Los indicadores económicos no podrían estar peor. Solo uno, según el INDEC, daría alguna esperanza: las ventas en supermercados crecieron 5,1% interanual en mayo.

Por los demás, la economía boya cual náufrago sin brújula. Por caso, en los shoppings de todo el país las ventas se desplomaron por encima del 95%.

A su vez, el gobierno no logra cerrar la empantanada negociación con los bonistas. Encuentra su cerrazón en los acreedores que lideran la movida: Argentina Exchange Bondholders, el Grupo Ad Hoc y el Comité de Acreedores de Argentina (ACC). Esperan que el Ejecutivo mejore la oferta, pero el tándem Fernández-Guzmán ya anticiparon que ello no ocurrirá. ¿Será el camino al default? ¿Zafará la Argentina a último momento, como suele ocurrir?

Como sea, ello explica que el kirchnerismo decidiera no avanzar en la tan mentada reforma judicial que viene pregonando Alberto Fernández en los últimos meses. ¿Cómo imponer una norma tan impopular sin algún indicador que contrarreste el eventual malhumor que esta provocará?

Ciertamente, se trata de una movida arriesgada, que busca copar la justicia Federal y la Corte Suprema, en dos actos escénicos bien diferenciados.

Es parte del pedido que le hizo Cristina a Alberto cuando lo ungió para que fuera el candidato a la presidencia, hace poco más de un año. Dicho sea de paso, lo hizo a través de un tuit, todo un símbolo.

La preocupación de la hoy vicepresidenta refiere a las causas judiciales que la involucran, no solo a ella sino también —sobre todo— a sus hijos. Y, más particularmente, a Florencia Kirchner, única que no cuenta con fueros.

Por eso, ha decidido avanzar contra los jueces “díscolos”, a través de una reforma que pretende mostrar una presunta “depuración” de la justicia Federal.

Luego, llegará el turno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trama que fue revelada por este mismo cronista el pasado 13 de mayo. Los principales tramos de esa nota dan cuenta de los escabrosos detalles:

La trama detrás de la trama comenzó el 5 de mayo pasado, cuando Cristina Kirchner decidió “visitarlo” (a Alberto) en la Quinta de Olivos.

En realidad, la historia es bastante anterior: refiere al pasado 23 de abril, cuando la Corte rechazó el pedido de Cristina, que buscaba que el máximo tribunal se expidiera sobre la validez de las sesiones on line en el Senado.

Ello desató la furia de la hoy vicepresidenta, no solo porque el fallo fue por unanimidad —en un contexto en el cual la Corte tiene profundas diferencias en otras cuestiones—, sino además porque la trataron por elevación de “ignorante”, por desconocer las atribuciones de ese cuerpo y, al mismo tiempo, del Parlamento argentino.

Cristina intentó disfrazar esa derrota en victoria en su cuenta de Twitter, pero se quedó masticando la bronca por lo ocurrido.

No solo por el desaire en sí, sino además por lo que podría ocurrir en el futuro mediato. ¿Qué ocurriría ante la eventualidad de que las causas judiciales que la jaquean llegaran a la Corte Suprema? Peor aún: ¿Qué sucedería con sus hijos, cuyo derrotero son la verdadera preocupación de la exmandataria?

Por eso, en el contexto referido, Cristina decidió avanzar más temprano que tarde. El plan solo reposa en su cabeza y la de Alberto, pero se conocen algunos esbozos del mismo.

En primer lugar, existe la idea de armar un “Consejo de asesores”, dato que deslizó el propio presidente. Este será el que le brinde al gobierno la “coartada” para que haga el trabajo sucio.

Por caso, le “recomendarán” al oficialismo la necesidad de ampliar la Corte, lo que le permitiría al kirchnerismo acercarse a la posibilidad de una mayoría propia.

