Toda, toda, toda la expectativa de la política está puesta en la reunión que mantendrán puntuales referentes de Juntos por el Cambio con Martín Guzmán el martes 18 de enero, el mismo día que Santiago Cafiero se reunirá con el secretario de Estado de EEUU. Y que se cumplen 7 años de la misteriosa muerte de Alberto Nisman.
Todos tienen claro, de un lado y del otro, qué es lo que se hablará en ese encuentro. Pura “sarasa”, condimentada con algún que otro número para que parezca que hay un atisbo de racionalidad.
El Frente de Todos buscará el respaldo de la oposición para poder mostrarle al FMI que hay concordia y comunión entre unos y otros. La oposición, por su parte, tratará de que “le metan el perro” lo menos posible. Será como en cuento del rey desnudo: todos saben que no lleva ropa, pero nadie dirá nada.
No obstante lo dicho, más allá de que se llegue o no a acordar con el FMI, lo importante es achicar el déficit, que es sinónimo a reducir el gasto público. Es lo que pedirá aquel organismo, deseos que van a contramano de los planes del kirchnerismo de paladar negro. Que busca emitir dinero como nunca durante 2022, para llenar bolsillos y saciar necesidades.
Ello termina provocando la consecuente disparada inflacionaria, que termina perjudicando a los mismos a los que se busca ayudar.
Como sea, si no logra congeniar con el Fondo, la Argentina terminará en el peor de los mundos: el tan temido default. Con todo lo que ello implica. Literalmente, quedar afuera del mundo.
Entretanto, mientras se discute lo “importante”, en otro lugar del país se cocina un escándalo de narcotráfico de alto vuelo que intenta tapar la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A raíz de la detección de movimientos sospechosos por parte de una aeronave piloteada por Eduardo Juliá y Claudio Burgueño, registrándose como pasajeros a Gustavo Juliá y Pablo Seitun.
Se trata de los mismos que resultaron condenados en España por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en el año 2011. Los tristemente célebres “hermanos Juliá”, hijos de un brigadier de la Fuerza Aérea que supo facilitarle negocios narcos a Alfredo Yabrán en los años 90.
Lo curioso es que en un hecho y el otro —en 2011 y 2021— aparecen de turno los mismos oficiales de la PSA. Con 10 años de diferencia.
Uno de ellos es el comisionado mayor Gonzalo Martínez, hoy jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (URSA) IV del Litoral, de donde depende la UOSP Sauce Viejo.
El otro es el comisionado General Maximiliano Lencina, jefe de Región I del Este —en aquel entonces jefe de Martínez— y hoy director del Centro de Análisis de Comando y Control.
El vuelo que está a punto de generar un nuevo escándalo salió de Morón el 27 de diciembre de 2021 con destino Sauce Viejo, Santa Fe, para posteriormente reaprovisionarse de combustible, emprendiendo ruta hasta el aeródromo (no controlado) de Rosario de la Frontera, Salta.
El regreso fue realizado en forma inversa, retornando el 29 de diciembre, empleando la ruta Rosario de la Frontera-Sauce Viejo-Morón. Una ruta narco “de manual”, “liberada” por la PSA en la zona de Sauce Viejo, donde los uniformados aeroportuarios deberían ejercer el oportuno control.
Acaso si algún fiscal se interesa en investigar este escándalo, sepa que la aeronave utilizada fue un Piper PA31-350 Chieftain, matricula LV-MZR.
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