El 9 de marzo de 2007 fui citado a una mediación judicial por un litigio por "daños y perjuicios" que me iniciara el Dr. José Antonio Iglesias, padre de uno de los chicos fallecidos en la masacre de República Cromagnon. El juicio estaba relacionado con una serie de artículos escritos sobre su desempeño y que realmente provocaron el enojo del venal letrado.

    Una vez en el lugar de la mediación, comenzó la usual "compulsa" de posiciones para intentar llegar a un acuerdo extra judicial, para lo cual pedí amablemente a la mediadora, Dra. Edith Segovia, que permitiera a la otra parte comenzar con su argumentación.

    Habló en nombre de Iglesias su abogada (y pareja), Beatríz Campos, con gran temblor en su voz y haciendo una insólita declaración acerca de la inexactitud de algo que yo supuestamente había publicado sobre ella. Algo improcedente si tenemos en cuenta que el litigio había sido impulsado por su cónyuge y ella nada tenía que ver con esto.

    Yo miraba en silencio, mientras esperaba mi turno para decir mi parte. Campos mencionó mi periódico como una "pobre página de Internet", sin poder explicar por qué, si era ese el concepto que ambos tenían de mi portal, les molestaba tanto lo que publicaba. Acto seguido, habló el propio Iglesias, quien con la intolerancia de siempre -y sin dejar de invocar a su hijo muerto, un clásico en él- me dijo que era un "hijo de puta" y que me iba "a matar" (1).

    Yo conservé la calma y esperé a que llegara mi momento de hablar, mientras observaba al letrado ponerse cada vez más colorado y sudoroso. Pensé en ese momento que era probable que mi "pobre portal" no fuera tan poco importante.

    Cuando llegó mi momento de hablar, expliqué con total tranquilidad yo no tenía nada personal contra Iglesias y que lo que había publicado sólo tenía que ver con su desempeño como profesional, palabras que fueron acompañadas por el consecuente despliegue de papeles que demostraban mis dichos: un informe de la empresa Veraz con el consecuente listado de cheques rechazados, junto a un detalle de las causas judiciales que el letrado ha tenido que sortear por estafas reiteradas, y una docena de cartas de familiares de las víctimas de Cromagnon que aseguraban haber sido "engañadas" por él.

    Como dato de color, acompañé la copia de un artículo publicado por diario Clarín el 14 de diciembre pasado que comentaba que Iglesias había sido procesado por el juez Oyarbide por presunto encubrimiento de maniobras vinculadas a la caída del Banco Mayo. Todo a efectos de demostrar que no había exagerado un ápice en mis artículos sobre su desempeño.

    Mientras mostraba esos documentos, Iglesias seguía insultándome y la mediadora intentaba calmar la situación. "Dra., yo vine con la mejor predisposición, pero ya ve que esta gente es incivilizada", le dije mientras seguía desplegando más de esos papeles que al abogado encolerizaban.

    "Ud. es un delincuente periodístico, a Ud lo acusaron", aseguró Iglesias mientras me señalaba con su dedo inquisidor.

    "¿A, si? muestreme una causa judicial que lo demuestre o sólo dígame el nombre y apellido de una sola persona que afirme esto", desafié en el acto al letrado, mientras este jugaba a recordar un dato inexistente.
    Mientras terminaba la insólita mediación, en medio de su propio enojo, Iglesias volvió a insultarme: "sos una rata, yo te cagaría a trompadas".

    "Cuando quiera y donde quiera", le dije poco antes de levantarme de mi asiento y retirarme.

    Veinte minutos más tarde aún estaba esperando en la planta baja del edificio donde se había hecho la mediación. Iglesias salió por allí, me miró y fue inmediatamente a tomar un taxi, mientras yo lo desafiaba con la mirada.

    Su valentía se había diluido por completo.


El hombre de la más cara de hierro

    José Antonio Iglesias es un mediático abogado que ha sido condenado en más de una oportunidad por delitos vinculados a lo económico-financiero. Su enojo para conmigo parece nacer de su errada creencia de que yo tengo algo personal contra él, algo totalmente alejado de la realidad.

    Lo único que he hecho a través de mi periódico es detallar su historial de estafas, cheques rechazados y denuncias efectuadas por personas que han visto lesionado su patrimonio debido a su proceder. Gran parte de lo que he publicado, es de acceso público y puede obtenerse fácilmente a través de la firma Veráz o el Banco de la Nación Argentina.

