santa Cruz

    El implacable acecho a la riqueza minera de la Patagonia alcanza a la provincia y feudo del presidente Néstor Kirchner, Santa Cruz, donde la fiebre minera impulsada desde las usinas oficiales pasa por encima de las múltiples biodiversidades de la región y no contempla en absoluto sus potencialidades más sustentables ni respeta los derechos e intereses de su población.
    En la zona de Los Antiguos pueden verse a diario interminables filas de camiones de 30 toneladas, llevando su voluminosa carga proveniente desde Mina La Marta, en Gregores, hasta la planta de procesamiento en Fachinal, dejando a su paso caminos destruidos del lago Argentino y un pasivo ambiental junto a riesgos ecotoxicológicos en la cuenca del lago Buenos Aires, de lo que tendrán que hacerse cargo las generaciones futuras. A ello deben agregarse los residuos de una mina de plomo, abandonados hace unos cincuenta años en la cuenca del lago General Carrera, en la zona de Puerto Cristal, que han generado considerable alarma en la población de la zona, que lo considera como “basura barrida bajo la alfombra”.
    La comarca del lago Buenos Aires viene ganando hace años varios mercados dentro del turismo, la apicultura y la producción de cerezas, debido a la decisión de muchos pobladores que apostaron a un desarrollo limpio, genuino y sustentable en el tiempo, un eje productivo que viene creciendo a grandes pasos aunque con un rumbo que está lejos de los planificadores de los grandes centros de poder. Es que esa comunidad, por ejemplo, no cuenta con los beneficios políticos e impositivos que ostentan las empresas mineras “golondrinas”, que como ya se ha señalado levantarán vuelo del país en cuanto acaben con su depredación.
    Además, el brillo del oro guardado en las entrañas del noroeste santacruceño es opacado por otra riqueza de la zona: las milenarias pinturas rupestres y los yacimientos arqueológicos de la cuenca del río Pinturas. Las primeras noticias sobre las pinturas rupestres de Santa Cruz datan de 1871. Cerca de 1950, otros estudiosos identificaron el lugar como el del “origen de los hombres y los animales” según la cosmogonía tehuelche. Hoy, cualquiera que ingrese en esa zona se desespera al conocer lo que allí está pasando últimamente.
    La Cueva de las Manos, ubicada en el cañadón del río Pinturas, fue declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO en diciembre de 1999, y el municipio de Perito Moreno –declarado “Capital Arqueológica de Santa Cruz”- es la autoridad responsable de la administración del área de reserva. Sin embargo resulta curioso que el área declarada como patrimonio, lo cual involucra un régimen de protección, haya sido restringida a la Cueva de las Manos, dejando afuera otras como la Cueva del Arroyo Feo y el Alero Charcamata, y también a gran cantidad de abrigos que contienen pinturas.
    Ocurre que allí han ingresado varias empresas mineras, en algunos casos con la anuencia de los propietarios de los campos. Abrieron enormes trincheras que se divisan desde unos diez kilómetros, construyeron caminos y, como denunciaron algunos turistas, vertieron líquidos sobre los cursos de agua del lugar. Otro turista dijo haber visto máquinas topadoras y equipos de exploración minera, realizando su trabajo “a sólo 200 metros de las pinturas rupestres”, como declaró después al diario “Tiempo Sur”. No conforme con eso, el preocupado turista envió un correo electrónico a la secretaría de Turismo de la localidad de Los Antiguos, pero jamás tuvo una respuesta. Allí aprendió, a su pesar, que en el noroeste de Santa Cruz no se puede denunciar a una empresa minera.
    Construido gracias a 50 millones de dólares del Standard Bank, el Proyecto San José es una explotación de dos vetas de oro y plata de forma subterránea, siendo el más avanzado en el noroeste santacruceño, y se espera que comience a operar plenamente a comienzos del 2007. Un año, dicho sea de paso, muy importante para las aspiraciones reeleccionarias del amo del feudo y actual presidente argentino.
    A cargo del proyecto se encuentra Minera Santa Cruz, en los hechos una sociedad entre la peruana Mauricio Hochschild y Cía. S.A. y la canadiense Minera Andes. Ubicado a unos 120 kilómetros al oeste de Las Heras y a 50 kilómetros al este de Perito Moreno, el área de explotación minera se encuentra a unos siete kilómetros al sur de la confluencia de los ríos Pinturas y Deseado. Habrá que observar, entonces, qué elucubrará la empresa para acarrear hacia su sector la cuantiosa cantidad de agua que, como ya se ha indicado, es necesaria para su trabajo, y si ello puede ocasionar perjuicios a los productores agrarios de la zona. Por otra parte, el proceso de tratamiento de las 750 toneladas diarias de material que planea extraer la empresa minera contempla también el uso de cianuro de sodio para separar el oro y la plata.
    Otro yacimiento explotado en Santa Cruz es Cerro Vanguardia, que está bajo el control de la firma británico-sudafricana Anglogold. Pero a pesar de que la provincia tiene participación en la empresa, en los hechos está ausente. No aparece opinando ni como socio ni como ente de control. En mayo pasado Cerro Vanguardia despidió a 35 obreros. La empresa no acató la conciliación obligatoria; la gerencia ordenó que en los ómnibus que salen diariamente de Río Gallegos hacia el complejo minero se impidiera subir a los obreros despedidos; y por expreso pedido de la minera, el gobierno provincial envió a la policía a la terminal de ómnibus para que aquello se cumpla. Todo muy democrático.
    Como puede apreciarse, la provincia patagónica parece no poder escapar a la nueva fiebre del oro. Una mucho más sofisticada, en equipamiento y logística, que aquellas que ocuparon y preocuparon a miles de aventureros en el siglo XIX y comienzos del XX. Y que además de la posible destrucción de patrimonios invalorables, dejará su secuela de contaminación ambiental y envenenamiento de ecosistemas y personas. Todo en nombre, claro, de la megaminería como nueva panacea económica para el país.


