El sector salud argentino se conforma de unos 1.500 hospitales públicos y 4.000 clínicas y sanatorios privados, a los que se suman unos 20.000 centros de análisis clínicos e imágenes. Los profesionales médicos llegan a 200.000 y una cantidad similar de enfermeros. En general, tanto médicos como enfermeros suelen combinar su trabajo en el sector público con la práctica privada. Estos números señalan que el sistema de salud argentino es mixto y el sector privado (empresas de medicina prepaga, centros de análisis clínicos e imágenes, clínicas y sanatorios, médicos y enfermeros) tiene un rol protagónico.

Durante la pandemia, los precios de la medicina privada se congelaron parcialmente. Ante los reclamos, en el 2021 la Justicia ordenó al gobierno definir una fórmula de ajuste de precios acorde a los costos del sector. Esto llevó a implementar desde agosto del 2022 el “Índice de Costos de Salud”. Como este índice dio en el 2022 aumentos superiores a la inflación, la vicepresidenta de la Nación dijo, por Twitter, que esto era inaceptable. La reacción fue cambiar la fórmula por otra que toma el 90% de la variación del RIPTE (índice que mide la variación observada en los salarios y es con el que se ajustan las jubilaciones).

¿Cuán fundado y pertinente es el tuit de la vicepresidenta? Quien responde el interrogante es el Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (IDESA), sobre la base de evidencias aportadas por el Ministerio de Salud dicen que:

• Entre el 2020 y 2021, años de la pandemia, los precios de la medicina privada crecieron 62% cuando la inflación fue del 105%.

• En el 2022, los precios de la medicina privada se ajustarán 114% cuando la inflación será del 100%.

• Esto implica que los precios de la medicina privada perdieron en los últimos tres años un 15% en términos reales debido a la inflación.

Estos datos muestran el grueso error que se comete cuando las políticas públicas ignoran las evidencias. La información oficial señala que los precios de la medicina privada todavía no recuperaron la pérdida ocurrida durante la pandemia. Esta fue una instancia particularmente traumática que obligó a redoblar esfuerzos para hacer frente a las dos olas de covid y compensar precios de insumos que subían a tasas de tres dígitos con honorarios y aranceles médicos congelados, primero, y retrasados, después. El aumento por encima de la inflación de este año sólo compensaba parte de lo perdido en la pandemia.

Con la nueva fórmula que emergió luego del tuit de la vicepresidenta se profundiza el desfinanciamiento de la medicina privada. Establecer que los precios se actualizarán a razón del 90% de la variación salarial implica que los honorarios de los médicos y del personal de la salud crecerán sistemáticamente por debajo de los salarios del resto de la población. Este absurdo tiene un alto impacto en las clínicas y sanatorios donde el costo laboral representa el 75% del costo total. Con honorarios y aranceles médicos retrasados es previsible el deterioro de la calidad médica. El desfinanciamiento se compensará con más demoras en los turnos y aumentos de copagos. Regular en base a la demagogia y no a las evidencias perjudica a la población porque desorganiza el sistema de atención médica y desmotiva al personal de la salud.

Las desavenencias en la medicina privada son otro reflejo de las consecuencias sociales de tener un sector público mal organizado y peor gestionado. En Argentina se entiende que los hospitales públicos se financian con impuestos para atender a la gente sin cobertura de un seguro de salud. Quienes tienen o tuvieron durante su vida activa un empleo formal acceden a la cobertura de una obra social con financiamiento de los salarios. Pero como ambos sistemas –en general– funcionan mal, mucha gente hace un esfuerzo adicional para pagar una prepaga. La novedad es que ahora, a la mala administración de los hospitales públicos y la deficiente regulación y control de las obras sociales, se suma una política de desfinanciamiento que lleva también a la degradación de la medicina privada.

Una luz de alarma es que en los hospitales públicos y en las clínicas y sanatorios privados no se logran ocupar todos los cupos disponibles para residencias médicas. Especialidades críticas, como pediatría y medicina general, no tienen suficientes residentes. Esto preanuncia que dentro de unos años faltarán médicos. Esta es otra de las manifestaciones de los daños que provocan políticas oportunistas y demagógicas.