La propuesta de eliminar la coparticipación genera un natural y saludable encuentro de visiones contrapuestas. Por un lado, apareció el enfático rechazo a la eliminación de la coparticipación por parte de líderes políticos que llevan mucho tiempo gobernando las provincias más atrasadas y beneficiadas por el régimen vigente. Esto no sorprende tratándose de dirigentes que se sostienen en el poder gracias a un esquema que les transfiere una enorme masa de recursos de manera arbitraria. Por otro lado, aparecieron opiniones con fundamentos más académicos argumentando la necesidad de mantener un régimen de coparticipación a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

Este planteo parte de la idea de que todos los habitantes de la Nación argentina deben tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, independientemente del lugar en el que hayan nacido. En pos de esta meta se considera que es necesario redistribuir recursos públicos a través de la coparticipación para que todas las provincias tengan la posibilidad de brindar similares servicios sociales (educación, salud, vivienda, etc.).

Hace 34 años que rige la actual ley de coparticipación. ¿Cuáles son los resultados? Un informe del Instituto de Desarrollo Social de Argentina (IDESA) basado en datos del Ministerio de Economía y de Salud observó que:

• Las provincias del norte reciben de coparticipación un 58% más que el promedio.

• Las provincias del norte tienen 18% más empleados públicos por habitantes que el promedio de todas las provincias.

• Las provincias del norte tienen 18% más de mortalidad infantil que el promedio.

Estos datos muestran que uno de los principales destinos a los que se asigna la mayor coparticipación es a expandir el empleo público de muy baja productividad. Que la tasa de mortalidad infantil sea sustancialmente más alta que el promedio del país después de tres décadas de aplicación del actual régimen de coparticipación, es una evidencia de que los recursos se usan para financiar empleo público con fines clientelares, más que para promover la igualdad de oportunidades.

Proponer mantener la coparticipación no es una política solidaria con las regiones más pobres. Todo lo contrario. Es sostener un esquema que promueve la baja calidad de las instituciones políticas y económicas que son la principal fuente de atraso de las provincias pobres. La degradación institucional proviene del uso clientelar de fondos públicos que la coparticipación permite y promueve. Por eso, es una ingenuidad plantear que los resultados serían diferentes si estas provincias tuvieran mejores gobiernos. Porque los malos gobiernos son el resultado de los malos incentivos que genera la coparticipación.

El 60% de la población y el 70% del PBI del país se localiza en cuatro jurisdicciones: Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Para estas jurisdicciones y varias de la zona central y de la Patagonia es viable financiarse con los impuestos que recauden de sus habitantes. No necesitan la coparticipación. Las zonas más atrasadas –donde eliminar la coparticipación pondría en riesgo el sostenimiento de los precarios servicios públicos que actualmente disponen– se integran por muchas provincias relativamente pequeñas. Para ellas, que no representan más de un cuarto del total del país, junto con la eliminación de la coparticipación se contempla un Fondo de Convergencia. Esto les garantizará el financiamiento para sostener sus actuales servicios. La diferencia respecto a la coparticipación es que el Fondo de Convergencia no es un “cheque en blanco”, sino una transferencia condicionada a un plan que tienda a achicar las brechas de desarrollo regional a los fines de tender a la igualdad de oportunidades.

La coparticipación solo puede ser defendida para preservar intereses espurios o por falta de entendimiento de cómo funciona el Estado. Eliminarla no solo es necesario sino también posible. Incluso temas operativos, como por ejemplo la conveniencia de mantener centralizada la recaudación de impuestos, tiene resolución acordando que la AFIP siga siendo el ente recaudador por cuenta y orden de las provincias.