Malos vientos siguen soplando sobre el gobierno de Néstor Kirchner y su reelección, a través de su esposa, el próximo 28 de octubre. Los casos de corrupción que los golpean desde hace varios meses -en una lista que va desde los casos Greco y Skanska, pasando por el bañogate de Felisa Miceli, las excentricidades de Romina Picolotti y la exportación subfacturada de piezas de armas de Nilda Garré, hasta desembocar en la famosa valija rellena de dólares con destino incierto que pretendió esquivar los controles de la aduana de Aeroparque hace un mes- enhebran un rosario de cuentas muy pesadas que los Kirchner han tenido, sin más remedio, que colgar de sus cuellos.

    Y cuando estaban logrando tomar un poco de aire ya que aquellos temas iniciales pudieron ser momentáneamente erradicados del seguimiento de los medios, y el caso de la valija del gordo Antonini Wilson quedó, también momentáneamente, bajo la distracción de las instancias electorales desarrolladas en Córdoba y Santa Fe, otra pesada cuenta viene ahora a agregarse a ese rosario que debe cargar el matrimonio presidencial.

    El nuevo bochorno para la administración Kirchner lo representa el 35% de sobreprecios en los trabajos que la empresa brasileña Norberto Odebrecht está llevando a cabo, como una de las compañías participantes, en los gasoductos troncales en construcción en el país.

    En tal sentido, el diputado nacional y candidato a vicepresidente por RECREAR, Esteban Bullrich, presentó en las últimas horas un pedido de informes en referencia al costo total del proyecto.

    Bullrich, que conoce bien el paño por haber iniciado también en su momento el seguimiento del caso Skanska, pide explicaciones al Poder Ejecutivo, y concretamente al ministro de Planificación, Julio De Vido, por avalar una obra que, presupuestada por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) en 1.599 millones de dólares, “pasó a costar más del doble”.

    El diputado pregunta también bajo qué criterio el gobierno aprobó los contratos entre Odebrecht y las mayoristas Cammesa y Albanesi por 1.872 millones de dólares cuando el precio estipulado por el propio ENARGAS era de 1.386 millones.

    Los sobreprecios habían sido incluso descriptos en una nota enviada por el entonces titular de ENARGAS, Fulvio Madaro –defenestrado por su vinculación con la causa Skanska-, al secretario de Energía, Daniel Cameron. En la misma figuraba un desvío de 349 millones de dólares en el contrato de Cammesa y de 137 millones en el caso de Albanesi. Según pudo saberse, Cameron habría rechazado la nota y ordenado eliminarla.

    En este punto Bullrich señaló: “Esto sería grave no sólo porque Cameron lo sabía y, al no hacer nada al respecto, apañó un hecho corrupto, sino porque estamos refiriéndonos al posible reemplazante de De Vido en caso de ganar las elecciones Cristina Fernández, y si ésta es la idea de ‘cambio’ de Cristina deja bastante que desear”.


¿Adónde van los “vueltos”?

    En base a todas esas cuestiones, el escrito presentado por el legislador solicita que se informe la nómina de funcionarios públicos involucrados en las diferentes operaciones, como así también sus declaraciones juradas. También, el contenido de las Notas Oficiales intercambiadas entre el ENARGAS, la Secretaría de Energía y demás organismos y empresas involucrados en la negociación por las adjudicaciones de las citadas obras.

    El Diputado remarcó que además se exigió detallar las medidas implementadas y las que se implementarán para solucionar las irregularidades detectadas, pues, “¿cómo se explica que en marzo pasado, en medio de acusaciones por pago de sobornos y sobreprecios, se realizó una revisión del presupuesto total, reduciéndolo de 3.239 millones a 2.347 millones de dólares?. ¿Cómo se puede producir un error de cálculo de 900 millones de dólares?. ¿Cómo puede ser que el contrato con Odebrecht siga intacto?”.

    Finalmente, Bullrich sostuvo que “esta mecánica de sobreprecios encubiertos, adjudicaciones cartelizadas y ausencia de control en las obras públicas hace que miles de millones de pesos esperan saber si terminarán en el bolsillo de algún corrupto, en lugar de atender las tantas necesidades sociales de nuestro país”.

    El legislador de RECREAR había presentado también hace poco un pedido de informes acerca de la discrecional entrega que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández –utilizando una vez más discrecionalmente sus “superpoderes”-, hizo de casi 40 millones de pesos a la agencia oficial Télam, con la justificación de utilizar esa suma en “gastos corrientes”.

    Sabido es por todos que esos “gastos corrientes”, antes que ser aplicados a la provisión de bolígrafos, resmas de papel, hojas de computación, clips y bandas elásticas, entre otros adminículos, estaban destinados a cubrir ampliamente la campaña y los actos de la candidata presidencial del oficialismo.

    De allí que el diputado Bullrich parece haberse constituido en una especie de Freddy Krüger en las pesadillas que acosan, en medio de tantos hechos de corrupción y uso y abuso discrecional de los fondos públicos, a los observados funcionarios de diversos estamentos del gobierno.

Carlos Machado