Es imposible no concatenar el caso Píparo con los hechos de la pasada jornada, respecto de la vergonzosa y fallida sesión en el Senado, a la cual el propio oficialismo se encargó de no dar quórum y en la que se iban a tratar por primera vez en el año dos proyectos contra la inseguridad, con medidas para prevenir los delitos de salideras bancarias. A ello deben agregarse las curiosas declaraciones que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli realizó al esposo de Carolina Píparo, Juan Ignacio Buzzali, cuando le expresó que tenia “las manos atadas” para tomar medidas necesarias frente a este problema.

"Yo le pregunté quién. Y no me respondió. Ni siquiera me dijo la oposición, nada", dijo el hombre respecto a aquel encuentro, del que participaron el ministro de Seguridad, Ricardo Casal y el de Salud, Alejandro Collia. "¿Cómo hago para medir la gestión de esta gente? Todos los que trabajamos tenemos que rendir y esta gente no rinde", agregó.

Pero es preciso preguntarse, ¿por qué tendría Scioli las manos atadas, siendo que es uno de los principales referentes del kirchnerismo, al que Néstor Kirchner apuesta sus fichas de cara a las elecciones del año que viene? ¿Para actuar contra las salideras y la inseguridad en sí o para garantizar que la Justicia actúe?

¿Quién le ata las manos a Scioli?

Sin quórum, una vez más

Mientras en el día que debían tratarse dos proyectos para garantizar la seguridad en las salidas bancarias, el kirchnerismo seguía sin facilitar el quórum, el oficialista Eduardo Fellner, titular de la Cámara de Diputados, levantó la sesión por falta de número. Ningún otro kirchnerista apareció por el recinto, salvo Patricia Fadel para pedir la suspensión. Todo esto pese a que el oficialismo había dado previamente su acuerdo a las presentaciones opositoras sobre el tema.

 La diputada Fadel desligó responsabilidades y dijo que “la oposición tiene mayoría y tiene responsabilidad de tener el quórum”, liberando a su bloque de tener que hacerse presente en las sesiones y permitir la apertura de alguna.

El proyecto iba a tratar dos medidas importantes contra este grave delito: la instalación de barreras visuales en las filas de cajas y cajeros automáticos y el blindaje obligatorio de las bóvedas de los bancos. La necesidad de legislar sobre las salideras bancarias fue producto del impacto del caso Píparo y la muerte de su bebé Isidro, nació tras los balazos a su madre al ser víctima de ese delito.

El diputado radical y abogado, Ricardo Gil Lavedra, explicó que “el no dar quórum puede ser una estrategia parlamentaria cuando no se quieran tratar algunos temas”.

Para el diputado de la UCR, la actitud del kirchnerismo demuestra “un desprecio absoluto del Gobierno por estos temas”. Y añadió que “si la razón fue que no se cambiara el giro a las comisiones del tema Papel Prensa, esto quiere decir que el Gobierno privilegia este conflicto que tratar medidas que pueden beneficiar a toda la población”, agregó.

Píparo, salideras y la conexión policial

El “marcador” de Carolina, Miguel Ángel "Pimienta" Silva, declaró ante la Justicia que la banda que atacó a Píparo, y su líder, Carlos Jordán, no tenía relación con ningún gremio ni agrupación política pero sí con la Policía. “Sé que tiene relación con la Policía de todos lados. Desde mi handy habló con policías. Decía: éste es de La Matanza, de San Isidro”, explicó el viernes 20 de agosto.

“No sé qué jerarquía tenían –respondió acerca del rango de los efectivos que protegían a Jordán–. Para mí eran policías. Y el trato era amistoso. Hablaban de coches, de negocios.”

En tal sentido, el abogado de la familia Píparo, Fernando Burlando, explicó que "esto no hace más que confirmar la vinculación con la Policía que veníamos señalando desde el inicio de la causa, por su ausencia en el lugar y la omisión de actuar que hubo ese día".

Silva no aportó nombres ni jerarquías de los policías que habrían colaborado con la banda, sin embargo el fiscal penal platense Marcelo Romero –a cargo de la instrucción– ordenó cruzar los teléfonos de los 55 mil miembros de la fuerza más numerosa del país con los cincuenta chips de los aparatos que fueron secuestrados en el marco de esa investigación.

A las sospechas “confirmadas” de Burlando se les sumaron las del intendente de La Plata, Pablo Bruera, quien reforzó la hipótesis al asegurar que no descarta que la zona haya sido liberada para facilitar la acción del grupo.

“Daría la impresión que hubo una zona liberada. No puede ser que nadie detecte el merodeo de una persona durante 48 horas y que no haya un exhaustivo análisis porque no es la primera vez que sucede”, declaró el intendente de esa ciudad. Rápidamente, Scioli salió en defensa de la Policía que conduce Juan Carlos Paggi.

