Cuando el 29 de agosto de 1994, fue asesinado el subcomisario Jorge Gutiérrez, Pedro Klodzyck, entonces jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, aseguró que dicha muerte había sido un accidente ”in itinere” (es decir, yendo del trabajo a su casa) y aprovechó la oportunidad para minimizar toda posibilidad de que se tratara de un crimen vinculado a “temas delicados”. 

El comisario Jorge Piazza fue el primero en rebelarse contra la propia dirigencia e impulsar la rectificación de las palabras de Klodzyck. 

En un expediente elevado en febrero de 1998, Piazza asegura: ”...existen algunos elementos que valorados pueden ser causal de un cambio de acto resolutivo”.

Poco después, el 23 de marzo del mismo año, se conoció la respuesta al pedido de Piazza: la intervención civil de la Policía Bonaerense dio lugar a su solicitud y quedaron desacreditados los dichos de Klodzyck. Lo que Piazza no sabía es que había dado nuevo impulso a los engranajes de una maquinaria que muchos no querían que funcionara: la investigación de la “aduana paralela”.

No era un tema menor. La aduana, las drogas y el contrabando iban de la mano del nombre de altos funcionarios del gobierno y la policía y era una cuestión que ya le había costado la vida al subcomisario Gutiérrez en 1994.

Piazza no imaginó jamás que la muerte volvería para buscarlo a él en febrero de 2003, a dos días de tener que declarar sobre la muerte de su ex colega.

Y es que pocos se habían percatado de que en el marco de esta misma causa aparecían otras muertes que habían pasado desapercibidas:

-El despachante de aduana José Luis Gussoni, que en 1994 había denunciado irregularidades en el Sistema Informático María (SIM) falleció en enero de 1997 en extrañas circunstancias. Su auto se había incrustado debajo de un camión en plena Panamericana. Según testigos, le habían cortado los frenos.

-José Micuccio había muerto mucho antes, en noviembre de 1991, también de manera confusa. Era jefe de la sección Registros de la Aduana de Campana, donde años más tarde se iba a descubrir un ilícito monumental: bolsas de cemento en lugar de bombas hidráulicas, orgullo de la industria nacional.

-En diciembre de 1990, el juez federal Roberto José Marquevich encontró muerto al Brigadier Rodolfo Etchegoyen de un tiro que le atravesó la cabeza en su estudio de la calle Arroyo 845 PB.

Los familiares y amigos de Etchegoyen insisten en que el ex Administrador de Aduanas había realizado importantes investigaciones para detectar el tráfico de drogas y lavado de narcodólares en las aduanas argentinas, inspeccionando sorpresivamente los depósitos fiscales de EDCADASSA, empresa atribuida al extinto Alfredo Yabrán.

La investigación de Gutiérrez estaba centrada en la actividad de un depósito fiscal privado, llamado ”Defisa”. Dicho depósito estuvo vinculado a los escándalos del tráfico de armas y la mafia del oro. No era casual.

Su propia esposa aseguró, luego de su muerte: ”Jorge me decía que le llamaban la atención los movimientos del depósito lindante con la comisaría. Me aclaró ‘averigüé quiénes eran y son de la federal’.”

El nerviosismo de Gutiérrez era realmente entendible: luego de su muerte se encontraron anotaciones de propio puño y letra del subcomisario que demostraron que estaba preparando una operación en la que esperaba encontrar drogas. Marihuana o cocaína son las palabras que pueden leerse en sus manuscritos.

Y algo peor: Gutiérrez esperaba encontrarla dentro de automóviles.

Casualmente, el 14 de septiembre de 1994 —quince días después de que lo mataran— 980 vehículos importados que tenían como destino original el depósito fiscal investigado por el subcomisario (Defisa), fueron desviados sin causa justificada hacia Dorrego y Libertador, una zona controlada por un ex represor llamado Carlos Gallone, alias “el Duque”, un siniestro personaje sobre el que nos detendremos más adelante.


Nombres de peso 

Cualquier persona que se decida a analizar los pormenores de la muerte del subcomisario Gutiérrez podrá percibir una extraña sombra de negligencia e ineficiencia a la hora de investigar judicialmente el tema. Asimismo, le llamará la atención la cantidad de esfuerzos y dinero que asignó la propia Policía Federal a efectos de defender al principal acusado del homicidio, Daniel ”Chiquito” Santillán.

Los más importantes testigos de la causa fueron amenazados y amedrentados impunemente para que cambiaran su declaración, mientras que la cúpula de la fuerza policial atenuaba la gravedad de lo sucedido, afirmando que había sido un “accidente”.

El propio comisario Piazza encontró grandes escollos a la hora de tratar de re-investigar la muerte de Gutiérrez.

Sin embargo, no debemos extrañarnos por tanta preocupación por parte de gente de gran poder político y policial. A continuación veremos por qué.

Decíamos que el fallecido subcomisario Gutiérrez investigaba los pormenores del funcionamiento del depósito fiscal Defisa. En torno a dicho depósito giran algunos detalles que llaman la atención:

-Desde 1993 y hasta el año 1995, Defisa ha funcionado de manera irregular, ya que carecía de habilitación para funcionar. En ese mismo perí­odo, justamente, fallece Gutiérrez.

-A pesar de no tener habilitación, Defisa contó durante años con custodia de la Policía Federal y con guardas designados por la Aduana.

-Osvaldo Ferrer y Sergio Gritti, asesores del entonces administrador de Aduanas, Gustavo Parino, antes de ser nombrados funcionarios públicos habían tenido vínculos con Defisa y algunos de sus directivos.


