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Propuesta para un problema sin solución: las villas

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En busca de superar los estigmas
En busca de superar los estigmas

Las historias de las villas en el país son de larga data. Caracterizadas como villas miseria, núcleos habitacionales transitorios, villas de emergencia y los últimos años los llamados asentamientos, se han ido desarrollando y organizando por su propia cuenta mientras el Estado ha dado marchas y contramarchas cada vez que intentó abordar esta problemática y darle una solución.

 

Aunque no se encuentra totalmente comprobado que el término “villa miseria” surgiera de la novela “Villa miseria también es América” (Buenos Aires, Ed. Paidós, 1957) del escritor Bernardo Verbitsky, muchas fuentes le asignan este origen.

Lo cierto es que dicha designación se convirtió en un estigma y de allí es que comenzaron a utilizarse términos análogos para describir el fenómeno.

Incluso la ocupación de tierras ajenas y construcciones de viviendas precarias como propias en la provincia de Buenos Aires (PBA) fueron denominadas, en un comienzo, “asentamientos” pero luego la definición se la vinculó a la toma de tierras en forma organizada.

En el resto de Latinoamérica se replican estas situaciones y son conocidas como “favelas” (Brasil), “cantegriles” (Uruguay), “barriales” (Perú), “ranchos” (Venezuela), etc.

En nuestro país se tiene registro de la primera villa para el año 1920, ubicada en el bajo Belgrano.

Sin embargo, el crecimiento sostenido comienza a producirse hacia 1929/30 con la gran recesión mundial que también golpeó a nuestro país.

El modelo económico argentino al pretender diversificarse y apelar para ello a la llamada “industrialización sustitutiva de importaciones” (ISI) puso en marcha una creciente migración interna y una inmigración proveniente de países vecinos y una marcada merma de la llegada de extranjeros europeos.

Nuestra tecnología, en aquellos años, era muy pobre respecto de la que se importaba. Por eso, esta primera etapa de la ISI la mano de obra requerida era de baja calificación.

Mientras la población rural caía ostensiblemente, la tasa de crecimiento de habitantes en PBA duplica a la del resto del país.

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires también aumentaba en razón de que la actividad industrial se potenciaba con la transferencia de recursos que los gobiernos le detraían a la actividad agropecuaria, lo cual multiplicaba empleos en el nuevo sector por sus altos niveles salariales.

Va de suyo que esa enorme cantidad de personas necesitaban techos donde vivir.

Algunos alquilaban, muy pocos accedían a la compra de inmuebles y la mayoría adquirían lotes en el llamado conurbano periférico a la Capital Federal.

La infraestructura de servicios de esos conglomerados siempre fue paupérrima.

Hacia 1962 en la Ciudad ya había 30 villas y si bien, como ya lo explicara, las primeras villas se instalaron antes de 1943 (primera Presidencia del Gral. Perón) entre esta fecha y el final de la década de 1950 el crecimiento exponencial de las villas es un hecho innegable.

Los problemas se acentuaron posteriormente a 1945 cuando Europa comenzó a recuperarse de los efectos de la segunda guerra mundial.

En efecto, la ISI comienza a ser improductiva por el alto costo de la mano de obra (los sindicatos operaban fuertemente) y precios poco competitivos para la exportación, aunque fueran atractivos para el mercado interno permitiéndole al capital nacional vender dentro del país productos de menor calidad a valores exuberantes.

Entonces, empiezan a mermar las políticas de “redistribución” pero las villas y sus habitantes se siguen multiplicando.

En el censo del año 2010 se constata que desde 1962 los asentamientos precarios habían aumentado 50% con dos veces más superficie y entre cuatro y cinco veces más de habitantes en ellas.

A pesar de la drástica reducción de villas que los gobiernos militares llevaron adelante entre 1966 y 1982, la multiplicación de asentamientos volvió con fuerza con los procesos democráticos a partir de 1983.

Raúl Alfonsín, que impulsó la repoblación de las villas, nunca tuvo políticas tendientes a solucionar el problema y toleró tomas de tierras en partidos de la PBA y ocupación ilegal de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.

