Cualquiera diría que la comisión creada con la misión expresa de revisar las falencias de la Justicia está pensada más bien para agravarlas.

Figuran ahí varios jueces de provincias donde la Justicia es, además de deficiente, muy dependiente del poder político, como Tucumán y Tierra del Fuego. Más uno de Mendoza, pero que representa antes que nada al peronismo. Tiene su cuota también el ala zaffaroniana, de la que ya sabemos lo que cabe esperar, y están sobrerrepresentados los expertos en frenar juicios por corrupción, a través de León Arslanian y Carlos Belardi, que siempre agregan a su CV que estuvieron en el Juicio a las Juntas, como para convencernos de que sí les importa que algún delincuente termine preso, siempre que no sea del palo. Completan la grilla un par de colgados, para aparentar independencia.

¿Estos son los “notables”, “sabios” e “imparciales” en que la sociedad debería confiar para que oriente la reforma de nuestro servicio de Justicia ¿Por qué tanto descaro? ¿No les hubiera convenido disimular un poco al menos, y no poner aunque sea al defensor de la mayor acusada por casos de corrupción de nuestra historia?

Aunque, por otro lado, ¿realmente se justifica que nos sorprendamos? Para aquellos que lo creen así, ahí tienen la explicación del propio presidente, que para fundamentar la presencia de Beraldi dice que lo puso “porque es su amigo desde hace 40 años”. Ah, ahora nos quedamos más tranquilos, no lo puso Cristina sino él, lo hubiera dicho antes, ¡bien por el amigazo Beraldi!

El planteo de Alberto sobre el Poder Judicial, desde que asumió su rol de mascarón de proa de la señora, siempre fue el mismo: usar la demanda social por una más eficiente y honesta labor de los jueces y fiscales, para combatir a la porción del Poder Judicial que se esfuerza por eso, es medianamente eficaz e independiente, y hace más o menos bien su trabajo. En particular, a la que durante los últimos años se atrevió a investigar a los poderosos, fueran políticos, sindicalistas o empresarios. Para que eso, ahora tachado de “lawfare”, no vuelva a suceder.

Este Nunca Más al revés que nos propone es el núcleo argumental de su gobierno, su máxima razón de ser. Pero, cabe preguntarse, ¿va a poder cumplir con ese cometido con semejante “comisión de notables”? Hay motivos para esperar que no.

Un primer motivo de esperanza es la falta de imaginación. Que en su eterno devaneo a AF no se le ocurra otra cosa que crear comisiones de expertos es una buena noticia, aunque parezca que no. Es probable que suceda con esta comisión lo que ha sucedido con infinidad de otras semejantes en el pasado: nada. “Si querés empantanar un asunto, creá una comisión”, reza el dicho.

Un segundo motivo de esperanza es el conservadurismo imperante en la sociedad y el Estado, que para otros asuntos resulta muy negativo, pero en este caso es un alivio.

Ya desde hace tiempo actores muy importantes del sistema judicial se vienen manifestando abierta o reservadamente contra esta ofensiva. Y eso no va a aplacarse sino a profundizarse con el protagonismo creciente del kirchnerismo duro en el diseño de la reforma, ahora más manifiesta, y que va a quedar aún más a la luz cuando empiece la discusión en el Congreso. Y cuando el Consejo de la Magistratura avance con la misma agenda: desarme de las causas de corrupción, desalojo de jueces y fiscales que venían haciendo mínimamente su trabajo, desactivación de la protección de testigos y del recurso a la ley del arrepentido, etc, etc..

En suma, se puede tener alguna esperanza en que la parte menos enferma de nuestro Poder Judicial se defienda, sea por buenos o malos motivos, de este arranque de reformismo para atrás del tío Alberto. Aunque ojo: no mucha. Habrá que ver si la propia Corte no entra en algún tipo de transacción con él. Precisamente con ese fin parecen estar pensadas algunas de las iniciativas lanzadas desde el oficialismo en estos días, incluida esta esperpéntica comisión: anunciar metas extremas, como por ejemplo llevar el número de los jueces de la Corte a más de una docena, al mejor estilo chavista, para ceder luego en algunos puntos y que cada quien saque su cuota de beneficio. Por decirlo brutalmente, un quid pro quo del estilo “impunidad para los K, continuidad para Ricardo Lorenzetti".

Pero afortunadamente hay un tercer motivo, que puede compensar esa ambigüedad de la corporación judicial: que en la oposición no hay muchos cómplices disponibles

La polarización política tiene costos, pero también beneficios, y uno de ellos es abroquelar a las fuerzas de oposición, y hacerle pagar altos costos a los dubitativos o ambiguos en temas tan delicados como es el atropello de la independencia judicial. No sólo Juntos por el Cambio encuentra en esta ofensiva oficial un bálsamo para sus disputas internas en otros terrenos, incluida la cuestión de los liderazgos y candidaturas, sino que los que quedan en pie de la disidencia peronista y la tercera vía también tienen difícil entrar en arreglos colusivos con el gobierno.

Mientras la reforma judicial agita los ánimos, pero ya despunta su posible empantanamiento, el pantano en que hace tiempo se metió la estrategia oficial para la renegociación de la deuda no deja de ahondarse, y ya aburre hasta a los más directamente involucrados.

El gobierno de Alberto también es consecuente en este asunto: erró el diagnóstico al comienzo y cuando eso se volvió ya indisimulable, cambió de idea, pero para adoptar otra igualmente errada.

Su primera previsión fue que el default iba a ser una amenaza suficiente para que los bonistas aflojaran: todos iban a dejar de pagar sus deudas así que con ofrecer muy poco alcanzaba. Grave error: en todos lados el sector financiero está dispuesto a prestar montañas de dólares a bajísimas tasas casi a cualquiera. Salvo a nosotros. Así que todos, países y empresas, están tomando deuda para capear la emergencia. Salvo nosotros, que nos financiamos con la maquinita gracias a la demora en arreglar este asunto de Guzmán y Alberto. Nótese bien: no gracias a Macri que nos sobreendeudó, sino a Alberto que se niega a reconocer que las finanzas y el crédito tengan alguna utilidad en el capitalismo moderno.

Ahora cambiaron de diagnóstico: creen a pie juntillas en la “solución política”. A la corta o a la larga, la Casa Blanca, el Fondo y vaya a saber qué otro ángel protector van a frenar a Black Rock y moderar sus exigencias, así que conviene endurecerse y esperar. Eso es lo que están haciendo. Y mientras tanto rezan, lo que tal vez pueda resultar a fin de cuentas un poco más productivo.