Nuevamente se hacen presentes esos guiños y señales que dan a entender que el Gobierno está en un estado de alerta y, por ende, se toman decisiones que contrastan con el nivel de vida del ciudadano argentino.

La más férrea muestra de ello tiene que ver con el anuncio del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que se está analizando, junto con el ministro de Economía Martín Guzmán, endurecer aún más el cepo luego de que se registrara una salida de 800 millones de dólares en julio por la compra de pequeños ahorristas que se hacen de esos 200 dólares mensuales que el Gobierno permite adquirir.

"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas" (sic) supo manifestar el jefe de Estado. ¿Nuevamente haciendo responsable al ciudadano?

La realidad es que cualquiera que tenga la oportunidad va a escapar ineludiblemente de una moneda cuyo valor es paupérrimo. Tal cual acontece con el peso.

“No hay ninguna medida en estudio que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro” manifestaron horas después desde la propia Cartera de Economía de la Nación.

El problema radica en que la población en general tiende a no creer en las desmentidas del Gobierno y las razones sobran. ¿Cómo olvidar cuando la diputada Fernanda Vallejos mencionó que el Estado debía quedarse con una parte del paquete accionario de las empresas a las que se les brinde auxilio?

Entonces, Alberto dijo que se trataba de una “locura” y negó que el Gobierno vaya a intervenir en el sector privado. Días más tarde se anunciaba la intervención de Vicentin y una eventual posible expropiación de la empresa.

Pero el alerta no viene sólo por ese lado. La realidad es que al Gobierno le preocupa la marcha convocada para este lunes, cuyas motivaciones son heterogéneas. No obstante, se destacan dos estímulos: la interminable cuarentena (palabra que ahora el oficialismo busca borrar del diccionario de los argentinos con fines meramente políticos) y la reforma judicial.

Es por ello que se ha iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag “Yo no marcho” que llegó a ser tendencia en Twitter y cuyo fin no es otro más que tratar de amalgamar los slogans y, tras ello, lograr mermar cuantitativamente la adhesión a la protesta.

Pero quien parece nunca haber entrado en cuarentena es el Ministerio de la Venganza. Dicho sea de paso, una de las Secretarías más importantes de dicha Cartera, la de medios afines, está trabajando incansablemente.

Por caso, tal cual contó este lunes Tribuna de Periodistas, Ariel Lijalad, quien se desempeña como “periodista” en el medio k El destape, ya dio aviso de una publicación sobre aquellos medios y funcionarios que están a favor o que no se oponen a la manifestación.

“Mañana voy a hacer una lista de los periodistas y medios que convocan a la marcha de los contagios. También de los dirigentes políticos que no la critiquen. Y la voy a repasar todos los días hasta que termine esta pandemia. Y los voy a hacer responsables. Se agradecen aportes” supo escribir el pasado domingo Lijalad en su cuenta oficial de twitter.

Es que para el kirchnerismo no hay mejor manera de controlar la acción social que a través del miedo y el escrache. Nada nuevo sobre el escritorio.

En fin, el Gobierno está alerta, sabe que la imagen positiva cae en picada y que el descontento social está al borde del estallo. No hay más margen para el error y sólo ostenta dos opciones: ignorar o atacar. Todo indica que lo segundo es más factible.

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