La realidad es que desde el advenimiento de la democracia, y para los diferentes gobiernos, las villas han constituido un tentador botín clientelar.

Y a su vez, del otro lado del mostrador, los punteros políticos de las mismas y los referentes de las diferentes organizaciones sociales encontraron un canal muy favorable para enriquecerse sin trabajar.

Por eso mi propuesta va en el sentido de considerar cualquier villa o asentamiento un lugar de vivienda transitorio que no corresponde lotearlo, transferirlo a sus ocupantes y/o urbanizarlo, sino erradicarlo por mandato constitucional.

Erradicación no significa una expulsión sin ninguna alternativa.

En primer lugar, los gobiernos deberían dar por finalizado todo diálogo con dirigentes de organizaciones sociales, punteros, representantes y/o intermediarios para comenzar a tratar directamente con los habitantes de las villas.

Eso lo llevaría adelante un cuerpo especial ad-honorem conformado por profesionales de distintas especialidades, una representación minoritaria de legisladores, uno o dos representantes del Poder Ejecutivo y tres o cuatro representantes de los diferentes asentamientos electos según su número de DNI con elección rotativa anualmente. La Iglesia Católica (no los curas villeros) podrá intermediar entre las partes si surgieran situaciones conflictivas.

La idea dominante sería otorgar tierras fiscales con viviendas, en principio en comodato, en diferentes lugares del país y se les suministrará diferentes semillas para cultivo (y sus insumos) durante el término de 2 años cuya producción será tanto para propio consumo como para comercialización. En las zonas aptas podrán recibir, por el mismo lapso, aves y/o animales u otros para explotación pecuaria y apicultura.

Si esos centros no dispusieran de instituciones educativas y/o de salud, las misma serán desarrolladas por empresas privadas elegidas y controladas por los habitantes del lugar conjuntamente con las autoridades locales y el Estado abonará las obras pertinentes.

La producción del monocultivo, horticultura, reciclado de residuos y las distintas tareas agrícolas serán el modo de sustento familiar ya sea como de consumo propio y/o como comercialización.

Ello implicará la desaparición de los planes asistenciales de cualquier naturaleza que estuvieron percibiendo hasta el momento efectivo del traslado.

Para abordar todo este proyecto resulta importante, como lo he dicho en notas anteriores, abrir totalmente la economía y generar una moneda confiable que permita contratar empresas internacionales que expandan la red ferroviaria en todo el país, tanto para el transporte de cargas como de pasajeros.

Esto permitiría el ingreso de inversiones extranjeras de distintas características que se afincarán en el país habida cuenta de las ventajas comparativas después de finalizada la crisis sanitaria que estamos padeciendo.

Sería trascendente, también, que se impidan nuevas ocupaciones de tierras de manera ilegal aplicando duras penas, desalojos inmediatos y deportaciones dictando también una férrea ley de inmigraciones.

De esta forma se le podrá dar destino cierto a los habitantes de los diferentes núcleos habitacionales del país, posibilidades efectivas de alimentación, un trabajo productivo y condiciones de vida absolutamente dignas.

Tengamos en cuenta que en el año 2017 se verificaron la existencia de alrededor de 4200 villas en todo el territorio nacional de las cuales 1600 se concentran en el ámbito de la PBA. Hoy ese número seguramente es mayor.

Así, le pondremos fin a la precariedad en que se encuentran más de 3.000.000 de habitantes que han venido siendo utilizados por dirigentes de distintos gobiernos, sin darle nunca una solución de fondo.

Las villas, y siempre lo he pensado así, les quitan todas las ambiciones y los sueños a quienes les toca vivir allí, a los cuales se los somete como esclavos conformándolos con migajas, cuando debió haberse entendido y tratado como una etapa transitoria de cualquier ser humano y no condenándolos definitivamente a la indigencia, a la marginalidad o al delito donde caen por acción u omisión, porque son siempre utilizados como objetos clientelares de los diferentes gobiernos.

