Cuando Pablo Escobar Gaviria —el fallecido narco Colombiano— era atacado por aquellos críticos que le endilgaban ser "capomafia" de Colombia y ser autor de la muerte de tantos adversarios, este último se defendía argumentando que no era tan mala persona, ya que ayudaba a mucha gente que no tenía recursos con dinero concreto. Dinero que, obviamente, era producto de sus negocios con los estupefacientes.

Esa estrategia, la de ayudar a los más necesitados mientras se hacen negocios con la muerte de tantas otras personas, ha demostrado ser efectiva a lo largo del paso de la historia. Con una mano se protege a aquel que lo necesita y con la otra se lo mata.  

Nuestro país, que no puede ser menos en ese tipo de vicios, tiene su propio exponente. Casualmente uno de los más emblemáticos en estos días: ni más ni menos que Adolfo Rodríguez Saá, ex gobernador de la provincia de San Luis y ex presidente de la Nación.

Rodríguez Saá fue elegido cinco veces para el cargo de gobernador, al que llegó en un Dodge 1500 usado en 1983. En ese lapso de tiempo cambió el auto y mucho más. Según se pudo ver en el programa Telenoche Investiga, emitido por Canal 13 en noviembre de 2000, una cámara oculta mostró a Gustavo Cerioni, de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, al subsecretario de Eventos Industriales Silvio Closa y al escribano oficial Rafael Echenique ofreciendo un aprovechamiento indebido del régimen de promoción industrial y señalando al gobernador como responsable. “No te creas que voy a hacer algo sin que él lo sepa”, enfatizaba Cerioni, y agregaba que Rodríguez Saá era “fascinante” en el armado de negocios.

Las autoridades provinciales afirmaron que las imágenes de la cámara oculta habían sido manipuladas. Algo parecido a lo argumentado en 1993, cuando Rodríguez Saá –según la postura oficial, obviamente– fue forzado a coprotagonizar con Esther Sesín escenas de infidelidad y cocaína que cancelaron sus sueños presidenciales. Si el gobernador sobrevive a tales escándalos es porque su gestión exhibe cifras inusuales: subió la recaudación impositiva, aumentó salarios estatales y bajó la desocupación. San Luis encierra una paradoja: la provincia funciona y crece, pero está cuestionada por la concentración de poder, el clientelismo político y las denuncias por corrupción.

Para lograr entender el flujo de dinero que se mueve en San Luis hay que atreverse a nombrar esas tres palabras malditas que todos conocen en la provincia pero que nadie se atreve a mencionar: lavado de dinero.

La evidencia está a la vista. Parte de ella son los casinos. Alguien que se anima desde el anonimato asegura: “¡Cómo están puestos! Pero no va nadie. ¿Suena a lavado de plata? Una provincia donde la gente no quiere usar la cabeza es el medio justo para eso”. Rodríguez Saa asegura ser el político más abierto a los cuestionamientos, sin embargo llama la atención que todos teman dar su nombre cuando hacen críticas.

La gente de San Luis sabe que tres casinos son demasiados, pero el hecho de que pertenezcan a los Rodríguez Saá hace que nada pueda decirse al respecto. El problema es que, detrás del blanqueo en esos lugares aparece el fantasma de la droga. Con un nombre que todos conocen y nadie se anima a decir en voz alta: Jonatan Vogel. Es el dueño de todos los secretos de los vínvulos entre el gobierno y el narcotráfico.

Respecto del tema económico es evidente que, debido al flujo de dinero de dicho lavado —amén de los negociados antes mencionados—, San Luis es una de las provincias más destacadas a nivel administración.

La imaginación de los puntanos sobre los Rodríguez Saá ha sido estimulada por 17 años de poder y control. La desbordan las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, y no hay conversación en la que no aparezcan historias elocuentemente gráficas. Dicen que muchos favorecidos por la promoción industrial instalaron meros galpones, que Rodríguez Saá tiene una cadena de hoteles en Islas Canarias, y que compró toda la edición para la Argentina de la revista española Hola que incluía una nota sobre el tema. También rumorean que aportó dinero a la campaña del presidente estadounidense George Bush Jr. y que compra votos por $ 50 y $100.

“Es harto elocuente que los Rodríguez Saá no pueden justificar su patrimonio”, me asegura uno de los periodistas puntanos que más ha investigado los bienes de la familia, mientras me aclara que “la promoción industrial no es de Rodríguez Saá, sino anterior: de 1981 y 1982. Si se hubieran instalado todos los proyectos aprobados, San Luis tendría el mismo producto bruto que Corea del Sur. De todos modos, la economía se dinamizó.” Al hablar del incremento salarial, se enfurece: “Es propaganda. No pueden fijar el salario mínimo de la actividad privada porque es una ley nacional. Y el aumento no comprende a todos los empleados públicos, ni a los municipales, porque no hay un mango: es la provincia que menos coparticipación da a los municipios, según se arrodillen ante Rodríguez Saá”.

El mismo periodista me cuenta que “las empresas constructoras que liciten, por decreto, deben agregar a su oferta el 0,5 por ciento para publicidad en el diario de mayor tirada, el de Alberto Rodríguez Saá —hermano de Adolfo—, donde además se concentra la publicidad oficial”.

Lo cierto es que Adolfo Rodríguez Saá ha sido gobernador por casi 18 años, gracias a la reelección indefinida de la que gozó y un férreo control político, en medio de un sistema que nunca ha ofrecido alternativas.

El oficialismo ha controlado la legislatura y tras una campaña en los medios de comunicación dominados por su familia, Rodríguez Saá cambió a los jueces del máximo tribunal provincial: no hay control ni equilibrio de poderes.

El Diario de la República (el de mayor tirada) está dirigido por la hermana del gobernador, Zulema y su competencia, La Opinión, por el primo, Eduardo. También son favorables al gobierno Canal 3, TVC Puntana y Carolina Cable Color, y las radios Lafinur y Dimensión.

La pregunta es: ¿Debe permitirse que alguien cometa ilícitos de todo tipo sólo porque muestra un costado medianamente positivo de gestión de Gobierno o brinda algún tipo de asistencia social a la gente?

En otras palabras: el hecho de dar algunas mínimas prebendas a la población ¿le da carta abierta a cualquier delincuente como para abusar de su poder?

La única respuesta posible la tiene la gente. Esa misma gente que se conforma con las sobras del sistema.