Hace exactamente cuatro días, Pedro López, secretario de Prensa de Ricardo Echegaray —titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos— entregó en mano al kirchnerista periodista Horacio Verbitsky los detalles de la indagación que la AFIP lleva adelante sobre los bienes de Francisco De Narváez (1).

Parte de lo entregado al hombre de prensa pudo leerse en el día de ayer en el oficialista diario Página/12, donde se dieron asombrosos detalles de movimientos financieros e impositivos de las empresas de De Narváez, los cuales sólo pudieron provenir de una fuente de alto rango oficial de la AFIP (2).

En el mismo sentido, en un gesto de enorme irresponsabilidad periodística, Verbitsky publicó sin evidencia alguna algunas cuestiones que rozarían lo delictivo respecto a la conducta de las empresas del candidato colombiano: "Se trataría de entes fantasma, una trama de sociedades diseñada y controlada para canalizar fondos provenientes de paraísos fiscales, sin tributar sobre estos ingresos, simulando posteriormente negocios jurídicos entre estos entes y De Narváez, a fin de procurarle ingresos para volcar a su millonaria campaña. Los gastos de la campaña serían pagados con fondos traídos del extranjero, provenientes de fideicomisos financieros radicados en paraísos fiscales, como parte de un circuito de lavado."

Como puede verse, el periodista no duda en denunciar la supuesta tipificación del delito de "blanqueo de capitales" en torno a De Narváez; eso sí, lo hace sin evidencia a la vista. No sólo no hay prueba alguna que acompañe los dichos de Verbitsky, tampoco se muestra un somero indicio del eventual delito.

Más allá de la elocuente mano kirchnerista detrás de la operación que lleva adelante el diario Página/12 en estos días, lo grave es que el mencionado funcionario Pedro López violó de manera flagrante con su conducta el "secreto fiscal" previsto por varias disposiciones legales: el artículo 101 de la Ley Nº 11.683, la Disposición 98/2009 de la AFIP y el Código de Ética creado por Disp. N° 163/07 del mismo organismo.

En un marco plagado de jueces y fiscales tan preocupados por indagar sobre supuestas irregularidades cometidas por referentes de la oposición kirchnerista, ¿le interesará a algún funcionario judicial investigar este último hecho?

El pelo en la sopa

Mientras estas líneas son escritas, siguen los conciliábulos entre Ricardo Echegaray, Eduardo Palomo, Subdirector General de Legales de la Aduana, y Pablo Aguilera, Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la AFIP y ex ONCCA. "Están buscando y removiendo expedientes por todas las áreas buscándole algún pelo en la sopa al colorado (...) Están colaborando activamente con (los jueces) Faggionato Márquez, Berón de Astrada y Aráoz de Lamadrid", admitió una importante fuente de Balcarce 50 a este periódico.

Según la indagación que lleva adelante este periódico, en la operación estarían actuando activamente la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas y la Dirección de Grandes Contribuyentes de la DGI.

Lo que pudo confirmarse a través de diversas fuentes es que los empleados del ONCCA están trabajando en el mismo edificio que la AFIP, en Hipólito Yrigoyen 370. De esta manera, Echegaray controla in situ a los empleados de ambas dependencias oficiales. "El control el total, los empleados del ONCCA están apretando a los pocos empleados honestos que quedamos en la AFIP para que operemos en favor del Echegaray", confesó con temor una fuente de ese organismo.

Lo cierto es que la operación contra De Narváez ha derivado en más complicaciones que las esperadas, motivo por el cual algunos "soldados" alineados hasta hoy con el kirchnerismo empiezan a abandonar el barco. Por caso, la primera ruptura se dio entre el propio Echegaray y la titular de la Aduana Nacional, María Silvina Tirabassi, partícipe de las primeras movidas contra De Narváez.

Es dable recordar que Echegaray es hombre de confianza de Rudy Ulloa Igor, este último ex chofer y cadete de Néstor Kirchner en épocas en que este último era prestamista usurario en Santa Cruz. Lo antedicho demuestra que la operación contra De Narváez involucra al propio ex presidente.

Pero lo más escandaloso es que Ulloa Igor posee una oficina propia en el primer piso de la Aduana —Azopardo 350— y cuenta con un oneroso cargo de asesor con categoría "T-01", lo cual le permite percibir un sueldo mensual cercano a los $ 20.000 pagado por el Estado Nacional.

Otra vez la retórica pregunta: ¿algún fiscal se interesará por indagar al respecto?

Christian Sanz

(1) Tribuna de periodistas anticipó en exclusiva en marzo de 2009 que la AFIP investigaría a De Narváez. Ver:https://periodicotribuna.com.ar/5127-la-vuelta-de-las-operaciones-politicas.html

(2) Ver http://www.pagina12.com.ar:80/diario/elpais/1-125060-2009-05-17.html