Ello es exclusiva responsabilidad de la clase política.

Y no es poco.

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Armin Vans
 
 

26 comentarios Dejá tu comentario

  1. Sr. Dark Avenger: Puedo atestiguar y compartir su alta valoración respecto al INTA, organizacion que debe ser, gracias al compromiso personal de quienes la componen, la que ejemplifica el como DEBERIA SER UNA POLITICA DE ESTADO en todos los ambitos de la actividad económica y social. El problema es el CAMBIO CULTURAL para sacarse de encima "el sentimiento paternalista" que se pretende del ESTADO disfrazado de DERECHOS. Se EXIGE dinero y servicios del ESTADO, pero paradojicamente no se aceptan LAS OBLIGACIONES que dimanan de SER PARTE DE LA SOCIEDAD que aporta los fondos para que los "ávidos de derechos" los reciban en forma de subsidios o prestaciones. Vivimos tiempos en que los entrepneurs son los que tienen las posibilidades de desarrollar "sus sueños", gracias a la tecnología, pero para ello EL ESTADO debe estar en la misma frecuencia de TRASCENDENCIA y no concentrado en el oportunismo saqueador, disfrazado de "ideología". Pongamos un ejemplo: La liofilización de alimentos para la exportación puede ser una veta a explotar en algunas regiones, mas ahora post pandemia, donde la CALIDAD BROMATOLOGICA de los alimentos adquirirá mayor valor, pero para ese proceso hace falta invertir en tecnología para llevar adelante el proceso de congelamiento y descongelamiento en vacio haciendo que pese menos y mantenga los valores nutricionales y sabor por un año aprox. En Argentina un proyecto así es una AVENTURA INCIERTA. INTA podrá asesorar certeramente sobre la mejor producción vegetal u animal, pero cuando se pasa al otro proceso comienza el drama Argentino, donde la POLITIQUERIA se convierte en "enemigo" del que quiere HACER. Si no es directamente por sus politicas fiscales confiscatorias y a veces incurriendo hasta en el anatosismo tributario lo hace a traves de "proyectos ideológicos" anacrónicos (sean de raigambre progresista o liberal del siglo IXX o mediados del XX) que terminan CONTAMINANDO EL HOY CON PROYECCION DE FUTURO. Algunos injustamente suelen culpar a la DEMOCRACIA, pero en REALIDAD se trata del reciclaje de MALOS POLITICOS que han ido en contra de los OBJETIVOS DE LA POLITICA, que es la de asegurar EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS. Ni siquiera despuès de la NUEVA OPORTUNIDAD HISTORICA, es decir desde 1983 que la SOCIEDAD CIVIL no ha sido incapaz de SUPERARSE COMO SOCIEDAD ORGANIZADA Y POLITICA, pues afortunadamente DESDE 1995 con el fin del servicio militar obligatorio ya no le pueden echar la culpa a los militares, cuyos cuadros en el presente son cuasi inexistentes. La vida anómica, la corrupccion estructural ya de caracter crónico lleva los nombres y apellidos de los que han venido siendo, alternadamente, oficialismo y oposición desde entonces hasta hoy y probablemente lo sean mañana, salvo que los CIUDADANOS Argentinos, recuperen su condición de tal y sean conscientes de su pertenencia a UNA REPUBLICA y entonces IMPULSEN CAMBIOS DE FONDO, como REFORMA POLITICA Y JUDICIAL pero que vaya en BENEFICIO DE LOS MANDANTES mas que de los mandatarios, tal como pretenden hacerlo ahora. Saludos.

