El síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero, rechazó el pasado 23 de agosto, un pedido de acceso a la información pública, solicitado por el abogado José Magioncalda, que tenía como fin el acceso a las actuaciones administrativas derivadas de una denuncia que el mismo letrado había presentado a fines de 2018, contra Sergio Massa.

En las actuaciones que la SIGEN se propone ocultar, aún se está investigando -según lo informado por el ente de control- si el actual ministro de Economía, entre 2017 y 2018, percibía haberes como docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y, no obstante ello, no concurría a dar clases.

Según admite Montero en su respuesta, la Oficina Anticorrupción remitió las actuaciones a la SIGEN a fin de que diera intervención a la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Y luego, examinado lo actuado por la citada Unidad, la SIGEN solicitó en diversas ocasiones información complementaria, la que una vez obtenida y analizada fue enviada con el Expediente a la Oficina Anticorrupción. Posteriormente, dicha Oficina devolvió el expediente a la SIGEN, como consecuencia de lo cual se dio una nueva intervención a la Unidad de Auditoría Interna.

En definitiva, demasiadas idas y vueltas, durante más de tres años y medio, para verificar si Sergio Massa percibía haberes y si cumplía con su labor docente. Sin lugar a dudas, la investigación debería haber finalizado hace tiempo y es, justamente, el hecho de que no haya finalizado, la excusa que esgrime la SIGEN para no hacer público el contenido de la misma.

Ahora bien, más allá de que proceda o no el acceso al expediente, cuestión que podrá dilucidarse en la Agencia de Acceso a la Información Pública o en la Justicia, la realidad es que Sergio Massa, en función del rol institucional que cumple, podría brindar aclaraciones públicas sobre la acusación, cosa que nunca hizo, ni parece que tenga intenciones de hacer ahora.


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