Vamos con las generales de la ley. Soy hijo de policía. Nieto de policía. Bisnieto de policía. Sobrino de policía. Mi generación –mis hermanos, mis primos y yo– fue la primera en romper con el oficio familiar que sólo competía con la rama de los zapateros y los ebanistas.

No se dan una idea de lo que significa ser hijo de un policía. Sólo un hijo de un policía puede llegar a dimensionarlo. Primero, la esfera pública, la que todos ven. ¿Cuál es la imagen que el común del ciudadano tiene de las fuerzas policiales? Patética, estructuralmente corrupta, de transa con la delincuencia, bruta, violenta, asesina. Imaginen lo que es criarse así. Estás en preescolar en el año 1986, todavía duelen los años de la dictadura en los que cualquier uniformado era asesino y ladrón de bebés por mera imagen institucional, y vos, sentado en la ronda en la que todos cuentan sobre sus padres, decís orgulloso que tu papá es policía y se te cagan de risa. Imaginen lo que es crecer siendo el centro de las burlas cada vez que aparecía algún polichorro, o un caso de gatillo fácil.

Ahora la parte personal. Imaginen ese bullying constante para luego tomarse el 36 rumbo a un barrio del Fondo Nacional para la Vivienda. Imaginen ver por la tele que mataron a un policía todos los putos días. Imaginen llorar por las noches porque tu padre no llegó del trabajo. Imaginen poner cara de nada cuando tu viejo cae en casa 24 horas después con brazo vendado diciendo «fue un accidente», poner cara de que le creés y que el haga de cuenta de que le creíste. Imaginen lo que es crecer sin un mango, ir a un colegio con una beca conseguida a fuerza de romperse el culo y no dar el piné con la mayoría de tus compañeros, cuyos padres no son ricos pero llegan a fin de mes y encima se dan el lujo de cenar todas las noches con sus hijos y de compartir vacaciones y fines de semana.

Imaginen lo que es enterarte por qué tu viejo no estuvo los últimos quince días en tu casa cuando aparece una noticia de un mega procedimiento con tiroteo incluído. Imaginen lo que es ver que el mejor compañero de tu viejo, ese que era prácticamente tu tío, el que te llevaba a los primeros bares de billares y te prestaba el auto a escondidas de tu viejo cuando te peleabas, termine con un balazo en la cabeza en un tiroteo. Imaginen lo que es enterarte que estaba apostado al lado de tu viejo y que el balazo podría haberte dejado huérfano. Imaginen lo que es sentir culpa, una profunda, horrible y espantosa culpa por sentirte afortunado de que no haya sido tu viejo, cuando el amigo también tiene hijos.

Imaginen vivir bajo la lupa pública. Imaginen lo que es que por culpa de los corruptos, cualquier falta de insumos para patrulleros pueda ser denunciada como zona liberada, aunque el comisario tenga un karting a pedal destartalado para patrullar dos mil manzanas con calles de tierra. Imaginen que un forro haga una denuncia falsa. Imaginen lo que es que todo termine bien a nivel judicial, pero que la prensa, la puta prensa de la que paradójicamente no sé por qué formo parte, ponga la noticia de la resolución chiquitita, en la sección policiales y cerca del resultado de la quiniela, cuando la primera noticia la pusieron en tapa.

Imaginen lo que es que el resto de tu vida tengas que cargar con ese karma de transferencia. Imaginen lo que es que los que te recuerden eso sean los mismos que se arrancan los ojos cuando se enteran que los militares creían que los hijos de los subversivos asesinados debían ser críados por otras familias para que no salgan zurdos por transferencia. Imaginen que no tengan idea de si es o no es tu viejo, de si te llevas bien con él, de si está vivo, de si te mandaste a mudar de tu casa a los 17 años, de nada. Imaginen vivir todo eso por un segundo.

Imaginen lo que es crecer en ese contexto y haber visto a tu viejo, ya jubilado, pagando una hipoteca. El más pelotudo de los corruptos. ¿A los hijos de los abogados les preguntan cuánta gente cagó su padre? ¿A los hijos de los contadores por la evasión? ¿A los hijos de los políticos?

Lo curioso es que las fuerzas policiales no son un ente llegado de Saturno que hacen y se manejan como quieren. Son fuerzas de seguridad interna y, como tal, tienen una conducción política.

