Este martes, el fiscal Guillermo Marijuan apeló la decisión del juez Sebastián Casanello de rechazar la solicitud de indagatoria respecto de Victoria Donda.

Ahora bien, pocos advirtieron que el mismo día, una nueva causa penal fue sorteada contra la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y contra su abogado —y Director de Asuntos Jurídicos del Inadi—Emiliano Montini, por los delitos de defraudación agravada y falsedad ideológica de instrumento público.

En la presentación, que lleva las firmas de los letrados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, ambos abogados integrantes de la Fundación Apolo, se sostiene que Montini habría patrocinado a la titular del Inadi en varios procesos que ella había iniciado contra la Nación y contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, patrocinio que le está vedado como integrante del cuerpo de abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Incluso más grave es que, según los documentos oficiales a los que pudo acceder la Fundación, Montini habría firmado una declaración jurada en la cual omitió tal incompatibilidad.

Según uno de los documentos oficiales mencionados, fue el propio procurador del Tesoro, Carlos “Chino” Zannini quien, en su carácter de jefe de los abogados del Estado, sostuvo que “…La Interventora de INADI propició la designación transitoria del doctor Montini” (ver al pie).

Para los denunciantes esto podría convertir a la Interventora del INADI en partícipe necesaria de los delitos en que habría incurrido su letrado.

Según Magioncalda y Fazio, “no puede válidamente afirmarse que Donda desconociese que la persona que ella instó para el cargo de Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INADI se encontrase incursa en la incompatibilidad […] del patrocinio de causas contra los intereses del Estado en cualquiera de sus órdenes con el ejercicio de un cargo dentro del cuerpo de abogados del Estado”, ya que Donda era cliente de Montini en dichas causas.

Asimismo, refiriéndose a Montini, expresaron los denunciantes que más grave aún es que “dicha incompatibilidad la detente el máximo responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho cuerpo y el respeto por la legalidad de los actos en cada organismo estatal”.

Los hechos, que ahora investiga en Comodoro Py el juez Federal Luis Osvaldo Rodríguez, llegaron a manos de la Fundación Apolo a partir de una solicitud de acceso a la información pública realizada por dicha entidad, que el propio INADI debió responder.

Estos elementos se agregaron a los que ya tenían en su poder los denunciantes, al tiempo en que la Fundación Apolo denunciara en la Oficina Anticorrupción a Donda y a su abogado Montini, por conductas que vulneraban el Código de Ética de la Función Pública.