  2. Respecto a la corrupción estructural, estimado Piratón, puedo darle un testimonio sucedido a un arquitecto neuquino residente por mucho tiempo en Salta. Hacia inicios del gobierno provincial del justicialista Hernán Cornejo (1987-1991), sucesor del narcotraficante Roberto Romero (1983-1987), primer gobernador provincial de la democracia recuperada en 1983, este arquitecto neuquino junto con un grupo de socios tuvieron la idea de industrializar un producto típico de Salta, creo que aromáticas o especias, algo así. Resolvieron solicitar un préstamo al BID por US $ 3.500.000 pero para obtener ese crédito necesitaban hacer la gestión correspondiente ante el gobierno provincial de Salta. Elevan la solicitud correspondiente y son recibidos días después por un funcionario quien resultó ser el hermano de Hernán Cornejo, el gobernador. El tipo muy suelto de cuerpo les dijo "Bien muchachos, les damos la autorización oficial para solicitar el crédito. Pero en vez de hacerlo por 3.500.000 dólares háganlo por 7.000.000". Por supuesto los socios desistieron de solicitar el mencionado préstamo. Era obvio que los restantes 3.500.000 de dólares estadounidenses eran para repartírselos entre funcionarios y miembros del poder ejecutivo. Con el ascenso de Urtubey, el mismo funcionario que les pidió solicitar el préstamo por el doble de dinero de lo requerido volvió a ocupar un puesto importante en ese gobierno de peronistas "cholos" (clase alta en términos coloquiales del NOA). Ahora creo que hay detalles para limar en pos de un efectivo despegue de lo que tanto usted como el señor Capasso proponen. Primero, si se va a sostener la radicación de familias de las periferias urbanas en el ámbito rural y hacer de éste un motor formidable de desarrollo económico y social debe legislarse respecto al sistema de propiedad de la tierras. Se llegará a un límite necesario para dividir la tierra entre sucesores. Se debe determinar cual es la parcela de terreno mínimo trabajable y a partir de ahí se declare automáticamente bien familiar. El miembro familiar que trabaje la tierra podrá hacerlo respetando los derechos de sus hermanos y pagarles lo que corresponde en la repartición de ganancias. Puede optar por acceder a un sistema de compra mediante el pago de cuotas o de leasing (arriendo) con opción de compra. La determinación legal de la superficie de terreno mínimo trabajable es para garantizar el correcto uso de esa superficie. Llegado un punto para hacerla rentable no se puede seguir dividiendo y si hay muchos sucesores de dicho terreno se declare automáticamente por ley propiedad familiar. Ellos sabrán si la trabajan en común, la arriendan o la venden. Segundo, se debe estabilizar la frontera agraria, no expandirla a costa de los bosques nativos. En el caso de la vasta región del Chaco Austral perteneciente en forma íntegra a Argentina, para promover el bienestar, arraigo y supervivencia de las etnias indígenas wichi, pilagá y qom se podría legislar declarando sus territorios como propiedades comunes de esas etnias sin perjuicio de las jurisdicciones provinciales, es decir que la propiedad común colectiva de las tierras de dichas comunidades puede armonizarse con las jurisdicciones provinciales en las que las comunidades indígenas asentadas impondrían sus impuestos. La sustentabilidad económica de los territorios indígenas con sus bosques nativos irían de la mano de una moderna visión de las ocupaciones tradicionales de esos pueblos, la recolección y la pesca. La riqueza botánica de la naturaleza chaqueña es enorme. Tan sólo en el Chaco salteño se han contabilizado veinte tipos de mieles silvestres. Un misionero español del siglo XVII enumeró en una relación o crónica de su estudio de la zona una enorme variedad de frutos silvestres. La idea de conservar el bosque chaqueño es que esos frutos pueden recolectarse para venderse como productos gourmet con sello ecológico, las restantes especies se investiguen para su uso industrial. La labor de recolección con criterios conservacionistas es importante para mantener la riqueza del entorno natural como lo hace Finlandia, por ejemplo, con su principal riqueza, los bosques. A eso se sumará la capacitación de las comunidades indígenas en las técnicas de piscicultura para el manejo sustentable de las especies ictícolas de agua dulce. El aprovechamiento agroindustrial y biotecnológico se logrará en ciudades como Orán, Tartagal, Joaquin V. González o Castelli estableciendo en ellas universidades autónomas con criterios elevados de investigación y desarrollo de biotecnología de modo que esas ciudades del interior de transformarán en centros mundiales de ciencia y tecnología en armonía con la preservación cultural de esos pueblos indígenas en su hábitat geográfico y el manejo sustentable de los recursos naturales del Chaco austral. Por eso urge declarar la propiedad colectiva de esos territorios para los pueblos indígenas y la nación argentina como garante legal de esa copropiedad (comunidades y estado nacional) más la prohibición de extender la frontera agraria sobre el bosque nativo.