Cada provincia, cumpliendo con las pocas facultades que han quedado en lo que todavía tenemos la caradurez de llamar «federalismo» ha conservado para sí misma su propia policía y su propio Poder Judicial. ¿Alguna explicación para que una provincia económicamente inviable decida tener su propia policía en vez de delegar esa facultad en la Nación, pudiendo hacerlo? Sí, la política.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, nadie puede hacerse el pelotudo. Nadie. Desde 1987, el responsable político de la fuerza ha sido un peronista sin una sola interrupción, siquiera, durante el mandato de María Eugenia Vidal. ¿Quieren hacernos creer que no saben los jefes policiales bonaerense sobre cómo lidiar o hablar con un ministro de Seguridad? No jodamos. No queda un solo bonaerense en actividad que no haya tenido a un funcionario político del justicialismo. Desde la «maldita policía» hasta «la mejor policía del mundo», desde el crimen de José Luis Cabezas hasta la profesionalización, se han tenido que fumar millones de pajereadas que sólo han contribuido a empeorar la situación. ¿Recuerdan las purgas de Arslanián? ¿Recuerdan que el ahora asesor en materia de Cortes Supremas creó la Policía Bonaerense 2? Y le puso ese nombre. Si la primera era mala, espere a que vea la segunda, estimado.

Le dio el entrenamiento a la Gendarmería Nacional, otros miembros preparados para la seguridad interna pero de otra naturaleza, para otros fines. Y ahí tenían el resultado: sólo en el primer año, la cantidad de casos considerados de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires provenían del engendro de Arslanián. Al ministro, no contento con aquello, además se le dio por cambiar los nombres a las jerarquías. Si le cambiamos al color a la Torre de Pisa seguramente no nos demos cuenta de que está torcida. Así pasamos a tener capitanes, comisionados y superintendentes con unos quilombos de otro planeta: donde antes había dos subcomisarios y un comisario, ahora existían tres capitanes. ¿El sueldo? No estamos para hablar de sueldo.

Y mejor ni hablar de lo que han sido otras fuerzas provinciales. Pero vayamos a algo central y es que, para poder dimensionar la importancia que la política le da a un tema, hay que fijarse en dos cosas: el presupuesto asignado y la persona colocada al frente del asunto.

No me voy a ir hasta 1860, pero vamos a recordar a los responsables de la seguridad nacional desde 1983 hasta aquí. Antes de que se creara el ministerio de Seguridad, la competencia recaía en el ministerio del Interior por razones lógicas: seguridad interior, coordinación de políticas con las provincias y demás. El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín designa como ministro a Antonio Tróccoli, un abogado cuya única experiencia en materia policial había sido una visita a una comisaría para hacer una denuncia de choque. Obviamente, la motivación era más política que otra cosa: tras la salida de la dictadura el gobierno pretendía una revisión integral de todas las fuerzas. El 15 de septiembte de 1987 a Tróccoli le agradecen por los servicios prestados y le entregan el ministerio al bachiller Enrique Nosiglia. Sí, el Coti, sin siquiera un título universitario y/o terciario, pero con un doctorado en roscas oscuras.

Con el país en llamas y el gobierno de Alfonsín en retirada programada, don Raúl designó a Juan Carlos Pugliese al frente del ministerio para la transición. Nada mejor que un economista. Por suerte, Carlos Menem puso en el cargo a alguien que la tenía clarísima en materias de políticas de seguridad, como lo fue el abogado Eduardo Bauzá, que duró en el cargo seis meses para ser reemplazado por el también abogado y salteño de profesión Julio Mera Figueroa, que luego del escándalo por la licitación de los documentos nacionales de identidad, dio un paso al costado. El cargo quedó para José Luis Manzano, doctor también, pero doctor en medicina, todo lo que la seguridad nacional requiere.

Tras la salida de Manzano con otro quilombo menemista, llegó la oportunidad del abogado Gustavo Béliz parte I. Primero se opuso a la reforma constitucional, luego denunció hechos de corrupción en el gobierno que integraba desde el primer día y renunció. Y ahí llegó la vieja guardia de la mano de Carlos Ruckauf, abogado y ex ministro de María Estela Martínez de Perón que tenía como antecedente en materia de seguridad interior haber sido uno de los cofirmantes del decreto que ordenaba el Operativo Independencia.

Como Ruckauf fue electo vicepresidente para el segundo mandato de Carlos Saúl, su lugar fue ocupado por Carlos Vladimiro Corach, el hombre siempre sonriente que se compraba a los periodistas en la puerta de su casa. ¿Título especializado? Abogado.

