A poco de asumir como presidente de la Nación, en el año 1989, Carlos Saúl Menem aseguró que abriría las fronteras a los capitales "de cualquier color y procedencia". Trazaba, en esa misma diatriba, un forzado paralelismo de nuestro país con España, Nación que, luego del franquismo, permitió el ingreso de dinero de toda índole, provocando que el territorio español se infestara de traficantes de diversa índole: armas, drogas, etc.

El anuncio del entonces jefe de Estado provocó el ingreso de copiosos fondos del narcotráfico a nuestro país. Es dable mencionar una verdad de perogrullo: no sólo ingresó el dinero, sino también los narcóticos, provocando una creciente "inundación" de estupefacientes que no se ha detenido hasta el día de la fecha.

Uno de los pocos que se atrevió a cuestionar a Menem fue el periodista Jacobo Timerman, quien aseguró sin pelos en la lengua que las políticas del riojano serían la "puerta de entrada para el dinero del narcotráfico".

Hoy en día, a 35 años de aquellos polémicos dichos sobre “abrir las fronteras”, Javier Milei sostuvo algo similar: dijo que “le importa un rábano” de dónde provengan los dólares que ingresen al país.

Ello, según publicó Diario La Nación, provocó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) observara con minuciosidad los instrumentos y la voluntad que tiene la dirigencia argentina para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El sistema político busca evitar que la Argentina caiga en la denominada “zona gris” de naciones calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo.

El nuevo blanqueo está delineado en el título 2 de la ley enviada por el Gobierno al Congreso bajo el título “Régimen de Regularización de Activos”. En la iniciativa oficial, tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año.

Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Y se habilita el sinceramiento de hasta US$100.000 sin ninguna penalidad. Por encima de esa cifra, la alícuota también va a ser 0% si se cumplen ciertas condiciones.

De más está decir que es un blanqueo más económico que el impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, en el que la alícuota era del 10%.