  3. Dark Avenger, en primer lugar si el que se esconde detrás de General Miguelete es José Petrosino realmente me sorprendería porque muchas veces me ha mandado a mi mail material sobre Amia y a pesar de tener diferencias profundas, siempre mantuvimos charlas respetuosas. Muchas gracias por sus conceptos. He recorrido el país completo y Salta es una provincia hermosa con mucho potencial. Hace años que no he vuelto por aquellos lares, pero siempre he seguido de cerca los acontecimientos políticos del NOA. El análisis que usted hace del desplazamiento indígena es un debate complicado porque el desarrollo y el progreso no los puede absorber e integrar por la estructura cultural pero convengamos que los países desarrollados tuvieron necesariamente que avanzar sobre dichas poblaciones para que el bienestar de las distintas etapas evolutivas abarcara a la mayoría de los habitantes del país. Hago un punto acá y tal vez pueda ser un tema de otra nota en la que se puedan armonizar todas las posiciones. Comparto que tenemos muchos profesionales que desarrollan labores privadas o en organismos públicos (INTA) que perfectamente pueden sentarse en la mesa de mi propuesta y compartir experiencias tanto con Israel, Australia y también Canadá por su desarrollo biotecnológico en granjas y sus institutos de capacitación. Es decir, hay mucho por hacer y se puede hacer bien retomando nuestra columna vertebral que es la actividad agropecuaria y expandirse hacia el tema de minerales que permiten exportación rentable en gran escala y le permitiría a muchas regiones de argentina ser realmente potencias después de años de miseria. Pero cuidado porque muchos organismos públicos fueron siendo cooptados por los gobiernos de turno para colocar militantes, desplazando a quienes realmente tenían enormes capacidades para dedicarse a la investigación y a la capacitación (ha ocurrido con el Conicet, también). Por eso he tratado de poner en manos de los ciudadanos (y no del gobierno cualquiera fuese) el proyecto para terminar con el flagelo de las villas que es uno de los tantos en los que nos vemos inmersos hace añares. Gracias por su opinión y por la valentía de los datos que aporta.

  4. Piratón, comparto mucho de lo que usted dice en su respuesta a Dark Avenger. Y al 100% que los cambios los tiene que llevar adelante la sociedad, nosotros, involucrándonos y sacándonos de encima el espíritu del "eterno adolescente" que necesita de un padre (Estado) que le indique que hacer o que le resuelva sus problemas, sin advertir que desde el retorno de la democracia el Estado le solucionó la vida (y de qué manera!!!) principalmente a la clase política. Gracias por su participación!!

  5. Dark Avenger, en su último comentario usted relata experiencia que se suceden a lo largo y a lo ancho del país. Los gobiernos feudales tienen todo arancelado. He vivido situaciones similares en Tucumán y Santiago del Estero y no quiero extenderme mucho más. Bienvenida su propuesta porque abre el juego hacia territorios que mi nota no alcanzó. Por eso dije que en principio el traslado hacia tierras fiscales debería hacerse bajo la forma de un Comodato y luego ir perfeccionando ese titulo precario acorde el desarrollo y lo que cada uno haga con su explotación. Como ya lo dije, entre los ciudadanos existen personas con muy alta capacidad para aportar soluciones viables a problemas que la clase política no quiere (y en muchos casos no puede por ignorancia) abordar. Y de allí que insista en salir de la Democracia y pasar a un modelo como la Demarquía que será muchísimo más honesto que el que hoy existe en nuestra nación. Muchas gracias de nuevo.

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