Decir que la Justicia argentina está fuertemente corrompida, es una verdad de perogrullo. Ojo, no significa esto que todos los jueces autóctonos son corruptos, sino algunos de ellos. El problema es que se trata de aquellos que ocupan fueros de relevancia como el Federal o el Contencioso Administrativo.

    Lo que pocos saben es que existe todo un sistema detrás de la designación de esos magistrados que permite digitar a los futuros ocupantes de los más importantes juzgados, a piacere de ciertos grupos de poder. De más está decir que, ese mismo "grupo", tendrá luego potestad absoluta sobre los jueces puestos a dedo.

    El sistema es bastante simple y se sustenta en tres patas: la primera tiene que ver con el titular de un estudio jurídico ubicado en Av. Córdoba 323 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del ex número 2 de la Secretaría de Inteligencia —ex SIDE—, en épocas de la presidencia de Fernando de la Rúa, Darío Richarte, quien puede jactarse de la designación de algunos de los jueces que en los últimos años han demostrado no tener ética alguna a la hora de impartir justicia. Uno de ellos es el titular del juzgado Federal Número 1 de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, un funcionario tan ímprobo que acumula casi 40 denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

    La segunda pata del sistema la aporta un importante funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, un interesante personaje que suele "visitar" juzgados con causas sensibles al gobierno de turno a efectos de presionar sutilmente a los magistrados a cargo de esas dependencias. Si algo puede decirse en favor de Fernández es que su trabajo es muy eficaz: casi siempre termina "convenciendo" a sus eventuales interlocutores.

    La tercera pata es mediática y la aportan dos conocidos mercenarios de los medios: Daniel Hadad, afecto a resolver muchos de sus conflictos a fuerza de videos y fotografías comprometedoras; y Daniel Vila, dueño del mendocino grupo Uno y acusado, al igual que Hadad, de prácticas reñidas con la ética y la ley. A estos debe sumarse Sergio Szpolski, compulsivo comprador de medios que no puede justificar su fortuna y supuesto testaferro del kirchnerismo.

    Por caso, todo lo que ha ocurrido en torno a la desinvestigación de la denominada "ruta de la efedrina" es mérito de algunos de estos personajes. Veamos el botón de muestra.

    Richarte ha sido quien hizo nombrar al juez de Campana, Faggionato Márquez; Hadad fue quien periodísticamente siguió más de cerca la causa judicial de la efedrina —de la mano del periodista Paulo Kablan, único que pudo ver el expediente de marras—; y Fernández ha sido quien digitó los pasos del magistrado a pedido del kirchnerismo, especialmente en las últimas semanas, cuando se armó la operación política contra Francisco De Narváez.

    Así funciona, más o menos, este aceitado sistema que subyace hasta la fecha con la complicidad y el silencio de importantes funcionarios oficiales.


Dos pícaros sinvergüenzas

    Javier Fernández llegó a la AGN en 2001 gracias al cuestionado ex ministro menemista Rodolfo Barra, quien presidió ese mismo organismo entre 1999 y 2001. Si bien su nombre es desconocido para la sociedad —ese es uno de sus mayores méritos—, no lo es tanto para los jueces más importantes del fuero Federal.

    "Tiene tal poder que en su momento el Senado le brindó un apoyo poco común para renovar su mandato en la Auditoría", admitió un importante funcionario judicial que camina los pasillos de Comodoro Py 2002, sede de la justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El dato no es menor, ya que Fernández fue propuesto por el oficialismo y obtuvo el voto favorable de los 57 senadores, incluido el socialista Rubén Giustiniani.

    Su nombre y poder no son recientes, ya en el año 1997 un estudio llamado Marval, O´Farrell & Mairal, uno de los más importantes del país, denunció que dos "influyentes judiciales" le pidieron a la empresa Central Puerto un millonario soborno a cambio de que la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictase una sentencia favorable a sus intereses. El entonces juez Gabriel Cavallo procesó por este hecho al hermano de Javier Fernández, Claudio ídem, secretario letrado de ese tribunal de apelaciones.

    Hoy en día, Fernández es célebre por "frenar" importantes investigaciones que tramitan en la AGN y que salpican a funcionarios del kirchnerismo. Sólo necesita usar su increíble poder de "disuasión".