Gracias, Menem... y compañía

    ¿Cómo se encontraron las multinacionales mineras con todas las facilidades para venir a la Argentina, llevarse todos los metales y minerales posibles y además, después del saqueo, dejar un tendal de contaminación y envenenamiento en todos los lugares explotados?. Sencillamente gracias a una más de las entregas del patrimonio del país que alegremente, bajo el pretexto de “privatizar todo para un mejor servicio”, hicieron, desde 1990, el ex presidente Carlos Menem y su séquito de funcionarios piratas. En ese año y a partir de una propuesta (cuándo no) del Banco Mundial, el entonces ministro Alberto Kohan y los senadores José Luis Gioja, de San Juan, y Angel Maza, de La Rioja, impulsaron junto al titular del ministerio de Economía, Domingo Cavallo, la aprobación de las leyes que rigen la minería en gran escala. Fue el lanzamiento de la llamada “megaminería”, a la cual se le dio más trascendencia que a la producción y explotación de los productos más tradicionales del país. Algo que al día de hoy –pese a sus ataques verbales contra aquel a quien una vez, como gobernador de Santa Cruz, definió como “el mejor presidente argentino”- hace sentir orgulloso al actual presidente Néstor Kirchner, quien se ha enrolado también enfáticamente en la preeminencia de este rubro por sobre todo otro emprendimiento.
    Además, estos “cerebros” descartaron por completo el estímulo a una industria minera propia. ¿Qué mejor que vengan las grandes multinacionales del sector, hagan todo el trabajo, se lleven lo que quieran y nos dejen algunas regalías, sin tener que transpirar para nada?. Sin embargo, se les fue la mano en cuanto a las facilidades otorgadas a esas empresas.
    Para comenzar, hay cuatro puntos que los negociadores de las mineras y los funcionarios que impulsaron esas leyes se cuidaron muy bien de garantizar: la inhibición total del Estado argentino para explotar yacimientos; un régimen especial para las inversiones mineras, que limita a las provincias el monto de regalías a pagar por estas empresas y que las exime del pago de impuestos provinciales y municipales; la firma de un tratado con Chile que tenga primacía sobre las leyes nacionales en los territorios a explotar, y cabe acotar que las mineras ya habían identificado los mayores yacimientos ubicados sobre la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Santa Cruz; y el marco legal que garantiza a las mineras todos estos beneficios por 30 años, sin que nadie pueda cambiarles las reglas, salvo que un eventual cambio sea sólo a favor de las empresas.
    En pocos años se firmó el tratado con Chile -que también se embarcó en esto de dar todas las facilidades a las multinacionales mineras y su población aledaña a los yacimientos ya está pagando las consecuencias-, y en 1993 se sancionó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que permitió la instalación de esas multinacionales en el país en condiciones absolutamente permisivas, como por ejemplo: exenciones del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, del Impuesto a los Activos  y a la Ley de Sellos; exención de los derechos de importación y estadística de los equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación; acceso al pago de reintegros por exportaciones no tradicionales, con reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos; devolución del IVA por las exportaciones realizadas; y el hecho de que los emprendimientos mineros gozarán de “estabilidad fiscal”, significando lisa y llanamente que ninguna ley o decreto podrá modificar en el futuro la situación impositiva existente.
    Otra de las facilidades otorgadas a estas multinacionales es que tienen “paso libre”: las mineras no deben pasar por las Aduanas y únicamente deben presentar una declaración jurada. Vale decir que pueden entrar o sacar lo que se les ocurra, ya sea en lingotes producidos o quién sabe qué, algo que pueden tranquilamente inventar en sus declaraciones juradas. Y por si fuera poco, son favorecidas por el beneficio de libre disponibilidad de las divisas, sistema avalado por el propio presidente Kirchner, mediante el cual los dólares que ganen no deben ser liquidados en el Banco Central, como están obligados a hacer todos los productores y exportadores del país, pudiendo liquidarlos sólo en el exterior, con lo cual tampoco sobre esto existe algún tipo de control.
