Finalmente, Martín Soria renunció este sábado a su banca de diputado y asumirá formalmente este lunes como ministro de Justicia de la Nación, refrendando en ese mismo acto la confirmación del avance de otro casillero por parte de Cristina Kirchner en el intrincado ajedrez del gobierno nacional.

La llegada de Soria no augura nada positivo en lo que refiere a republicanismo en la Argentina, sino todo lo contrario.

Será el avance sobre la Justicia Federal, el Ministerio Público y, sobre todo, la Corte Suprema. En ese orden.

Por caso, ha dicho a los suyos que, lo primero que hará apenas asuma, será “visitar” a los jueces supremos. Para preguntarles acerca de su opinión sobre puntuales cuestiones jurídicas. Vinculadas a la política vernácula.

Será un momento incómodo, tirante y, por qué no, escandaloso. Porque los jueces de la Corte no opinan sobre ninguna cuestión en particular, solo lo hacen a través de sus fallos judiciales.

De lo contrario podrían ser acusados de prevaricato. Esto es, ni más ni menos, que prejuzgamiento.

Soria llega con la prerrogativa de Cristina, que busca zafar de sus causas judiciales antes de que lleguen las elecciones legislativas de octubre.

Básicamente porque teme perder puntuales bancas en el Congreso Nacional, lo cual le quitaría poder a la hora de negociar su propia impunidad.

De todos modos, la vicepresidenta no cuenta solo con Soria. La otra espada que avanza contra el Poder Judicial es el siempre polémico diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, otrora director de Contrainteligencia de la AFI.

Este último pidió las declaraciones juradas de 25 fiscales que supieron complicar al kirchnerismo en expedientes que investigan hechos de corrupción. Lo hizo en su condición de miembro de la comisión de seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Entre los que persigue Talhade, aparecen el actual procurador Eduardo Casal, Carlos Stornelli (quien investigó el caso de los Cuadernos de las Coimas), José María Campagnoli (la Ruta del Dinero K), Carlos Rívolo (Boudou y Cuadernos) , Gerardo Pollicita (causa Vialidad), Sergio Rodríguez (Odebrecht), Guillermo Marijuan (la Ruta del Dinero K) e Ignacio Mahiques (Vialidad).

En tal contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), emitió un comunicado que asegura que no se busca analizar el patrimonio de los fiscales, sino avanzar en “una campaña de desprestigio” contra estos.

Indulto y amnistía para todos

Esta semana volverán a escucharse términos como “amnistía” e “indulto”, porque son los tópicos que trae bajo su ala el aún no asumido ministro de Justicia.

El indulto es una facultad del presidente de la Nación, pero Alberto Fernández ya dijo que no está dispuesto a asumir el riesgo político que conllevaría firmar tal beneficio.

Por eso, Soria propondrá un plan sumamente intrincado y —arriesgado—, que permita avanzar en tal camino.

Propondrá espera a algún viaje fuera del país por parte del presidente y la vicepresidenta (vale aclarar que Cristina no puede firmar su propio beneficio personal).

En tal caso, quien podría firmar el indulto sería la presidenta provisional del Senado: Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora, una cristinista de la primera hora.

En lo referente a la eventual amnistía, se trata de un “recurso” parlamentario. Es decir, una facultad que debe votarse en el Congreso Nacional, con mayorías especiales. Soria se las verá complicadas en tal terruño. Pero avanzará igual, porque cree que se mueve como pez en el agua en el Congreso, donde supo transitar hasta hoy.

Otro término que habrá que acostumbrarse a escuchar es “lawfare”, aquella “mega conspiración” que solo perciben los kirchneristas.

Una suerte de acuerdo entre jueces, fiscales, periodistas y empresarios para perseguir a ciertos líderes de la talla de Cristina, Boudou, De Vido y otros. Acusados injustamente por “patriotas”.

Curioso que no se haya filtrado jamás un audio o un mensaje de Whatsapp por parte de toda esa cantidad de gente conspirando al mismo tiempo. O que alguno no se haya arrepentido y lo haya contado.

En fin, más curioso es el hecho de que los K hayan abrazado una palabra —lawfare— acuñada por un militar de apellido Dunlap en 2001, acusado de delitos de lesa humanidad. Que buscaba justificar los ataques militares a aldeas civiles de Afganistán.

Como sea, el cristinismo avanza en un camino peligroso: el de tipificar el lawfare como un delito. Tal la pretensión de Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien lo propuso hace unos días en un Zoom del Parlasur. La acompañó en la iniciativa Oscar Parrilli, el valet de Cristina.

Dicho sea de paso, Caamaño está a punto de ser denunciada por varios agentes de la exSIDE por la filtración de sus nombres en el contexto de un expediente judicial iniciado por tres de ellos, que fueron echados sin indemización. Es la segunda vez que ocurre tal papelón.

La titular de la AFI jura que se trató de un error que partió del juzgado de la jueza María Romilda Servini. Esta, a su vez, acusa a la justicia de Lomas de Zamora. Y así sucesivamente.

Por si fuera poco, está a punto de destaparse otro escándalo: Caamaño desactivó en la AFI la sección de “Avanzadas presidenciales”, que se ocupaba de anticiparse a los viajes del presidente de la Nación a diversos lugares del país. Para evitar incidentes de cualquier tenor.

Luego de lo ocurrido en Chubut hace dos semanas, cuando Alberto fue atacado a piedrazos, no se trata de una decisión muy inteligente.

Fuera de lo político, en lo que refiere a la economía, se le viene complicando a Martín Guzmán la negociación con el FMI.

No es por sus propios deméritos, sino porque Cristina le viene dinamitando cualquier chance de acordar con ese organismo. La sucesión de desaciertos verbales de la vicepresidenta no podían augurar otra cosa.

Guzmán se siente desorientado, porque visitó a la propia Cristina en Santa Cruz justo antes de viajar a Washington para ponerla al tanto de lo que haría allí.

Pero, como ya se dijo, la expresidenta no quiere ningún acuerdo sino hasta después de las elecciones. Sabe que las condiciones que le exigirán le restarán votos en pleno año electorial.

Cristina mastica vidrio, sí, pero jamás lo traga.

Finalmente, en lo que refiere al presidente de la Nación, queda claro que ha perdido todo poder y protagonismo.

Como se presumía, Alberto ha sido cooptado por completo por su vicepresidenta, quien decide las políticas a seguir en los temás más relevantes de la política argentina.

Toda posibilidad de impulsar el tan mentado “albertismo”, como pretendían puntuales gobernadores e intendentes del conurbano, ha quedado sepultada. Todos han perdido tal esperanza.

Ello explica el nacimiento del peronismo republicano, que impulsa Miguel Pichetto en estas horas. Allí se van sumando adhesiones día a día, en todo el país. Sin prisa, pero sin pausa.

No logrará superar al Frente de Todos en las elecciones, desde ya, pero le restará gran caudal de votos.

Para entenderlo hay que retrotraerse a lo que fueron los comicios legislativos de 2017, en los cuales Florencio Randazzo le “birló” 6% de los votos bonaerenses del kirchnerismo.

Jamás olvidar la frase que le atribuyen a Karl Marx: “La historia se repite dos veces, la primera en forma de tragedia y la segunda en forma de farsa”.


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