    Su gran "socio" es Darío Richarte, funesto número dos de la ex SIDE en épocas de la Alianza y titular del estudio jurídico que defiende a muchos de los funcionarios kirchneristas complicados en graves hechos de corrupción. Como botón de muestra, puede mencionarse que tres de sus clientes son el ex director del Occovi, Claudio Uberti; el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; y Jorge Matas, el funcionario de la Cancillería desplazado por el caso de los autos con franquicias diplomáticas.

    Finalmente, esa dable mencionar que el socio de Richarte, encargado de estampar la firma y llevar y traer los escritos de las causas que desvelan al oficialismo, es Diego Pirota, "un joven abogado de escasa trayectoria profesional", según publicó oportunamente diario Perfil.


Corrupción publicitada

    Hace unos años, una firma mendocina llamada Publicidad Sarmiento ganó, luego de un proceso de más de cuatro años de duración, una licitación para hacerse cargo del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires, esto es, la publicidad callejera de las paradas de colectivos, los carteles de las calles y las pantallas publicitarias. Fue una compulsa como pocas: tuvo más de once medidas cautelares y atravesó tres administraciones: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri.

    En el marco de esa competencia, Sarmiento fue víctima de una serie de certeros ataques públicos y privados a través de la Justicia y ciertos medios de comunicación que no se destacan justamente por su honestidad periodística. ¿El objetivo? quitarla del medio en el marco de un negocio millonario relacionado con la publicidad en la vía pública, utilizando puntuales recursos y metodologías de los personajes arriba descriptos.

    La historia de la licitación es realmente de película y merece ser relatada. Su comienzo fue durante el último año de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por parte de Aníbal Ibarra, cuando las firmas Publicidad Sarmiento, perteneciente a los mendocinos hermanos Orlando y Eduardo Terranova; Spinazzola Vía Pública, perteneciente al Ing. Augusto Spinazzola —muy cercano a los servicios de Inteligencia (1)—; Grupo al Sur, relacionada con el secretario de Medios, Enrique Pepe Albistur; y Viacart, vinculada a Daniel Hadad; junto a otras cuatro firmas, se presentaron para competir por el mobiliario urbano porteño. En medio del análisis de la licitación, Ibarra fue eyectado de su cargo por la tragedia del boliche República Cromagnón y no pudo avanzar un ápice en la resolución de la compulsa.

    Telerman fue el sucesor natural de Ibarra, pero tampoco pudo resolver la cuestión: cuando recibió la "papa caliente", quedó totalmente paralizado en medio de las presiones cruzadas que recibió en esos días por parte de algunos de los titulares de las firmas involucradas en la competencia.

    Tuvo que asumir Macri para que terminara de una vez y por todas la carrera por la adjudicación de las carteleras de la Ciudad. Así, en 2008, con la apertura del primer sobre, la empresa de los Terranova quedó en primer lugar.

    A partir de ese momento, comenzó una campaña sucia por parte de las firmas de la competencia, para intentar obtener, por medios cuestionables, lo que no pudieron conseguir legalmente. La primera en "operar" fue Spinazzola, que presentó una denuncia judicial contra publicidad Sarmiento acusando a sus titulares de haber presentado documentación falsa que les habría permitido ganar ese primer lugar.

    La queja fue recibida por el juez de instrucción Facundo Cubas, quien no sólo sobreseyó a los acusados, sino que admitió ante este cronista la falsedad de la denuncia de Spinazzola. La medida dio lugar a una apelación por parte del ex juez Mariano Bergés —hoy abogado de Spinazzola— ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que culminó con un nuevo sobreseimiento de los Terranova.

    Posteriormente, el fallo fue —nuevamente— apelado por Bergés y hoy está a consideración de los jueces Julio Marcelo Lucini y Mario Filosof, los cuales deben resolver en las próximas horas si los titulares de Sarmiento son culpables o inocentes del delito que se les imputa (2).

    El inminente fallo será imprescindible para saber cómo sigue el culebrón, especialmente en momentos donde los llamados telefónicos cruzados por parte de empresarios, políticos y funcionarios judiciales han recrudecido de manera exponencial.
   

Teléfono descompuesto

    En agosto de 2008, Tribuna de periodistas comenzó su investigación sobre este tema, movilizado por las inentendibles demoras en torno a la mencionada licitación. Se habló a esos efectos con casi todos los involucrados en la trama, incluidos empresarios, periodistas y algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia. Sin embargo, cuando se pidió la pertinente entrevista con el juez Lucini —quien debe decidir en estas horas cómo sigue la licitación—, este no quiso acceder a hablar.