    Veamos cómo fue publicado esto en uno de los primeros artículos de este periódico (2): 

    "Los bancos Río De La Plata e Itaú muestran (a Iglesias) en situación incobrable por varios miles de pesos. Asimismo, el Banco Central inhabilitó sus cuentas con fecha 10 de agosto de 2000 por falta de fondos y su quiebra ha sido pedida en más de una oportunidad. Veamos:

    -El 13/02/2001, fue pedida por Fernando Adrian Fariña a través del Juzgado Nacional De 1ra Instancia en lo Comercial Nro. 7 Secretaría 14.

    -El 02/10/2000, fue el Banco Citibank quien solicitó la quiebra de Iglesias a través del Expediente 101327.

    -El 07/08/2000, la firma Caravaggio SA hizo lo mismo a través del expediente 077181”.

    Como puede apreciarse, lo antedicho no sólo es real sino que hasta fue piadoso, ya que se omitió publicar muchos otros procesos que se han iniciado contra el abogado.

    Los descalabros económicos se suceden sin cesar en la senda de Iglesias y no parece ser algo casual. Recordemos, por caso, que este personaje fue abogado del corrupto Rubén Beraja.

    En el marco de un proceso contra este último por la sospechosa quiebra del Banco Mayo, Iglesias fue acusado por el Dr. Mateo Corvo Dolcet de ser parte de esa maniobra de fraude. Observemos ahora el esclarecedor escrito de Dolcet: "Como abogado de Beraja, (Iglesias) nunca ignoró la falsedad de los ‘antecedentes’ del contrato de fideicomiso, ni que quienes hubieran aceptado participar habrían tenido que firmar instrumentos que permitiesen a la organización alcanzar el confesado y evidente objetivo de desarmar la querella.

    (...) aunque en su indagatoria pretenda negarlo, antes de la firma del contrato de fideicomiso el Dr. Iglesias supo acabadamente de la existencia de las mesas de dinero; del importe comprometido en la mega defraudación; el nombre y apellido de cada uno de los titulares de cuenta; conocía que había una oferta que, aunque inaceptable en su forma, incluía acciones de Newside entre otros bienes -por ejemplo, tierras en Villa La Angostura- y lo conocía porque participó del tema. Supo lo que pasaba. Lo supo no sólo por ser abogado del jefe de la organización , sino por que negoció junto a Schagas en representación de ésta el reclamo que mis mandantes intentaron extrajudicialmente a través del suscripto y de los abogados Azar, Settón, Vaisman y Fáes. Estuvo, además, presente en reuniones con Beraja. Y ahí no se hablaba más que de la verdad. (...)

    Además, el Dr. Iglesias tenía documentado en su estudio la declaración indagatoria de su cliente; del auto de procesamiento y de su confirmación (ver carpeta ‘Banco Mayo - Antecedentes III’; ‘Banco Mayo - Obligaciones Negociables’ y sobre de papel madera n°21 ‘Papeles varios, Banco Mayo, causa penal’).
Primera premisa entonces: Iglesias sabía todo.

    (...) En esa inteligencia se advierte que la alegada conveniencia de causar el contrato para que no sea nulo no justifica la elección de una causa tan ficticia como útil a la defensa de su cliente; la elección de una sociedad constituida en un paraíso fiscal, antes que beneficios tributarios, ofrece el de ocultar a sus verdaderos accionistas.

    Están claros los verdaderos objetivos y los permanentes desafíos al sentido común se explican en la convicción de impunidad que habían adquirido (...) En ese contexto, y sujetándonos a los propios dichos de los imputados, queda claro que Iglesias sabía que las juntas directivas y los accionistas de The Altona y Greypark eran una ficción.

    De su propia indagatoria se desprende que el mandato recibido -y que pretende renunciado con las cartas enviadas a 'nadie'- es falso; sabe que su falsa mandante carece de antecedentes contables, de modo que inevitablemente, debió preguntar por el origen de los fondos millonarios que aplicó a la ‘compra’ de acciones.

    Su intervención en el tema también queda expuesta en la conversación entre Beraja e Iglesias con motivo del allanamiento a las oficinas del primero (casete 30, trascripción 30, del 26/10/01, teléfono 4375-1717, lado ‘b’, Pág. 111 de 137). Allí cambian opiniones sobre cómo atacar el procedimiento judicial ordenado, resultando en extremo elocuente la conclusión del Dr. Iglesias al opinar sobre un planteo de nulidad del allanamiento.

    (...) Considero probado el conocimiento del Dr. Iglesias respecto de la realidad jurídica de los hechos ventilados en el proceso seguido contra su cliente y, también y fundamentalmente en lo que respecta a este escrito, el origen ilícito del patrimonio pretendidamente transferido en propiedad fiduciaria.

