El caso de ESCO SA es uno de los más curiosos e interesantes de los últimos tiempos, al menos a nivel periodístico. Se trata de una empresa dedicada a planes de capitalización y ahorro, que acumula a lo largo de los últimos años varias docenas de denuncias, por todo el país.

Incluso el señalamiento de puntuales asociaciones de defensa del consumidor, de diferentes provincias. Hasta Defensa del Consumidor de Salta elaboró un comunicado acusando a esa empresa —y a otras del ramo— por la gran cantidad de denuncias que acopian.

En Córdoba, incluso, fueron condenados en 2008 por fraude laboral. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia los encontró responsables de conformar un “contrato de agencia fraudulento”.

A pesar de todo ello, los tipos juran que son un grupo de maestras jardineras, que no hacen nada malo ni ilegal. Argumentan que la culpa es de los que utilizan su nombre. Pero ello es falso.

Porque, salvo casos muy específicos, la empresa sabe firmar explícitos contratos con aquellos que trabajan en su nombre. Muchos de ellos son los que terminan estafando a incautos por doquier. Ergo, la firma ostenta una “responsabilidad solidaria”, como lo determinó la Justicia cordobesa.

El caso de Mendoza es acaso uno de los más emblemáticos a ese respecto: esa provincia acumula cientos de estafados por dos personajes que venden planes en nombre de ESCO SA.

Lo hacen desde hace años:  entonces, ¿cómo es que la empresa jamás los ha intimado por sus trapisondas? ¿Por qué no les mandó siquiera un correo electrónico?

Esta misma semana, Tribuna de Periodistas publicó un artículo periodístico contando los curros de ESCO en Mendoza. En menos de 24 horas la firma envió una intimación a este medio exigiendo eliminar la nota de marras, amenazando con una acción judicial.

“La empresa cuenta con más de  40 Años en la actividad de administración de planes de capitalización y ahorro, y ejerce dicha actividad con el control estatal permanente de la IGJN”, sostuvo el firmante de la intimación, el abogado entrerriano Matias Bernardo Schweizer.

¿Cómo se entiende semejante rapidez para intimar a un medio de comunicación en contraste con la inacción ante los cientos —acaso miles— de timadores en todo el país?

¿O alegarán que jamás vieron las páginas de ESCO donde se hacen promociones imposibles, con testimonios de personas que no existen?

Lo que nadie ha dicho hasta ahora es que ESCO SA es una gran banda que pertenece a 8 médicos. El jefe es un hombre llamado Sergio Lifschitz, de raigambre marroquí, a la sazón dueño de un conocido frigorífico de María Grande, Entre Ríos, Merco Meat SA.

Al frente del directorio de esa empresa, sospechada de actividades ilícitas, figura un testaferro llamado Gustavo Lobo.

Lifchitz, a quien consideran un “segundo Yabrán” en Entre Ríos. cobró relevancia en 2002 cuando apareció en una nómina con un permiso a su favor para sacar del corralito algo más de 3 millones de dólares del Banco Nación de Paraná.

Luego de lo antedicho, de más está decir que este portal sostiene lo publicado oportunamente, ya que cuenta con las fuentes que respaldan todo lo revelado. Y más.