    En un principio se tomó como un hecho natural y normal de un funcionario que no quería tener contacto con la prensa, pero pronto se supo el por qué de la decisión: Lucini tuvo en los últimos días puntuales contactos con Javier Fernández, el lobbysta y funcionario de la AGN mencionado al principio de esta nota.

    El dato no parece casual, sobre todo cuando se recuerda que uno de los "socios" del poderoso auditor es el mismísimo Daniel Hadad, cara visible de Viacart, una de las firmas que acompañan a Spinazzola en sus denuncias y "pataleos".

    Si a los mencionados se agrega la participación del secretario de Medios, Pepe Albistur —a través de su "dominio" sobre los medios de comunicación de Sergio Szpolski— podrá entenderse por qué este escándalo llegó adonde llegó, barriendo a su paso las buenas intenciones de algunos funcionarios que intentaron actuar conforme a derecho.

    Albistur sumó al escándalo un condimento adicional, al incluir en la disputa a algunos de sus "socios políticos", como son las empresas Pinta Baires SRL y Moll Cooperativa de Trabajo Ltda., así como también el Sindicato Único de la Publicidad, quienes se han presentado en el expediente de marras adhiriendo al certero "embarrado de cancha".

    En resumen, todos los mencionados —de la inestimable mano de Richarte y Fernández— han hecho una operación mediática-judicial que no tiene parangón en la historia, a efectos de usurpar un negocio multimillonario y perjudicar al jefe de Gobierno Mauricio Macri a pocos días de las elecciones legislativas.

    Se ha injuriado y calumniado a funcionarios y a firmas intachables, se ha operado sobre el periodismo para desinformar y hasta se ha apretado a jueces y camaristas para que refrendasen la farsa oficial. Nada ha quedado librado al azar a la hora de avanzar en esta vergonzosa confabulación.


Concluyendo

    El día 6 de octubre de 2008, diario La Nación entrevistó a la entonces vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti en el marco del tema del mobiliario urbano de la ciudad. Allí, la funcionaria denunció que la administración local enfrenta la “resistencia de intereses empresariales”. Y puso como ejemplo la demorada licitación de la publicidad callejera. Dijo: “No sabemos qué hay detrás de las trabas. Si no hay avances vamos a tener el control del servicio”.

    En realidad, Michetti conoce cuáles son los intereses que se han movido en las sombras para "empiojar" la licitación del mobiliario urbano, pero no se atreve a mencionarlos. La debilidad y la tibieza son dos de sus peores defectos, los cuales comparte con su jefe, Mauricio Macri.

    Por caso, dos de las fuentes consultadas para el presente artículo —ambos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con íntima llegada al jefe supremo porteño—, han admitido conocer parte de la trama aquí relatada y confesaron haberlo hablado con el propio Macri. Sin embargo, nada se ha hecho desde la jefatura de gobierno para hacer público este escándalo.

    Más allá de lo que decida hacerse desde las oficinas porteñas, sería interesante que algún juez o fiscal tuviera el coraje de indagar sobre lo aquí denunciado. La evidencia de ello está en poder de este periódico y será gentilmente entregada a quien tenga el coraje de buscar la verdad.

    No es poco.

Christian Sanz

(1) La relación de Spinazzola con la ex SIDE fue desnudada por el diario de Río Negro de esta manera: "Carlos Alberto Lorenzati, casi 59 años, llegó en el 2006 al gobierno de Saiz. Su informal presentación se centró en su paso por la SIDE, actividad que desconocen los registros oficiales.
    Lorenzati no figura en la base de ANSES entre 1977 y 1996. Su primera referencia pertenece a 1972 al ingresar al Instituto Geográfico Militar, que concluye en 1977. Quince años después, reaparece en los padrones estatales. En 1992 se inscribe en la AFIP con un negocio de 'pizzería, grill y parrilla', en Boulogne. ANSES recupera aportes de Lorenzati recién en 1996 cuando se incorpora al Banco Nación, al que pertenece hasta el 2004. En 2006, el funcionario ingresa como funcionario de Río Negro.
    En materia de investigación, también creó una empresa propia en 1997: la Central de Inteligencia Económica (CIE), junto al ingeniero Augusto Spinazzola".

(2) A las pocas horas de haber publicado el presente artículo, la Cámara falló finalmente contra Sarmiento, confirmando los anticipos de este medio, no sólo respecto al pronunciamiento adverso, sino también a la presión judicial ejercida sobre los camaristas.