    (...) Finalmente, debo destacar que el Dr. Iglesias mintió al responder la pregunta 29. V.S. lo interrogó sobre su conocimiento o vinculación con Israel Lublinerman y si el nombrado tuvo intervención en las gestiones para la constitución del fideicomiso Greypark. La respuesta fue NO. Pues bien. En oportunidad de efectuarse el allanamiento al estudio Lublinerman en Montevideo, de uno de los discos rígidos de las computadoras existentes en el lugar, se extrajo el dato de que el Dr. Iglesias es cliente de ese estudio, al cual la comisión parlamentaria que produjo el Informe sobre Lavado de Dinero en la Argentina, sindicó como el más importante proveedor de sociedades cáscaras utilizadas en elusión del derecho argentino.

    (...) En función de lo expuesto, El Dr. Iglesias pretendió transformar las acciones adquiridas con el dinero obtenido producto de la actividad ilícita que se investiga en la causa penal, en acciones adquiridas en el marco de inversiones lícitas. Y, como ninguna participación le cupo en los hechos delictivos que originaron el provecho ilícito que intentó transformar en lícito, creo que debe ser procesado como autor responsable del delito de Lavado de Dinero, previsto por el art. 278, inc. 1ro. del Cód. Penal".

    Más claro, echarle agua.


El fin justifica los medios (de comunicación)

    Aparte de lo publicado por Tribuna de periodistas -basado en el testimonio directo de distintas fuentes y documentación concreta-, diversos medios de comunicación han dado cuenta de las "trapisondas" de Iglesias, pero extrañamente no han sido demandados por el abogado, por lo cual cabe pensar dos cosas:

    1-La injusificada saña del abogado es sólo con este periódico.

    2-Lo que dicen esos medios sobre él es verdad.

    Veamos sólo dos botones de muestra de lo que se publicó en otros sitios. El 14 de diciembre de 2006, diario Clarín dio cuenta de que Iglesias fue procesado por "presunto encubrimiento de maniobras vinculadas a la caída del Banco Mayo (4). El juez federal Norberto Oyarbide les trabó, además, embargos por 1 millón de pesos a cada uno".

    El "gran diario" asegura sin medias tintas que "de acuerdo a una resolución a la que accedió Clarín, Oyarbide procesó a Iglesias y Jinkus como coautores del delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, que se castiga con penas de hasta 6 años de prisión".

    ¿Hubo denuncia contra Clarín? Increíblemente no, como no la hubo contra otros medios de la talla de Indymedia que han publicado cosas más graves aún y que directamente han vinculado al letrado con el tráfico de drogas, algo realmente insospechado.

    El procesamiento del que habla Clarín fue anticipado y detallado por este periódico el 12 de febrero de 2005: "Iglesias, ex abogado de Rubén Beraja, oculta una causa por lavado de dinero en la mesa que funcionaba en el Banco Mayo y una dudosa gestión como administrador judicial de la cooperativa El Hogar Obrero.

    En ese sentido, el 25 de junio de 2004 el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó por tentativa de lavado de dinero, confirmó un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos y le prohibió salir del país sin autorización judicial.

    En la resolución que forma parte de la causa 4.224/02, Oyarbide estableció que Iglesias ‘pretendía licuar el reclamo judicial de los acreedores’ a través de inversiones propias de ‘la gestión fraudulenta de la mesa de dinero del Mayo’. También deja claro que ‘Iglesias no se limitó a ejercer la defensa comercial lícita de Beraja, sino que se adentró en pergeñar la ingeniería jurídica para procurar impunidad a su defendido y asegurarle al banquero el provecho de la defraudación’".

    Otro botón de muestra sobre lo que han publicado otros medios se dio el 8 de abril de 2004 a través de la extinta revista TXT, que denunció sin medias tintas que, a pesar de estar implicado en la causa del Banco Mayo, “José Antonio Iglesias, un abogado con prontuario XXL y conexiones sospechosas” estaba a cargo de la intervención de la cooperativa El Hogar Obrero. La nota informaba también que en los registros del Banco Central había constancias de 31 cheques sin fondo emitidos por Iglesias, que pesaban sobre él dos pedidos de quiebra, y que había sido removido como síndico de la firma Combal por incumplimientos graves.

    Iglesias reclamó a la revista TXT un derecho a réplica que le fue concedido en el número 60, del 7 de mayo de 2004. Lejos de limpiar su nombre, Iglesias confirmó su relación con el banquero Rubén Beraja y reconoció ser el apoderado de The Altona y Greypark Internacional, dos sociedades panameñas a las que el propio letrado definió como "sellos de goma" y que fueron usadas para hacer transacciones irregulares por 6 millones de dólares.