Con la salida de Menem y la llegada de De La Rúa, asume el ministerio Federico Storani, también boga. Pero con la crisis iniciada en 2001 fue reemplazado en marzo por Ramón Mestre, odontólogo. No tenía la más puta idea de seguridad interior, pero al menos los policías tendrían higiene bucal y serían enviados a reprimir con caballos y armas las protestas callejeras que se daban mientras a De La Rúa lo colocaban en la sartén.

El caso de Mestre es para rescatar dado que es el único ministro a cargo de fuerzas de seguridad que pagó en la Justicia. Le pasa por radical.

Y ya que hablamos de pasar por Tribunales, si quitamos del medio los interinatos de Miguel Ángel Toma –abogado– y Rodolfo Gabrielli –economista– durante la sucesión de cinco presidentes en pocos días, llega el turno del contador público Jorge Matzkin, ministro del Interior de Eduardo Duhalde y, por ende, en el cargo cuando se produjo la masacre de Avellaneda. Sin embargo, Duhalde había pasado el área de seguridad al ministerio de Justicia a cargo de Juan José Álvarez, también abogado. Obviamente, por una línea de mando, Matzkin y Álvarez tenían menos responsabilidad en el caso que el propio gobernador bonaerense, Felipe Solá, máxima autoridad de las fuerzas que se cargaron a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán. Sin embargo debieron pasar por Tribunales. Brevemente, fueron sobreseídos. A Matzkin no le pasó nada, a Juanjo tampoco y Solá hoy es ministro de Relaciones Exteriores del país. ¿Los únicos detenidos? Los policías que dispararon.

Con la llegada de Néstor Kirchner, se produce el estreno de Gustavo Béliz parte II al frente del ministerio de Justicia y Seguridad. Esta vez duró 14 meses, batiendo su propio récord, y se fue tras violar públicamente la ley de inteligencia y con la toma de la comisaría de La Boca en manos de Luis D’Elía. En la salida se fue acompañado de sus secretarios Eduardo Quantín y José Campagnolli. Esta vez no hubo quejas por la corrupción.

Seguimos con el ministerio de Justicia y Seguridad y tenemos que mencionar a Horacio Rosatti, el ministro que eligió Néstor Kirchner en 2004 para reemplazar a Béliz y que catorce años después Elisa Carrió diría que «la traicionó». Rosatti –que, obviamente, es abogado– a diferencia de Béliz sí se tomó el palo cuando le llegó una licitación en la que no le cerraban los números. Presentó la renuncia y se fue sin hacer quilombo. Lo diría recién en 2016 cuando juró como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un poco tarde.

Tras Rosatti llegó el turno de Alberto Iribarne. La situación era la misma, no había cambiado nada, pero no le jodió mucho. De hecho, Iribarne, también abogado, dijo que la misión que le encargó Kirchner era la de «acelerar a fondo el avance de los juicios a los responsables del genocidio que nos tocó vivir a los argentinos».

El 10 de diciembre de 2007 asume la presidencia Cristina Fernández por entonces de Kirchner y desembarca en el ministerio el contador público y abogado Aníbal Fernández. El 8 de julio de 2009 Aníbal es reemplazado por Julio Alak, que también es boga, pero no viene al caso: modificación legal mediante, el ministerio de Justicia y Seguridad pasó a ser de Justicia solo.

Cristina decide crear el ministerio de Seguridad tras el escándalo de la toma del Parque Indoamericano –never in the puta life lo reconocerá– y decide poner al frente a Nilda Garré, abogada también, pero la primera persona al frente de la seguridad de la Nación que al menos tenía algo de idea en el asunto: fue Asesora del Ministerio del Interior. Que haya sido durante las dictaduras militares de Onganía, Levingston y Lanusse es un detalle. La experiencia queda aunque lo borren de Wikipedia.

A Nilda la sucedió Arturo Puricelli, también boga y de un paso tan para el olvido como su propia vida política. Y allí se produjo la llegada de María Cecilia Rodríguez. Sí, en serio, tuvimos una ministra de Seguridad llamada así y que ostentaba el récord de haber sido la politóloga que más lejos había llegado en la carrera para la que estudió en la historia de la Argentina. El récord fue arrebatado por Marcos Peña cuando juró como Jefe de Gabinete, pero esa es otra historia. Como a Rodríguez nadie le conocía ni la voz, todo el mundo pensaba que el verdadero ministro era Sergio Berni, un tipo preparado porque venía del Ejército. El asunto es que el Ejército no está preparado para la seguridad urbana –no son sus funciones–, y Berni siquiera es militar: es médico. Tiene el cargo de teniente coronel, pero por el escalafón médico. Todo lo que haya hecho o mostrado después es por su propia voluntad.