    Y después de tantas concesiones totales y absolutas para las multinacionales mineras, cabe preguntarse cuál será el “beneficio económico para el país” tan proclamado por gobernantes y funcionarios. Este supuesto beneficio radica solamente en las regalías que deben pagarle al país las empresas mineras. A tal efecto se estipuló que esas regalías alcanzarían a un “generoso” tres por ciento. Pero el artículo 22 de la Ley 24.196 dice que de ese porcentaje deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguros, comercialización, administración, refinación, fundición y molienda. Por esa razón, las tan beneficiadas empresas mineras terminan pagando menos del uno por ciento. Algo que ni siquiera puede ser considerado una limosna, habida cuenta que las multinacionales se llevan miles de millones de intocables dólares de ganancia. Con el agregado, además, de que la Argentina deberá luego importar el oro o cualquier otro metal que fue extraído de su suelo.
    Todas estas maravillas que nos traen las multinacionales mineras deben ser agradecidas, como se dijo, a cómplices como Carlos Menem, el ex presidente que transitó por otra década infame; a su ex ministro, luego secretario general de la Presidencia y también geólogo Alberto Kohan; al hipócrita fabricante de más deuda externa y ex ministro de Economía, Domingo Cavallo; al ex senador y gobernador de la provincia de La Rioja, también geólogo y asociado a las multinacionales Angel Maza; al ex senador y actual gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, también asociado a las mineras junto a sus hermanos a través de la mina Santa Gema Bentonita, de su propiedad, controlador de las Comisiones de Minería de las Cámaras de Diputados y Senadores y, para más detalles, mentor de un sistema de control de medios y de represión que pretende ahogar todo atisbo de reacción o protesta vecinal contra la instalación de las multinacionales mineras en las cercanías de sus poblaciones; al resto de los gobernadores y funcionarios provinciales que están otorgando discrecionalmente permisos de cateo a más multinacionales del sector; al secretario de Minería, Jorge Mayoral; y al actual presidente Néstor Kirchner, antiguo amasador de fortuna durante sus distintas gestiones políticas en Santa Cruz y persistente entregador del suelo nacional, con todas las consecuencias que ello implica, en aras de la nueva panacea argentina: la megaminería.
    Una sombra que extiende cada vez más su manto, cubriendo montañas y glaciares que pretendían ser eternos, parques nacionales, maravillas arqueológicas, biosferas, reservas ecológicas, cursos de agua y en especial todo lo que a ello rodea y de lo cual se nutre: vida. Simplemente vida.

Carlos Machado 

N. del A.:  Parte de esta nota se basó en testimonios de vecinos y trabajos realizados por ambientalistas y organizaciones ecologistas que vienen luchando por una mejor calidad de vida de los pobladores y hábitat afectados por los trabajos de exploración y explotación de las multinacionales mineras. Sea dedicada entonces a Javier Rodríguez Pardo, Jorge Aldecoa, Fredy Espejo, a Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA), a Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), y  tantos otros luchadores y entidades que sería muy largo enumerar, pero que están allí. Siempre allí.

ANEXO:

    Una empresa consultora en geología, Rojas y Asociados, que en Argentina tiene su sede en Godoy Cruz (Mendoza), trabaja para muchas multinacionales mineras y reconoce que hace trabajos complementarios como “gestión de negocios”. Ello no sería otra cosa que el lobby ante gobiernos, funcionarios, etc., para “ablandar”, presionar o directamente sobornarlos a favor de sus clientes. A continuación la lista de empresas a las que presta sus servicios esta consultoría: