La protesta de los policías bonaerenses comenzó como un reclamo justo y, con el correr de las horas, se convirtió en una amenaza concreta al sistema democrático. Los patrulleros rodeando la Quinta Presidencial de Olivos –cuando el reclamo es distrital– representan mucho más que una metáfora siniestra. Implica un claro intento de condicionar al poder constitucional.

Es difícil no empatizar con el pedido de aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo de los policías. Los uniformados comparten con el resto de los empleados públicos un proceso de pauperización alarmante que la pandemia dejó al descubierto en toda su dimensión. A la pérdida de poder adquisitivo, muy pronunciada en los últimos tres años (un 30 por ciento aproximadamente), hay que sumar el deterioro de la función, que se traduce en falta de equipos y capacitación adecuada. Además, cargan con la muy mala contención sanitaria que les brinda su Obra Social.

Para poder canalizar estos reclamos la Policía debería poder contar con representación gremial, algo que les negó la Corte Suprema de Justicia. En muchos países existen sindicatos policiales que representan a los trabajadores de la seguridad estatal, pero tienen vedadas las medidas de fuerza.

Desde que el gobierno provincial abrió una instancia de diálogo y prometió una recomposición de haberes, la protesta en las calles comenzó a tener características facciosas.

Cientos de policías armados reclamando en distintos puntos de la provincia, tocando bombos y agitando banderas, golpeando las rejas de la Casa de Gobierno en La Plata y utilizando patrulleros para rodear la residencia presidencial, es algo inédito y peligroso.

Los médicos de la provincia de Buenos Aires, en primera línea de la lucha contra el Covid 19, cobran igual o peor que los policías. Desde hace varias semanas están llevando adelante una protesta gremial. Cada jueves salen a la puerta de clínicas y hospitales y visibilizan el reclamo durante diez minutos. En ningún momento se plantearon dejar de atender a sus pacientes. Modos diferentes de entender este momento del país.

El presidente Alberto Fernández, aprovechó este miércoles un acto en la Cervecería Quilmes, para señalar: “Esto no se resuelve escondidos en patrulleros tocando bocina”, y aseguró que el gobierno no se haría «el distraído» a la hora de resolver el problema. También le dio un respaldo explícito al gobernador Axel Kiciloff. Voceros oficiales aseguran que conversaron sobre la protesta. Sería bueno que analizaran también el rol del Ministro de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario parece más preocupado en su propia proyección política –producción de videos y sucesión interminable de entrevistas en la tele– que en conducir a una fuerza compleja integrada por 90 mil hombres y signada por el descrédito. Por lo pronto parece que no los escucha y, si lo hace, no valora sus planteos.

Es probable que el presente reclamo, amplificado por los medios de comunicación en general en forma acrítica, se extienda a otras provincias. No será fácil resolverlo con las arcas estatales famélicas. Va a requerir de los funcionarios públicos gran flexibilidad para negociar, pero también mucha firmeza. Es imposible conversar con personas armadas rodeando tu casa. Ayudaría que los dirigentes opositores entiendan cabalmente que la presión policial los involucra. Y quienes conducen los reclamos policiales deben comprender que la sociedad argentina tiene buena memoria y sabrá diferenciar entre una protesta válida y una rebelión inadmisible.

Reclamo Policial con diferentes aristas

Una de las principales preocupaciones del Personal es el respaldo jurídico e institucional para cumplir funciones.
Cómo pueden defender a la ciudadanía si no pueden Defender sus Propios Derechos?#ProtestaPolicial @CeSanz1 @TRIBUNAcomar pic.twitter.com/an6V3Hu4Ov

— Pablo Sebastián Giles(@pablosgilesok) September 9, 2020