Primero lo primero: el necesario “chapeo auto referencial” por el acierto de los vaticinios que fueron anticipados en esta misma columna hace una semana.

1-Se refrendó la denuncia que el gobierno pergeñaba contra Mauricio Macri. Fue por “gastos injustificados” en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Incluso, la interventora de ese organismo pidió la indagatoria del expresidente.

2-Se presentó formalmente el “Grupo Bicentenario”, aquel que, según contó Tribuna de Periodistas, se presenta a sí mismo como la “juventud albertista”, conformada por más de 300 militantes, la mayoría de ellos de menos de 30 años. Diario La Nación lo contó esta misma semana, como si fuera toda una novedad.

3-Se conocieron los detalles del contrato que el gobierno argentino firmó con el estudio de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer de EEUU por la suma de dos millones de dólares, a efectos de hacer lobby para mejorar su imagen en ese país.

En tal sentido, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Facundo Suárez Lastra, hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles de ese acuerdo.

Ahora sí, yendo a lo importante, lo que vendrá: en el gobierno están a punto de avanzar en una “remake” de aquel viaje de Cristina Kirchner a Angola, acaecido en el año 2012.

En esta oportunidad, el gobierno planifica una misión a África, con el objetivo de “colocar” maquinaria agrícola, carne, lácteos, aceites refinados, material genético y medicamentos, entre otros productos.

En el escritorio de Alberto Fernández reposa una carpeta que contiene un dato prometedor: los países de ese continente importan más u$s434.000 millones en bienes industriales, a lo que hay que sumar otro tanto en productos agropecuarios.

Más allá de los números, que son interesantes, el presidente busca dos cosas: primero, conseguir dólares de manera desesperada; segundo, mostrar algún éxito económico en medio de una crisis económica que se presenta agobiante y creciente.

Es una gesta que busca imitar la que encabezó la vicepresidenta el jueves 17 de mayo de 2012. Aquel día, Cristina Kirchner llegaba al aeropuerto de Luanda, capital de Angola, en una misión encabezada por Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior. En lo que fue se presentó como una “oportunidad única para hacer negocios”, pero que buscó mostrar un éxito económico que pronto se demostró esquivo.

En este caso, aparte de la misión a África, el gobierno buscará potenciar exportaciones a India, Egipto, Irán, Nigeria, Emiratos Árabes, China, Pakistán, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia.

La preocupación que viene

Más que la economía, lo que preocupa al gobierno en el corto plazo es la marcha de este lunes 17, que busca reflejar —entre otras cuestiones— el descontento ciudadano que ha recrudecido por la reforma judicial en ciernes.

Esto ocurre en el preciso momento en el cual el oficialismo tenía decidido apurar la avanzada sobre la justicia en el Congreso Nacional. Más por necesidad que por gusto.

La preocupación de Cristina —toda esta avanzada es por ello, ciertamente— radica en la actuación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los cuales no solo la han complicado judicialmente sino que además parecen decididos a traerle grandes dolores de cabeza en el corto plazo.

En estas horas, el kirchnerismo “duro” intenta revisar sus traslados, refrendados oportunamente por el macrismo. Pero, para que la jugada no sea tan obvia, los K han “cuestionado” públicamente el traslado de otros tantos magistrados.

“¿Cuál es la mejor forma de esconder un elefante en un bazar? Llenando de elefantes el bazar”, dice una conocida frase del saber popular. Este es el caso.

Como sea, esta semana se presentará una elocuente denuncia judicial que intentará desactivar la reforma judicial por “inconstitucional”. No solo por los cuestionamientos a Bruglia y Bertuzzi, sino también por el armado de la comisión de juristas que opinarán sobre la necesidad de ampliar la Corte Suprema. Allí abrevan los abogados de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López.

Por eso, se espera que durante este lunes haya persistentes comentarios descalificadores contra la marcha por parte de funcionarios del kirchnerismo y otros referentes ad hoc.

Más cepo al dólar

El sábado, Alberto Fernández confirmó que el gobierno tiene en estudio la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes. Es más, el presidente anticipó que lo analizaría en una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La referencia no fue casual: desde el Ministerio de Economía le hicieron saber al jefe de Estado que unos 4 millones de ahorristas hicieron uso en julio de la posibilidad de comprar divisas a valor oficial —más el recargo del 30%—, lo que insumió unos u$s 800 millones de las reservas.

Ello motivó el comentario presidencial, que no carece de preocupación por la escasa cantidad de dólares que ostenta el Banco Central.

No obstante lo dicho, pocas horas después de que Alberto hiciera tal mención, la cartera de Economía salió a desmentirlo: "No hay ninguna medida en estudio que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro", dijeron fuentes del Palacio de Hacienda.

El comunicado intentó descomprimir el malhumor que se generó en las redes sociales por el anuncio oficial, pero no lo logró. Básicamente porque nadie cree en la desmentida.

El tiempo le dará la razón a estos últimos. El “cepo total” al dólar es un hecho.

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