A esta altura debe mencionarse que el “Consejo de asesores” no será nada imparcial. Dos de los nombres que se barajan son los de Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte, y Carlos Beraldi, abogado… ¡de Cristina! También aparece tibiamente el nombre del exministro León Arslanián, pero es al que menos fichas le ponen en el gobierno en estas horas.

Para justificar la ampliación de la Corte, Alberto pondrá como excusa dos tópicos: primero, la lentitud que esta ostenta a la hora de tener que fallar en temas puntuales; segundo, la necesidad de que su trabajo se divida por “fueros”, como ocurre en otros países. Ello obligará inevitablemente a que cuente con nuevos miembros.

Lo que viene

Finalmente, el anuncio de la reforma será hecho esta semana, con gran resistencia por parte de la oposición. Serán días de debates interminables, a los que se sumará la inesperada polémica generada por las declaraciones de Mario Ishii sobre su “permisividad” ante la venta de “falopa” en José C. Paz. No se trata de ninguna revelación —es una trama harto conocida—, pero sí sorprende que el mandatario lo haya admitido sotto voce.

En estas horas, el kirchnerismo se encuentra abroquelado en un mutismo que será quebrado recién en las próximas horas, con declaraciones de ocasión que intentarán escapar de la incomodidad que ha producido Ishii con sus palabras. Es que la asociación es obvia: ¿Hay distrito más peronista/kirchnersitas que el que comanda este último?

Será el renacimiento de una vieja discusión: los vínculos de puntuales referentes K con el mundo narco, con la figura del siempre sospechado Aníbal Fernández a la cabeza. En tal contexto, volverá a escena Elisa Carrió.

Entretanto, según pudo saber Tribuna de Periodistas, se ha presentado una denuncia judicial por infracción a la ley de drogas. Uno de los que firma el escrito es el abogado José Magioncalda, a la sazón columnista de este portal.

Al mismo tiempo, el fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín, requirió la presencia de Ishii para que de explicaciones, en un intento de “zafarlo” más que de investigarlo.

Mientras se escriben estas líneas, furibundos mensajes se cruzan entre referentes de Juntos por el Cambio, intentando consensuar una “invitación” para que el intendente de José C. Paz vaya al Congreso de la Nación a efectos de ser interpelado. ¿Se animará Ishii a concurrir? ¿Será salvado por los legisladores del kirchnerismo? Apenas interrogantes.

Y hablando de debates parlamentarios, otra de las normas que objeta la oposición y que impulsa el oficialismo es la incipiente “moratoria impositiva”.

Allí, so pretexto de “dar una mano” a aquellos que sufrieron los coletazos de la pandemia y consecuente cuarentena, se intenta tirar un salvavidas legal a Cristóbal López.

Diputados y senadores opositores ya anticiparon que se resistirán a la propuesta, al menos si esta avanza tal y como la adelantó el kirchnerato, incorporando entre los beneficios al Impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC) e incorporando a empresas en quiebra.

“Es un traje a medida de (Cristóbal) López. No es lo mismo salvar a quien debe impuestos porque no puede pagar que salvar al que actuó como agente de retención y se quedó con esa plata. Eso ya no es una contravención, es un robo, sobre todo cuando ese dinero se usó para adquirir otras empresas”, dijo a este portal un referente del radicalismo cordobés.

Entretanto, desde Juntos por el Cambio pergeñan una jugada maestra: pedirán a Alberto Fernández que muestre el facturero de su trabajo como “lobista” independiente entre 2009 y 2017.

Allí aparece un documento que permitirá a la oposición objetar el eventual beneficio a López: se trata de —al menos— una factura que le emitió el hoy presidente de la Nación a la empresa Oil Combustibles, perteneciente al empresario K.

El jefe de Estado ya tiene preparada una respuesta “de manual” para cuando aparezca esa prueba feroz en su contra: dirá que fue un error, que esa factura estaba destinada a otra empresa, que no pertenece a López.

Ya lo decía el viejo y querido Quijote de la Mancha, como si hablara de la Argentina de hoy: “Cosas vederes, Sancho, que non crederes”.

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