    ¿Hubo litigio contra revista TXT? Absolutamente no.


Hogar dulce hogar (Obrero)

    Los fundamentos necesarios para justificar los desmanejos de Iglesias son abundantes. No sólo pueden detectarse a través de los informes comerciales y judiciales pertinentes, sino que existen incesantes denuncias en su contra por parte de personas que aseguran haber sido perjudicadas por él.

    Un nuevo botón de muestra: en el marco de una denuncia similar que me fuera efectuada por el Dr. Iglesias hace unos años -y en la que la Justicia no quiere darle la razón-, el 30 de mayo de 2006 uno de los testigos ofrecidos por mí, el Dr. Roberto Alcides Chicco -interventor del concurso preventivo de El Hogar Obrero (5)-, detalló una oscura maniobra que involucra al abogado. Aunque el texto es extenso, vale la pena prestar atención a lo manifestado:

    “En marzo de 1992 (Alcides Chicco) ha sido apoderado y patrocinante jurídico de El Hogar Obrero en su concurso preventivo (...) Desde 1993 se inició un proceso de cumplimiento del acuerdo preventivo mediante un fideicomiso de todos los bienes necesarios para cubrir el pasivo que se encomendó su administración y realización al Banco de la Ciudad de Buenos Aires como banco administrador fiduciario.

    (...) Con un denodado esfuerzo de un equipo de profesionales se logró superar los inconvenientes de tal manera que en el año 2003 se habían rescatado Tip hogar (títulos patrimoniales representativos del pasivo verificado) por montos que superaban el 50% del mismo. (...) Con satisfacción se fueron cancelando estos pasivos privilegiados en su mayoría, restando sólo algunos juicios de montos en cuestiones complejas que restaban atender con la venta de los bienes del activo residual.

    (…) En la resolución del directorio del banco homologando el convenio suscripto se estableció un mecanismo que permitía un nuevo plazo para cancelar el saldo adeudado dentro del cuyo mecanismo se aplicaría lo que produzca la venta del inmueble de Rivadacia 5108 (Shopping Caballito) y el saldo con el otorgamiento de un plazo y pagos escalonados que se atenderían con la realización de otros bienes del activo residual de la concursada. Estos bienes se hipotecarían a favor del banco en reemplazo de los que estaban hipotecados pero integraban los bienes del activo afectado al cumplimiento del acuerdo cuya venta no podía efectivizarse debido a la hipoteca y ejecuciones pendientes promovidas por el Banco.

    Cabe agregar que en ese convenio con la institución bancaria se previó que una parte sustancial de la deuda se atendería con el producido de la venta de Rivadavia 5108; este inmueble tenia una oferta en firme de diez millones de pesos al contado efectuado por la empresa ELSE SA.

    (...) En febrero de 2002 fueron designados veedores judiciales los Dres. Iglesias y el contador Jatasky. La designación fue sorpresiva e infundada por cuanto la ley concursal solamente preveía esta figura en caso que la sindicatura lo solicitara y ante incumplimientos comprobados de la concursada. (...) Según el auto de designación, encomendaba a los Sres. veedores que presentaran un informe final aconsejando las medidas que estimaban necesarias para acelerar el cumplimiento del acuerdo preventivo. A partir de ese momento se produjo un enfrentamiento de los funcionarios con las autoridades de la cooperativa a las que durante meses se le efectuaban intimaciones de datos históricos de asuntos concluidos y que a nuestro criterio, no guardaron relación con la misión encomendada a los veedores. Ninguna medida fue propuesta en cuanto a la misión encomendada de acelerar el trámite.

    (...) Luego de vencido el plazo inicial de la veeduría fue prorrogada hasta diciembre de 2003, fecha en la cual sin haberse sustanciado ningún informe final -como lo indicaba el auto de designación- ni haberse efectuado intimación alguna a la concursada en cuanto a supuestos incumplimientos, se designa a los mismo veedores administradores judiciales con desplazamiento de las autoridades legítimas de la cooperativa. Esta decisión fue adoptada por la Dra. Villanueva, jueza interina que permitía suponer que en solo 7 días había analizado las más de ciento veinte mil fojas que tenía el concurso y las enormes complejidades de su cumplimiento.