Con la llegada de cambiemos se produjo el arribo de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad lo que generó un caso extraño: su pasado de ex montonera no jodía tanto como sí lo hacía el de Nilda Garré. Doctorada en Ciencias Políticas, estuvo al frente del único ministerio que pudo mostrar resultados positivos durante la gestión de Macri y eso dice mucho y poco, dependiendo del punto de vista que elijamos. En materia de bienestar policial, la Federal, Gendarmería y Prefectura fueron puestas en valor, pero con el detalle de que el control de la Capital Federal ya no era esfera de Nación, dado que se produjo el traslado de las comisarías. En materia de innovación se le fue un poco la mano y quiso proponer un registro nacional de ADN, algo que hoy, con otro signo político en la Rosada, todos verían como mengueliano.

Por suerte, con el gobierno de Alberto Fernández llegó la figura que todos esperábamos, alguien realmente capacitado para el cargo que ocupa, como lo puede ser una antropóloga social. Y ahí está Sabina Frederic.

¿La provincia? Bueno, la provincia tiene a Sergio Berni ahora con la bonaerense en llamas y todo el arco político saliendo a castigar las protestas policiales de una fuerza en la que un comisario cobra en mano un tercio de lo que cobra un ministro y donde un tipo que va a la calle en un patrullero desvencijado, con una pistola hecha percha, con chalecos antibalas vencidos, se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.

Hoy, cuando un grupo de policías se acercó a la Quinta de Olivos a protestar, muchos lo vieron como un levantamiento carapintada. ¿Motivo? Porque estaban armados. Los policías argentinos no pueden ser sindicalizados porque así lo dice la ley. Y gracias a Dios: imagínense a las policías dentro de la CGT.

¿Hay corruptos, narcos y pésimos policías? Y sí, obvio. Están los casos que se amontonan en la Correpi desde hace décadas. Pero la policía bonaerense cuenta con 90 mil efectivos. Y yo los tuve que padecer y también trabajar con ellos cuando laburaba en Tribunales provinciales. Y vi de todo como en todos lados. Las generalizaciones siempre hacen mal, ¿no? Imaginemos si nos trataran a todos los argentinos por igual en el mundo en base a los que han delinquido.

Pero mientras algunos –bueno, todos– salen a cuestionar los métodos de reclamo, otros flashean levantamiento carapintada en un reclamo salarial. Y otros llegan a asegurar que saldrían a poner el cuerpo pero hay pandemia.

Los golpistas se retirarán y, si todo sigue su curso y solucionan el problema salarial aceptando el aumento de 12 mil pesos propuesto por Berni, volverán a trabajar en las mismas condiciones de mierda de siempre y a tan sólo tres mil pesos de la línea de la pobreza. Pero dejarán de ser pobres por un par de meses. ¡Vamos, Argentina!

PD: Las policías son entes controlados por la política. Dime qué policía tienes y te diré qué tan transparente eres. ¿Cuántos policías fueron condenados por corrupción, encubrimiento o narcotráfico? Cientos. ¿Y cuántos políticos?

PD 2, a la oposición y a los colegas: No les entiendo esa fascinación por no querer quedar como fachos ante gente que los va a considerar fachos de todos modos, a pesar de que manejan todas las fuerzas militares y de seguridad del país. Va con onda. De paso: la residencia del Presidente es la Capital de la República, no Olivos. Constitución Nacional, Sección Segunda, Capítulo Primero, Artículo 88 contrario sensu. Aunque ni ellos lo cumplen.

PD 3: Le birlaron un punto de coparticipación a CABA para dárselo a Kicillof por el reclamo policial. Son 12 mil pesos por habitante porteño: lo que aportamos para mantener el sistema de seguridad de la Ciudad. Igualando para abajo, pero con el jefe solidarizado.

PD 4: Hay siete provincias más con quilombos de sueldos policiales. ¿También los tienen que pagar los porteños? ¿O sólo Axel tiene coronita?