Hace unos pocos días en este mismo lugar decíamos que nadie responde a los desaguisados que terminan costándole a los argentinos miles de millones de dólares.

Las múltiples ignorancias del hoy gobernador de Buenos Aires, el hijo político de Cristina Fernández de Kirchner, le han costado al país la friolera de 40 mil millones de dólares.

Allí obviamente van los costos interminables, que siguen apareciendo como conejos de la galera de un mago, de la confiscación ilegal e inconstitucional de la compañía YPF. 

Nadie sabe, incluso, si detrás del fondo (Burford) que les compró el juicio a los testaferros de los Kirchner en esa empresa (los Esquenazi) no siguen estando los Kirchner. 

Sería el colmo de una obra maestra de la corrupción en donde el robo se habría producido al confiscar la empresa y luego cuando quien tiene los derechos de los accionistas gana un juicio no siendo otra cosa mas que un hombre de paja de los antiguos confiscadores.

También se suman los más de mil seiscientos millones de dólares que nos cayeron por la cabeza cuando un grupo de acreedores litigó en jurisdicción británica en contra del país alegando y probando que el gobierno kirchnerista había fraguado las cifras por las cuales debían ajustarse las ganancias de sus bonos para pagarles menos.

Ahora se está gestando una millonada igual o peor para el futuro. 

El BCRA y el Tesoro (la Argentina, en suma) han emitido títulos “dollar linked” directos y duales que, en conjunto, suman miles de millones. Cualquiera que asuma el 10 de diciembre unificando los tipos de cambio (medida que obviamente hay que tomar porque esta barrabasada de 15 tipos de cambio no puede continuar) hará que los pasivos remunerados del BCRA (en la porción en la que impacten esos títulos) se convertirá en una bola inmanejable de un día para el otro. Esa deuda aparece hoy reprimida por la ficción del tipo de cambio oficial. Esa es la razón por la que no quieren devaluar. Esta misma operatoria se traslada a todos los contratos “dollar linked” que están vigentes en la Argentina hoy.

Es decir, hacer lo que corresponde hacer el 10 de diciembre provocará un pasivo (por lo que está haciendo este gobierno hoy) monumental. 

Massa y sus adláteres -que están en pleno conocimiento de la jurisprudencia sentada por el juicio sobre los bonos con cupón de PBI y que pese a ello están operando tipos de cambio diferentes para contratos y títulos ajustables por el tipo de cambio fijado por el BCRA según la Comunicación A 3500- deberían ser denunciados ante la Justicia ya mismo como futuros responsables de una nueva andanada de reclamos millonarios contra el país.

El BCRA compra y paga $ 300, por agrodólares, pero ajusta aquellos títulos y contratos solo a $220. Es un caso muy similar al juicio recientemente perdido en Londres por ajuste del cupón de PBI.

Esta operación de “ajuste” debería hacerla el peronismo hoy en el poder para que las consecuencias las paguen ellos y no un gobierno recién estrenado, como ocurrió con la operación de dólar futuro que en sus últimos días hizo Cristina Fernández de Kirchner.

¿No debería algún referente de la oposición advertir sobre lo que se viene y denunciar al ministro y a las autoridades del BCRA?

Además, de hecho, existe un daño patrimonial fácilmente apreciable para las cuentas del BCRA (esto es para todos los argentinos) cuando la entidad compra dólares a $300 pesos a algunos argentinos (algunos exportadores) y los entrega a $220 a otros argentinos (los importadores). Ese quebranto es obvio y público y sus consecuencias las pagará el pueblo.

La oposición debería distraer cinco minutos su atención de la campaña y poner un freno a esta locura cuyo final, encima, ya se conoce.

La Justicia, para el supuesto caso de que una denuncia así llegara a sus manos, no debería esquivar el problema declarando que el tema “no es justiciable” (como hizo con el caso del dólar futuro).

Las cosas que la Justifica argentina declara como que no son de su incumbencia terminan siendo de la incumbencia de otros tribunales que condenan al país (por la ignorancia de estos burros) a pagar miles de millones de dólares de los cuáles nadie se hace responsable.

Esto debe pararse ahora. Debe denunciarse ahora. La discrecionalidad de manejar tipos de cambio diferentes es un caldo de corrupción que no puede durar un minuto más. No solo porque detrás de esas decisiones sin explicación se crean las condiciones ideales para beneficiar a unos y perjudicar a otros (a cambio no se sabe de qué) sino porque ya hay fallos que dicen que luego los argentinos deben pagar las diferencias que aprobaron algunos tras las oscuras bambalinas del delito y porque el torrente de deuda (por la diferencia de tripos de cambio en títulos y contratos vinculados al dólar) arrastrará aun desastre inaugural al gobierno que, con toda decencia, gane las próximas elecciones.

Las responsabilidades deben reclamarse ahora. Ya mismo.