Finalmente hubo fumata de “humo blanco”. Significa que en los sucesivos meses no habrá hostilidades entre el kirchnerismo duro y el albertismo.

La tregua se decidió la semana pasada en una reunión reservada que mantuvieron Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La decisión de la “paz temporal” luego fue comunicada a Alberto Fernández por parte de la vicepresidenta.

El sector más radicalizado del Gobierno ha entendido finalmente que las peleas internas le restan votos de cara a las Legislativas de este año, en el contexto de un panorama que ya es desolador per se.

La economía se complica día a día y la ciudadanía descree ya de la responsabilidad que le achaca el Gobierno a la pandemia del coronavirus. Acaso por eso mismo es que el gobierno ha vuelto a poner a Mauricio Macri en el centro de la escena, culpándolo de todos los males que se viven.

Hace unas horas nomás, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, le echó la culpa al expresidente por el revés sufrido por la Argentina luego de descender de categoría en el indicador elaborado por Morgan Stanley MSCI, una suerte de calificación crediticia internacional.

Las consecuencias de lo sucedido, que deja al país en una categoría denominada “standalone”, se verán en el futuro mediato, y serán devastadores.

A ello se suma el inesperado aumento del dólar blue, que volvió a desatarse luego de varios meses de calma. Ante la desconfianza que generan las idas y vueltas del Gobierno, coronadas por una frase del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien juró que "no va a haber devaluación". Suficiente para incubar el germen de la sospecha en la ciudadanía.

La historia argentina alimenta tales suspicacias. Porque, cada vez que un funcionario jura que no se devaluará la moneda, es eso lo que ocurre exactamente.

De todos modos, no es lo que más debería preocupar al kirchnerismo, sino la denuncia que está por presentar la oposición en el marco del “curro” que le habilitaron a Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti para que se queden con la empresa Edenor.

Es un escándalo que complicará particularmente a Sergio Massa, quien pergeñó la subrepticia modificación del artículo 87 del Presupuesto Nacional a efectos de beneficiar a los empresarios mencionados.

Digresión al respecto: ¿Será verdad lo que dicen los que saben, respecto de que Filiberti es testaferro del multimillonario sindicalista José Luis Lingeri, quien ostenta un rentable y cautivo negocio con la venta de cloro a la empresa estatal AYSA, comandada —no casualmente— por la esposa de Massa, Malena Galmarini?

Como sea, el referido artículo 87 permitiría a Vila, Manzano y Filiberti “licuar” la deuda que Edenor tiene hoy en día con Cammesa. Se trata de unos 225 millones de dólares. Allí radicará el corazón de la denuncia que viene.

Hablando de escándalos, la inminente estatización de la Hidrovía también dará dolores de cabeza a los K. Básicamente porque se trata de un negocio a medida de una empresa china llamada Shanghai Dredging, a la cual le será entregada la posterior concesión.

Quien motoriza el nuevo “curro” es Gerardo Luis Ferreyra, el empresario ultrakirchnerista titular de Electroingeniería, a la sazón socio de los chinos en la controvertida licitación de las represas de Santa Cruz.

En medio de tanta incertidumbre, poco debe importarle a Alberto Fernández que una abogada llamada Elizabeth Márquez esté a punto de denunciarlo por el (mal) manejo de la vacunación.

Es la misma que impulsó su juicio político por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en el marco de la administración de la pandemia.

Entretanto, la oposición gravita en la virulencia de su propia interna, descarnada como pocas. Intentando mostrar a sus integrantes unidos, pero sacándose los ojos unos a otros. Todos contra todos.

Por su parte, el PRO enfrenta intenta dirimir sus propias diferencias en interminables reuniones, la última fue entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, donde no se pusieron de acuerdo y ninguno quiso ceder al manejo de la lapicera de cara a los comicios de este año.

A su vez, la UCR busca tener más protagonismo dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Imponiendo condiciones que los demás “socios” no estarían aceptando.

Cuentan los radicales con una única carta fuerte para negociar, el médico Facundo Manes, quien aún no ha dicho una sola palabra respecto de si acepta o no ser el “elegido”.

En ese contexto, reapareció Ernesto Sanz, quien salió a “bajarle el precio” al PRO para dar una mano a los alicaídos radicales.

El mendocino supo esquivar con eficacia a Mauricio Macri cuando este visitó la provincia de Mendoza, el pasado 18 de junio. Está claro que algo se rompió entre ambos.

Como sea, si algo quedó claro es que el armado de listas para las Legislativas será todo un incordio para la oposición. Y los tiempos apremian.

Fuera de la cuestión política, lo que mantiene en vilo el interés de los argentinos es el caso de la pequeña Guadalupe Lucero, desaparecida desde el 14 de junio pasado, en el contexto de una trama bien espesa, que no carece de inconsistencias y suspicacias de todo tenor.

El quid de la cuestión radica en el núcleo familiar, cuyas declaraciones en la Justicia son contradictorias y poco creíbles. Por eso los investigadores insisten en allanar a los padres de la pequeña, una y otra vez.

En tal marco, el nombre que nadie ha mencionado aún y que debe investigarse es el de Jonathan Vogel, un narco que está preso en San Luis y que ostenta grandes contactos con el poder político. Supo cobrar celebridad hace unos años cuando se fugó de la Penitenciaria Provincial, con la presunta ayuda de los guardias.

Yamila Cialone, la madre de Guadalupe supo visitarlo en varias oportunidades, sin que quedara claro para qué lo hacía. A sus íntimos, la mujer les dice que lo hizo en contexto de “trabajo social” paraa con los presos. La cuestión es que solo visitaba a Vogel. A nadie más.

La situación se pone aún más espesa cuando se tiene en cuenta que este último maneja información “fina” respecto de cómo se maneja y administra la droga en San Luis.

Ello explicaría el mutismo de ciertos funcionarios —nacionales y provinciales— respecto de la evaporación de la pequeña Guadalupe. Como diría Coti Sorokin, “nada de esto fue un error”.


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