    Al margen cabe agregar que la sindicatura (integrada por los Dres Scandel y Lopez Cepero), presentaba informes mensuales detallados de todos los movimientos financieros, contables, todas las cuestiones debatidas en cada uno de los eventuales conflictos en el trámite concursal y dando su opinión de que el concordato continuaba cumpliéndose en los términos aprobados.

    A esta designación además de las objeciones jurídicas y procesales formuladas, cabía la prevención denunciada oportunamente en cuanto a las personas antojadizamente elegidas por el Juzgado, ya que, sobre todo el Dr. Iglesias, tenía antecedentes personales que a nuestro criterio, por lo menos no lo hacía aconsejable su designación en un cargo de tanta trascendencia pública y jurídica; en efecto, tomamos conocimiento que el Dr. Iglesias estaba imputado en una causa contra el Banco Mayo y el Juzgado penal interviniente -Dr. Oyarbide- había decretado en su contra un embargo de diez millones de pesos y la interdicción para salir del país entre otras medidas; paralelamente pudimos verificar que el mismo profesional tenía cerradas cuentas por el Banco Central por el libramiento de cheques sin fondo con categoría 5.

    Al mismo tiempo, el Dr. Iglesias había sido recientemente removido por la Dra. Dinoto en la quiebra de CONBAL en la que lo habían designado para un cargo de contralor, que no recuerda si era administrador. Al mismo tiempo había sido removido como síndico judicial por incumplimiento de sus deberes.

    Todos estos cuestionamientos fueron denunciados en la Cámara Comercial y en el Juzgado, pero misteriosamente desaparecieron sus presentaciones ni se ordenó la investigación y/o la reconstrucción de las denuncias efectuadas.

    Así las cosas, los Dres Iglesias y Jatasky en su nueva función de administradores e interventores, tomaron una cantidad de decisiones y medidas entre las que puede mencionar la exigencia a la sociedad Mercado Ciudad de Buenos Aires a que reemplace a los representantes del Hogar Obrero y en su reemplazo designe a los Dres. Iglesias y Jatasky.

    Se logró por petición de los administradores que se dejara sin efecto el llamado a licitación para la venta de los restantes bienes del activo afectado".

    En buen romance, la gestión de Iglesias al frente de El Hogar Obrero duró sólo un año y dejó un manto de sospechas. Entre otras, el haber favorecido a la sociedad que alquilaba el edificio donde funciona Caballito Shopping Center en perjuicio de la cooperativa.

    El daño fue tal, que el saldo de la deuda de El Hogar Obrero, que podría haberse saldado ampliamente, fue acrecentado y extendido en el tiempo gracias a Iglesias.


Concluyendo

    Aceptado en un principio como único querellante de la causa Cromagnon por la jueza María Angélica Crotto, Iglesias representa los intereses de decenas de familiares de víctimas que desconocen algunos aspectos de su pasado.

    Iglesias sabe que al finalizar este juicio cobrará, gracias a ellos, una suma millonaria en concepto de honorarios profesionales. Debe estar feliz el letrado, ya que el dinero es su aparente debilidad. Baste ver algunas de las denuncias que ha recibido a lo largo de su carrera, las cuales serán detalladas en un próximo artículo de investigación.

    Por lo pronto, sería interesante plantearse algunas cuestiones que surgen del más mínimo sentido común:

    -¿Por qué tiene Iglesias tantos pedidos de quiebra y denuncias por cuestiones comerciales? ¿Es casual?

    -¿Estará equivocado el Juez Oyarbide, quien lo procesó hace sólo unos meses?

    -¿No es Iglesias una persona sumamente vulnerable como para ser abogado de los familiares de las víctimas de Cromagnon?

    -¿Cómo puede este hombre seguir ejerciendo la profesión con las denuncias que pesan sobre su cabeza?

    Hasta que estas preguntas no sean debidamente respondidas, Iglesias no debería representar a ninguno de los damnificados por la masacre de República Cromagnon. De lo contrario, estamos en peligro de que se desvirtúe toda esta pelea a futuro.

    Una pelea que debe ser muy cuidada para que finalmente pueda hacerse real justicia por la memoria de más de doscientos jóvenes...

 

Christian Sanz

(1) Por las amenazas proferidas, las cuales han sido grabadas, este periodista ha iniciado una causa judicial en contra de Iglesias.

(2) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=1251

(3) Ver http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/clarin/v8/notas/imprimir.jsp?pagid=1327583

(4) El caso del concurso de El Hogar Obrero es escandaloso y será relatado in extenso en un próximo artículo periodístico. Allí hubo una asociación ilícita entre funcionarios judiciales y algunos abogados.

(5) La causa tramita en el juzgado civil nº 94 y tiene el número 16.938.