La zona del Partido de la Matanza, conocida también como “la quinta provincia”, es uno de los focos fundamentales de Buenos Aires por la extensión y la cantidad de habitantes que lo caracteriza. Incluso desde el aparato político se logra conquistar a este Partido para tener electoralmente asegurada el resto de la provincia. La zona norte, tiene dos características fundamentales: la proximidad al puerto para ingresar y exportar “mercadería” de manera no convencional, y la de ser la zona más económicamente acaudalada de Buenos Aires. Ambas zonas en el ojo del tornado delictivo y de la connivencia policiaca.

La Justicia ciega… y atada

A fines del año pasado el fiscal del caso Píparo, Marcelo Romero, ya aparecía en los diarios; en ese caso, por su defensa pública al gobernador Scioli.

En octubre de 2009, el juez bonaerense Luis Arias denunció que hay grupos dentro de la Policía Bonaerense que “reclutan” menores de edad para cometer delitos y que a cambio, se les paga con dosis de paco.

Arias presentó una lista con 23 causas donde aparecen serios indicios de este reclutamiento. Arias además tuvo que negar públicamente un pedido de informes al Juez sobre lo expresado por parte de Scioli, el cual le había manifestado a algunos medios de prensa. "No he recibido ningún pedido de información de parte del Sr. Gobernador ni de sus Ministros Secretarios, para esclarecer la vinculación entre algunos miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personas menores de edad, con fines delictivos", desmintió el juez en un comunicado de prensa.

“Los fiscales están sobrecargados de tareas y es pesado meterse con la policía, y para colmo desde el poder político no hay respaldo”, expresaba Arias a diferentes medios de prensa. Tal vez no haya respaldo porque quien debiera garantizarlo tiene “las manos atadas”.

Fue en ese momento que el fiscal Marcelo Romero le respondió a Arias al indicar que "resultan al menos imprudentes las declaraciones del magistrado platense respecto de la supuesta inacción de los Fiscales de esta provincia en investigaciones penales donde se involucra a las Fuerzas Policiales como responsables de posibles delitos".

Otro episodio para la vergüenza fue el caso del juez al que Scioli le aceptó la renuncia para que evite un juicio político.

Todo comenzó cuando Walter Juan, padre de un niño atropellado en marzo del 2005 por un vigilante privado en el barrio de Pilar a bordo de un carro de golf quien lo arrastró ocho metros, le imploró al Juez en lo correccional Nro 4 de San Isidro, Fernando Luis Ochoa, que por favor haga justicia y vaya a buscar al hombre que casi mata a su hijo. -¿Justicia? Por favor... esto es Argentina. Acto seguido la familia decidió pedir investigar al Juez.

Cuando el tribunal de enjuiciamiento ya estaba conformado, el 13 de octubre de 2008 Ochoa presentó su renuncia a Scioli para “acogerse a los beneficios del régimen jubilatorio”, según recordó el propio magistrado en la 'contraquerella' que le efectuó a Walter Juan por tratarlo de “juez de la dictadura”.

La presentación dejó en suspenso el juicio político. La noticia fue publicada por la prensa y, según estimó Walter Juan a diario Perfil, Scioli “cajoneó” la renuncia durante más de un año para evitar que no sea conocido el 'perdón' del gobernador a un juez denunciado por graves irregularidades.

Así fue como el 2 de octubre de 2009, cuando el sorprendente caso del niño atropellado ya estaba olvidado por los medios, Scioli firmó la aceptación de la renuncia de Fernando Ochoa mediante el Decreto 2.031 Así, el juez eludió el jury que podría haberle quitado la jubilación de privilegio con una destitución. 

¿A dedo?

A mediados del año pasado se desató el escándalo por aparentes irregularidades en concursos judiciales. El camarista Alberto Pravia, subrogante en una de las vocalías del Tribunal Oral Federal Nro. 2, fue jurado en una prueba para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Federal de Paraná, en la que se descubrió que uno de los concursantes, el secretario de fiscalía Hernán Tuppo, tenía entre sus papeles el caso que le iban a tomar.

Antes de que les repartieran la prueba, dos concursantes denunciaron que Tuppo ya la tenía en su poder. Se lo expresaron al representante del Consejo, Luis Cabral, quien hizo la denuncia. Inmediatamente después, el juez federal de Paraná Gustavo Zonis se presentó y ordenó un allanamiento donde le encontró al concursante varios casos de examen; entre ellos, el que estaban a punto de tomarles.

A mediados de este año, mientras el Gobierno se descargaba con la Justicia por haber derogado el famoso FOBI de Cristina Kirchner, y ésta aseguraba que los magistrados tienen "tabulados los precios de las excarcelaciones y eximiciones de prisión”, otras cosas pasaban el mundillo judicial.

La ex esposa de un camarista entregó documentación que probaría el armado del concurso 190, destinado a cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La denuncia involucraba al propio camarista, José Luis López Castiñeira, quien, según su ex esposa, Verónica Kolodesky, retuvo uno de esos cupos, haciendo “trampa y perjudicando a otros concursantes”. “El corrigió su propio examen y el de los demás concursantes”, explicó Kolodesky. En ese momento, Castiñeira era miembro de la Comisión de Selección de la Magistratura.

