Ninguna novedad: las estafas piramidales se vienen multiplicando en todo el país, sin solución de continuidad. Una tras otra.

Ayuda la tecnología, merced a ostentosas app que se dejan ver en las tiendas de los celulares y las redes sociales que acompañan la movida.

Sin embargo, en el fondo es más de lo mismo: el viejo y conocido esquema Ponzi. Aquel que asegura ganancias para unos pocos que están en la cima y nada más. Todos los demás, los que están debajo, pierden todo.

Es una cuestión matemática. No hay manera de que funcione la cosa, básicamente porque el dinero no se multiplica porque sí. La plata que se deja ver en un principio es gracias a los nuevos incautos que van ingresando. Pero ello concluye en algún momento. Y, sin nuevos fondos, no hay ganancia para nadie. Solo pérdidas.

Uno viene revelando este tipo de timos desde hace más de 25 años, con desigual suerte. En algunos casos se logró desactivar puntuales estafas por completo; en otros, no se consiguió mover el amperímetro.

Lo que sorprende ahora mismo es que los engaños se multiplican rápidamente: no termina de morir uno y aparece uno nuevo. Ganancias deportivas, Intense Live, Omega Pro, Our Ranch, Polaris, Goods Ranking, Brand Artisan, etc. Todos sistemas que se mueven al margen de la ley.

Entonces aparece la pregunta obvia: ¿Por qué el Estado no hace nada de nada al respecto y deja que tantos estafadores sigan impunes?

Hay mucho por hacer, y solo puede hacerse a nivel estatal. Jueces, fiscales, la propia AFIP… ¿por qué siguen todos impávidos ante la multiplicación de estafados, que se cuentan por miles y miles?

Incluso, el Estado bien puede hacer una cabal campaña de información en los medios para alertar sobre posibles fraudes. No es nada complicado, porque son casi calcados los mecanismos entre sí.

Entonces surge otro interrogante, acaso más inquietante: ¿Será que no le interesa al propio Estado defender los intereses de sus propios ciudadanos?

Se insiste: hay miles y miles de damnificados, cuyas economías han quebrado literalmente, porque han puesto la plata que no tenían en esas firmas, apostando a multiplicar sus fondos.

En Mendoza, por caso, el daño que provocó Ganancias Deportivas es superlativo, y afectó la economía general del departamento. Por obvios motivos.

Así y todo, allí hay un valiente fiscal llamado Javier Giaroli, que se animó a avanzar contra todo y contra todos. Pero es la excepción a la regla.

En todo el resto del país parece no haber nadie más que se anime a hacer lo propio. ¿Cómo se explica? ¿O es que los funcionarios judiciales son parte de la misma estafa?

Los engaños siguen avanzando, surgen nuevos y superan a los anteriores, incluso en ingenio. Por ahora, se puede trabajar en pos de desactivarlos. Pero en el futuro todo promete descontrolarse.

Entonces… ¿No sería hora de tomar cartas en el asunto?