En un gesto de enorme significancia política, en el marco de la denominada “mafia de los medicamentos”, la sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de algunos de los ya imputados en ese expediente —como el bancario Juan José Zanola—, y “tiró de las orejas” al juez Norberto Oyarbide, para que ponga el foco sobre relevantes funcionarios del kirchnerismo que ya mismo están siendo investigados en otro expediente: el del supuesto blanqueo de capitales en el marco de la recaudación del Frente para la Victoria en el año 2007.

Se trata del ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y sus dos adláteres, Hernán Diez y Sebastián Gramajo. Los tres estuvieron a cargo del comité de campaña de Cristina Kirchner y, en lugar de haber sido separados de sus cargos por las denuncias que los tienen como protagonistas, fueron premiados con importantes nombramientos. Por caso, Capaccioli, es actualmente secretario de Descentralización y Participación ciudadana.

¿Por qué el oficialismo ha hecho esto? Es obvio que desde las filas del Gobierno se busca mantener en silencio a aquellos que pudieran comprometer con sus testimonios al matrimonio gobernante y sus principales ministros. La realidad indica que se blanqueó dinero en la campaña de 2007 y la evidencia en ese sentido cada día se acerca más al entorno del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo ocurre con el expediente que indaga sobre el Triple Crimen de Gral. Rodríguez. Todo tiene que ver con todo.

En esas causas judiciales descansa la preocupación oficial de estas horas. ¿Qué pasaría si Capaccioli decidiera contar todo lo que sabe? ¿Podrían insistir los Kirchner en que desconocían la procedencia de los fondos de su propia campaña política?

En tal sentido, un nuevo frente de tormenta acecha al kirchnerismo, ya que Gramajo y Diez han comenzado a revelar off the record los vericuetos de una trama en la que no quieren terminar “pegados”. En realidad, ambos temen los embates de la Justicia en el marco del “expediente Brito”. 

El pasado 7 de abril, Tribuna de periodistas anticipó los detalles de esa causa judicial y anticipó que “el más complicado (en la mafia de los medicamentos) es hoy el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, fuertemente vinculado a Néstor Vázquez, ex gerente de Prestaciones de ese mismo organismo y a Néstor Lorenzo, titular de la sospechada droguería San Javier”.

Más temprano que tarde, la Justicia logrará determinar que el “patrón” directo de Capaccioli ha sido el ex jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, mano derecha en esos días del ex presidente Néstor Kirchner. La culpabilidad, por carácter transitivo, llega a ese nivel oficial.

Lo único que evitó que la investigación llegara a esa altura de responsabilidad, ha sido la presión a Oyarbide a través de dos efectivos personajes: el “todoterreno” auditor de la AGN, Javier Fernández, y la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura, Diana Conti. La legisladora tiene mucho que temer, ya que su marido, Enrique Dratman, aparece fuertemente involucrado en la trama de marras. Sus conversaciones con el megasospechado Lorenzo han sido motivo de incesante asombro por parte de la Cámara Porteña.

Y si algo le faltaba a este culebrón, al final de su escrito judicial, la Sala porteña pidió al juez de primera instancia que indagara en el delito de “lavado de dinero” eventualmente cometido por estos mismos personajes.

Se aproximan días aciagos para los K….

Christian Sanz