A esta altura, pocos dudan de la complicidad oficial en el envío de drogas a España. No solo porque los hermanos Juliá movieron narcóticos a lo largo y ancho del país durante años sin que nadie se percatara de ello, sino por la “laxitud” de los controles con los que contaron en cada una de las postas que hicieron.

Por caso, se supo en las últimas horas que Gustavo Juliá habría ofrecido garantías para sacar droga del país “sin preocuparse por los controles” tanto al colombiano John Wilson Díaz Vélez como al argentino Daniel Amitrano.

A eso deben agregarse sus anteriores dichos, efectuados cuando supo que su detención sería inminente. Allí, Juliá dijo a su hermano Eduardo y a su copiloto Matías Miret una frase reveladora: ”Se ve que en algún lugar hay alguien con más banca que yo”.

Si a esos comentarios, se suma el dato de que el allanamiento a las oficinas de Medical Jet demoró casi cinco días —lapso que permitió a los responsables del hecho borrar todos los datos de las computadoras secuestradas—, no hay dudas de que la protección a los Juliá proviene de lo más granado del poder.

Por lo pronto, la justicia ha confirmado a Tribuna de Periodistas que el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania estaría investigando el Jefe del Dpto. Narcotráfico de la Aduana, Diego Pérez Escobar, por haber hecho caso omiso al alerta que la Aduana española habría formulado en noviembre de 2010 a su par argentina, con respecto a las actividades de los hermanos Juliá en las operaciones de narcotráfico entre ambos países.

También se estaría investigando a la Jefa de la Aduana de Ezeiza, Andrea Muñoz, y a su "asesor" Carlos Mechetti, sobre por qué razón no revisaron el avión que llevó los 944 kilos de cocaína.

Des-control aeroportuario 

En el día de la fecha, diario La Nación ha mostrado cabalmente cómo en el aeropuerto de Morón reina el descontrol sobre las aeronaves que allí reposan. Hay que recordar que los investigadores judiciales sospechan que en ese predio se armó la carga de narcóticos descubierta en Barcelona.

“Una situación poco normal es que ese predio tiene un sector militar que desde junio de 2009 fue categorizado como base aérea por el Ministerio de Defensa, y un área de exclusivo uso civil, en la que operan, en especial, escuelas de vuelo. La ANAC impulsó que Morón fuera utilizado por empresas aerocomerciales, en un intento por crear un polo de transporte de carga aérea. Pero en tanto habilitaba su uso a aviones como el Challenger 604 de los Juliá, no cursó aviso del cambio de estatus aeroportuario a la PSA. En consecuencia, esa pista quedó liberada de controles policiales.

La ANAC, dirigida desde agosto último por Alejandro Granados, hijo del intendente de Ezeiza y amigo de Diego Armando Maradona, cuya relación acercó al ex técnico del seleccionado a la Casa Rosada, entrega un ‘permiso precario’ para el uso de las instalaciones del aeropuerto de Morón a las empresas que entregan una serie de documentaciones, entre las que se incluyen los datos constitutivos de la sociedad, los balances, la fotocopia de ingresos públicos del último año y datos sobre sus principales clientes.”

En tal sentido, fuentes aeronáuticas han confirmado a La Nación que los hermanos Juliá pidieron en octubre “el uso de Morón”. También afirman que la base de operaciones de Medical Jet siempre fue el aeropuerto de San Fernando.

Ese cambio repentino, de un aeródromo a otro que no ostenta vigilancia policial, podría ser una de las claves para entender el patrón con el que se realizó el contrabando de drogas.

Por lo pronto, el silencio oficial sigue siendo llamativo. Todas las sospechas apuntan a un posible temor gubernamental respecto a las nuevas revelaciones que prometen hacerse públicas en las próximas horas desde Barcelona.