La mujer atribuyó a López Castiñeira una estrecha relación con el Auditor General de la Nación Javier Fernández, Sergio Fernández, el camarista en lo criminal federal Eduardo Farah, y los jueces Alejandro Tazza y Luis María Vázquez, quienes, según su relato, habrían armado el concurso en la casa de su marido.

Según Kolodesky, todo lo digita Javier Fernández, quien camaristas, jueces y fiscales señalan como el enlace del Gobierno con la Justicia.

¿Donde recayó esa denuncia? En la Comisión de Disciplina a cargo en ese momento de la ultra kirchnerista Diana Conti y en el juzgado federal de Claudio Bonadío.

Lo cierto es que la cantidad de nuevos jueces federales que con muy poca experiencia legal y corta edad coinciden en acaparar la mayoría de las causas que involucran al kirchnerismo favoreciéndolo, es asombrosa. El caso de Norberto Oyarbide encaja por excelencia con esta descripción, quien en la actualidad es investigado por mal desempeño por un funcionario kirchnerista.

Nadie se explica porque ciertas causas siempre recaen en los mismos juzgados, donde ya puede apercibirse por adelantado como fallará tal o cual juez. Situación provocada en parte por la severa cantidad de Juzgados vacantes que existen.

Pero si de llamativos sorteos de causa se trata, hay que señalar el caso de Papel Prensa fogoneado luego de 34 años por el Gobierno y evidentemente más importante que el flagelo de la inseguridad, que fue derivada al oficialista juez de La Plata Arnaldo Corazza, reconocido por haber sido parte de la mentira oficial detrás de la desaparición del albañil Julio López.

Así como el poder legislativo se encuentra ferozmente fragmentado en una guerra explícita de la que ni siquiera se dan tregua para resolver un tema tan apremiante como la inseguridad en torno a las salideras bancarias, el poder judicial, desde comienzos de este año sufre una división parecida, aunque mediáticamente un poco más diplomática.

En el día de ayer, durante la cuarta conferencia nacional de jueces, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti emitió declaraciones por demás preocupantes.

- Presupuesto independiente para que los jueces tengan recursos para trabajar.

- Agenda común para tratar los temas de Estado.

- Aumentar la cantidad de jueces y disminuir la litigiosidad. Sobre esa cuestión precisó que "hay 900 jueces para más de tres millones de causas y hay 183 vacantes".

- “El presupuesto de la Justicia, del 1,5 por ciento, no va a desequilibrar las cuentas fiscales", comunicó Lorenzetti, al reclamar la creación de un "fondo federal" para administrar la Justicia.

- Cambios en el sistema de designación de jueces.

La falta de independencia y de presupuesto para trabajar parece algo impensado en el país tan desarrollado económicamente que la Presidenta se jacta de dirigir, pero al borde del default si se aprueba el 82% móvil de los jubilados.

El nuevo Timerman

Así como las declaraciones que manifestó Cristina 6 meses atrás -cuando no le dejaron tocar las reservas del Banco Central- contra el Poder Judicial, el ministro de economía Amado Boudou la emuló y tomó la batuta que le dejaron Guillermo Moreno Y Héctor Timerman para defender a como dé lugar las decisiones oficialistas. Estrategia decidida luego de la baja popularidad que lograron los funcionarios antes mencionados luego del papelón de Papel Prensa, en la que varios sectores reclamaron sus respectivas renuncias, y aprovechando una de las caras menos “pegables” que ostenta el Ejecutivo por estas horas: Boudou.

Pero el Ministro leyó demasiado bien el manual y además de defenestrar a los jueces, comenzó a hablar de cosas que no sabe.

El funcionario no sólo cuestionó en el día de ayer el accionar de la Justicia -a la que calificó de "express"-, sino que anunció que apelará las medidas judiciales dictadas sobre Papel Prensa. El Ministro se mostró decepcionado por las decisiones judiciales y la "celeridad" con la que la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial dictó siete resoluciones sobre Papel Prensa.

Recordemos que esa Cámara resolvió la remoción de los representantes del Estado Nacional en el directorio de Papel Prensa, Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, por entender que hubo inconductas durante la reunión del 12 de agosto en la que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se lució con guantes de box y un casco.

“¿Cómo puede ser que un juez o un grupo de jueces decidan que el Estado no puede nombrar directores?”, se preguntó en voz alta.

En verdad, lo que dispuso la Justicia es la confirmación de la remoción de Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, todos nombrados por Moreno. El artículo 276 de la ley de Sociedades Comerciales señala que los directores de una empresa deben ser suspendidos mientras se los investiga por su actuación en la misma.

Lo que a Boudou se le olvidó decir, es que el Estado (como accionista) puede nombrar a los tres directores suplentes.

En la conferencia nacional de jueces del día de ayer, criticaron las declaraciones de Boudou y expresaron que "los jueces aceptamos que se pueda discrepar de nuestras decisiones, pero no que se intente presionar a través de expresiones efectistas”.

Con una Policía poderosa, un Gobierno que administra para sí, y con una Justicia dividida entre la complicidad y la inoperancia obligatoria, pareciera ser que Scioli no es el único que está atado, o al menos se podría entender el por qué.

Equipo de Política de Tribuna de Periodistas