El oro y el moro 

Cuando se suscitó el público escándalo por los reintegros a la exportación de oro y se conocieron los pormenores de lo que después de conocería, justamente, como la “mafia del oro”, la comisión encargada en el Congreso Nacional de investigar los temas de la “Aduana paralela” entrevistó a una de las personas más importantes en el tema: la Dra. Rosa García, quien en enero de 1997 reveló algo que dejó a más de un legislador con la boca abierta: los funcionarios que más se preocuparon por el pago de los reintegros a las exportaciones de oro eran Gustavo Parino, el mismísimo administrador de Aduanas y su principal asesor, Osvaldo Ferrer.

En medio de la charla, un legislador preguntó a García si el oro podía tener canal verde —es decir, la posibilidad de que no fuera controlado por funcionarios de Aduana—, lo cual fue respondido por la funcionaria textualmente: ”Podía y tenía. Me decían (Parino y Ferrer) que era un control selectivo”. 

Las deficiencias de la Aduana ya eran un secreto a voces. El 14 de marzo de 1999, el diario Clarín se hizo eco de un pedido de informes que la Cámara de Diputados había enviado al Poder Ejecutivo para saber si —como sospechaba un grupo de legisladores— existía un corredor libre en el puerto de Buenos Aires que facilitara el contrabando y el ingreso de drogas al país ante la falta de controles aduaneros adecuados.

Y es que se demostró que en un año, el 95 por ciento de la mercadería importada de Colombia no había sido revisada por la Aduana de Buenos Aires.

Mientras tanto, la DEA —organismo norteamericano encargado de controlar el tráfico de drogas— señalaba graves fallas en el sistema en un extenso reporte.


Narcotráfico... no investigar 

Habían pasado 5 años desde que un grupo de agentes de la SIDE comenzara una exhaustiva investigación sobre un presunto narcotraficante de apellido Solano que, casualmente, tenía un Depósito fiscal en la zona de Barracas, en Capital Federal. Muy cerca del depósito fiscal que investigaba el subcomisario Gutiérrez en 1994.

El último informe elevado por los agentes de la SIDE a sus superiores hacía referencia a la empresa de seguridad que custodiaba el depósito fiscal de Solano, llamada Self Security y cuyo titular es el mismo que en el caso de Defisa SA.

El dossier detalla los últimos movimientos de los agentes de Inteligencia:

"Se concurre nuevamente al depósito ubicado en el barrio de Barracas, con la finalidad de poder lograr infiltrarse, observar los movimientos, como así también poder intentar ver el contenido de los contenedores que se encuentran en el lugar" 

"En el lugar se detecta la presencia de personal de vigilancia de una empresa privada. Sobre el uniforme de los guardias, el nombre de la agencia; "SELF SECURITY". 

"Lo único que se puede llevar a cabo, es efectuar una observación sin poderse lograr ingreso al depósito". 

REUNION CON PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD FEDERAL. 

-"Por favor averiguame quién es el dueño de SELF SECURITY" 

-"Que pasa lo están investigando a "El Duque"? 

-"No sé a quien te referís, me pidieron por un trabajo de narcotráfico, tengo buena banca para hacerlo". 

-"Mirá, si estas trabajando al Comisario Carlos GALLONE; tené cuidado porque anda con un tal Solano.

Nosotros hicimos hace unos años atrás un trabajo en Europa, pero a éste Solano nunca lo pudimos voltear, mejor dicho, no nos dejaron. Pensá que "El Duque", merquero, es uno de los "pollos" del Coti Nosiglia. Pero si a vos te parece que tenés banca; anotá, te paso los datos que tengo: Saenz Peña 352 5° piso, teléfonos 4383-2303/7154". Que tengas suerte. 

REUNION EN CONFITERIA DE AVDA. LIBERTADOR Y AVDA.BULRRICH. 
(con Personal Superior de la SIDE) 

-"Bueno señor me encuentro con un dato realmente inusitado; el ex Comisario Carlos Gallone le da seguridad al depósito de la zona de Barracas, y me fue imposible infiltrarme". 

-"Querés un café"....Bueno, escucháme bien; olvidate de éste trabajo. Si tenés algún gasto pasámelo que yo ya te lo pago. Pero te olvidas de todo, porque no solamente te van a voltear a vos, sino que corro riesgo también yo." 

Esta parte del informe –que es aún más extenso- nos posiciona sobre la persona de Carlos Gallone, ex represor que posee una agencia de seguridad que custodia depósitos fiscales.

Casualmente, dos de los depósitos vigilados por él han estado vinculados al tema drogas.

Según varias fuentes, Gallone sería un protegido del Coti Nosiglia a quien acompañó en su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Como si todo esto fuera poco, existen varios datos que al cruzarse conducen también a la persona del extinto Alfredo Yabrán, otro personaje relacionado al mundo de la droga y lavado de dinero.


Piazza, paredón y después 

A pesar de los extraños dichos de la familia del comisario Piazza acerca de que su muerte sería producto de un vulgar robo, los 40 pesos que Norma Romero, su mujer, le había dado, permanecían en el bolsillo de su pantalón.

Por otro lado, los peritajes determinaron que a Piazza lo obligaron a arrodillarse antes de fusilarlo: demasiada saña para un simple robo.

Lo que sí es seguro es que la jueza Marcela Garmendia venía reuniendo testimonios desde octubre del 2000 para reabrir el expediente sobre la muerte del subcomisario Gutiérrez.

Antes de aparecer muerto, Piazza se había reunido con el subcomisario Marcelo García, en La Plata. La intención de García era la de poder contar con su testimonio.

Mientras tanto, la viuda de Piazza asegura que ”todos quieren sacar rédito de lo que pasó, pero que no cuenten conmigo”, agregando que quiere ”que la investigación siga en La Plata. Que no la trasladen. Acá sé cómo investigan. Están los amigos de Jorge”.

Sabias palabras de una mujer que sabe más que lo que dice.