El hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, despertó viejas suspicacias en la política. Y encendió los consiguientes temores.

Básicamente por lo que implica la intrusión en la vida privada de los ciudadanos, que ven acabar de pronto con todo viso de intimidad, un derecho garantizado por la Constitución Nacional.

A esta altura, nadie sabe precisar quiénes y cómo hicieron para hurgar en el aparato del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Aparecen certeras sospechas, sí, pero ninguna precisión concreta.

Ello ha llevado a trazar hipótesis de lo más diversas y disparatadas, que llegan a rincones impensados, con agentes de la inteligencia militar involucrados presuntamente en el hecho. Es lo que dicen algunas crónicas periodísticas, principalmente de diario Clarín y La Nación.

Hacen referencia allí a “asesores” de Agustín Rossi dentro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que ostentan pasado militar de la época de César Milani, cuando este era el mandamás del espionaje en el Ejército Argentino, entre 2013 y 2015.

En puntuales notas periodísticas, aparecieron sobre el tapete los nombres de Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román, a quienes Rossi reconoció —con incomodidad— como asesores suyos dentro de la exSIDE.

Lo que no dijo es que su primo Sergio Aníbal Rossi, quien ingresó en 2019 al Ministerio de Defensa de la Nación, maneja junto a Milani la parte más sensible de la inteligencia en la AFI.

Milani, con el aval del primo de Rossi, creó una unidad de especialistas en ciberseguridad, bajo el amparo de la creación de los centros de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, integrado por expertos que tomaron cursos de “ethical hacking”, desde el básico hasta el más avanzado.

Estos especialistas, que en la época de Milani trabajaban en el séptimo piso del Edificio Libertad del Ejército —a órdenes de otros militares de carrera—, en lugar de efectuar misiones y funciones típicas de los centros de ciberdefensa, se dedicaron a efectuar técnicas de hackeo a pedido del propio Milani, vía correo electrónico y métodos similares.

Con ese mar de fondo, Rossi llegó a la AFI para desplazar a Cristina Camaño —la misma que venía a desterrar los “sótanos de la democracia”— y, por consejo de su primo, empezó a rearmar esa vieja estructura, merced a los dos asesores reconocidos por él: los referidos Román y Gómez Riera.

Ni siquiera le hizo falta reincorporar oficialmente a los especialistas de marras, que ni siquiera están en el Ejército hoy en día. Aprovechó que la AFI dispone de la Dirección de Ciberseguridad.

Dicha estructura fue creada en agosto de 2015 por el entonces director de la AFI, Oscar Parrilli. Muchos se preguntaron entonces: ¿Por qué la creó en agosto y no en diciembre de 2014 cuando llegó? La respuesta es sencilla: porque debió esperar a que estuviese lista la nueva Ley de Inteligencia y el Estatuto de la flamante AFI que Cristina Kirchner había creado luego del caso Nisman, tras echar a Antonio “Jaime” Stiuso.

Como director, Parrilli incorporó a Héctor Casas, un ingeniero de Ventas de Cisco, y a Martín Jáuregui, un personaje de La Cámpora que se desempeñó en el datacenter de “Provincia.net” hasta 2015.

Con ellos ingresó un ejército de especialistas en ciberseguridad que estaban a la espera, en una suerte de “bolsa de trabajo”, creada por Julio De Vido. Ciberseguridad pasó a ser la “estrella” de la era Parrilli, ocupando el piso 11 del edificio ubicado al lado de la AFI, en 25 de Mayo 35, con remodelaciones millonarias efectuadas por el entonces director de Apoyo, el neuquino Flavio Riquelme, quien, dicho sea de paso, recaló posteriormente en el mismo cargo.

En 2015, Mauricio Macri ganó las elecciones y puso a su amigo Gustavo Arribas al frente de la AFI. Casas y Jáuregui debieron hacer malabares para poder permanecer... y lo consiguieron. Aún cuando Arribas había prometido limpiar la ex SIDE de personajes vinculados a La Cámpora.

Puntualmente, Casas prometió —y cumplió con— el desarrollo de teléfonos encriptados para los funcionarios del gobierno de Macri. Se trata de aparatos que son imposibles de hackear.

Sin embargo, terminó siendo eyectado poco después. Básicamente por la promesa incumplida de avanzar en un programa como el “Pegasus”, que permitiera “invadir” teléfonos y computadoras.

En su lugar ingresó el entonces asesor de ciberseguridad de Arribas, Horacio Figueroa, quien además del piso 11 de la mencionada sede de 25 de Mayo 35, logró controlar parte del predio de la Ex-CITEFA, perteneciente a las Fuerzas Armadas.

Una digresión importante: el predio de la hoy CITEDEF le fue quitado a las FFAA por decreto del entonces presidente Néstor Kirchner para dárselo a Stiuso, hoy enemigo de la causa.

¿Qué funcionaba allí? Lo que se llamaba el “Echelon” argentino. Un centro de espionaje satelital, a cargo de un ex Armada Argentina de apellido Oliva, que captaba comunicaciones de satélites.

Hoy Ciberseguridad contiene esas mismas misiones y funciones, con la gente que incorporó Parrilli de la mano de Casas en el año 2015.

Frente a lo antedicho, está claro que los asesores de Rossi que llegaron a la AFI con él tienen todo servido para revivir aquella “maravillosa” época. 

Por caso, si la Dirección de Ciberseguridad estaba entonces en condiciones de desarrollar teléfonos seguros y un software parecido a Pegasus, ¿qué le evitaría hoy efectuar el denominado ataque por “sim swapping” del cual D'Alessandro asegura haber sido víctima?

Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Como puede verse, hay mucho por investigar respecto de lo que la política suele denominar “los sótanos de la democracia”.

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