En la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, fue distinguido como interventor en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado el Ingeniero Daniel Montamat, quien a su vez designó en la entonces Gerencia de Asuntos Legales al abogado Norberto Emilio Noblía, quien por su afinidad desarrollista (Movimiento de Integración y Desarrollo —MID) fue ratificado luego por el Ingeniero Octavio Frigerio.

    En aquel momento el área legales era un caos, ya que no existía ningún tipo de control de los juicios y de los casi cincuenta (50) abogados que se desempeñaban en relación de dependencia, al no estar controlados, eran más las veces que no estaban que las que si, amén de su manifiesta ineptitud profesional en su mayoría.

    Al ser designado en 1989 el Ingeniero José Alberto Estenssoro, que traía ideas verdaderamente modernas e innovadoras, supo contagiar su entusiasmo en una transformación integral, tendiente a una privatización concertada con el gobierno menemista antes de asumir.

    El Ingeniero José Alberto Estenssoro logró en poco tiempo lo que nadie podía haber logrado, dada su inteligencia, talento, experiencia internacional y su fuerte personalidad. Lo cierto es que en casi dos años eficientizó la compañía, posicionándola estratégicamente para su transformación en una empresa de hidrocarburos integrada, económica y financieramente equilibrada, rentable y con una estructura de capital abierto.

    La tipicidad jurídica de la compañía fue modificada a través del Decreto 2778/90 de “Transformación en Sociedad Anónima de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado”, aprobándose su Estatuto, todo lo que fue reglamentado mediante los Decretos 546/93 y 1106/93, entre otros.

    El dictamen jurídico que viabilizó la transformación societaria fue rubricado por el Dr. Norberto Emilio Noblía, aunque en verdad el cerebro de dicha operatoria fue el abogado Mario Ricardo Thiem. Aún así Norberto Emilio Noblía se iría posicionando bien en la empresa a cargo de José Alberto Estenssoro, a pesar de que en un principio iba a ser decapitado por las autoridades de la intervención a cargo del extinto presidente. Fue un hombre afortunado que luego pudo acompañar las gestiones de los sucesores de José Alberto Estenssoro, vale decir, los ingenieros Nells León, Roberto Monti y la primera etapa de Alfonso Cortinas de Alcocer, donde en realidad existió un doble comando, Norberto Emilio Noblía y un abogado poco capacitado pero honesto, Dr. José Patricio Richards, quien realmente estaba pintado al óleo.

    Se sabe que cuando en 1997 se vendieron en remate público las acciones clase “A” que ostentaba el Estado Nacional en YPF S.A., 14,99%, por el Gobierno Nacional intervenía el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación a cargo de Roque Fernández, y que el autor del dictamen (Resolución 20 del 20 de enero de 1999 que permitiera la aprobación del contrato de compraventa de acciones por Decreto 31 del 20 de enero de 1999) que favorecería a REPSOL en la adquisición, fue precisamente el deshonesto abogado Alejandro Diego Quiroga López , actual Director —se supone que por unas horas— de la Dirección de Asuntos Jurídicos de YPF S.A., de origen puntano, sin escrúpulos, que por unos dinerillos favoreció al grupo español REPSOL, recibiendo luego su premio, conforme veremos a continuación, con la contribución y connivencia de Carlos María Tombeur, entonces a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, quien también fue recompensado, ya que hoy reviste en la empresa el cargo de síndico titular integrante de la Comisión Fiscalizadora de YPF S.A.

    En dicha operación de venta de acciones de la petrolera, por YPF S.A. intervinieron el binomio del “capacitado” (Norberto Emilio Noblía) y el “pintado” (José Patricio Richards). Tras la concreción de la compra por parte de REPSOL de las acciones de YPF S.A., Alejandro Diego Quiroga López dejó de ocupar la función pública (10 de diciembre de 1999), ingresando como socio del Estudio Jurídico “Nicholson y Cano, Abogados” hasta marzo del año 2000, y desde abril de 2000 hasta octubre de 2000 se enroló en un programa de entrenamiento —abonado por REPSOL— para abogados extranjeros del estudio jurídico norteamericano “Davis, Polk & Wardwell”, regresando luego a Nicholson y Cano, Abogados hasta el 15 de marzo de 2001 que ingresó oficialmente en YPF S.A., a pesar de que desde mucho tiempo antes —aún bajo el lapso de interdicción e incompatibilidad de la Ley de Ética Pública N°25.188— ya operaba en las sombras pero en forma evidente para dicha empresa junto a los polémicos Alejandro Mc. Farlane, Ramón Blanco Balín y Alfonso Cortinas de Alcocer, todos ex directores de YPF S.A, sumamente comprometidos en una voluminosa causa de corrupción que tramita en España por ilícitos de todos colores y también en la República Argentina, a las que nos referiremos en próximos artículos.

    Cabe aclarar que el Estudio Nicholson y Cano, Abogados, es el actual principal estudio externo de la empresa YPF S.A., y fue contratado por el mismo Alejandro Diego Quiroga López al ingresar a la empresa como Director de Asuntos Jurídicos, mientras que el estudio norteamericano “Davis, Polk & Wardwell” tenía entre sus clientes a REPSOL—YPF S.A.

    Lo cierto es que Alejandro Diego Quiroga López es un siniestro personaje que ha venido operando en contra de los intereses públicos de la Nación, para favorecer a un poderoso grupo petrolero español, REPSOL, haciendo luego lo propio con los intereses de la empresa privatizada YPF SA hasta la actualidad, llegando al colmo de traicionar al Grupo Petersen avalando previsiones de juicios falsas e insalvables que junto a Rogelio Driollet Laspiur ha materializado para que la empresa YPF S.A. luzca mejores resultados en sus balances, y menores pérdidas. El actual responsable de relaciones con el Mercado de la empresa YPF S.A., Señor Ignacio C. Morán debiera tener presente estos aspectos al cursar misivas a la Comisión Nacional de Valores (C.N.V) y a la Security and Exchange Comission (S.E.C), para curarse en salud y que los accionistas no reciban información distorsionada de la realidad.

    En efecto, amén del escándalo que implica haber favorecido al grupo REPSOL en la licitación tendiente a la venta del 14,99% de las acciones Clase “A” en poder del Estado Nacional, también se le adjudican a este oscuro funcionario favorecido otras fechorías que llevan su sello, como por ejemplo, su intervención durante el proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA) que lanzara YPF S.A. para la compra de todas sus acciones ordinarias y la dispensa del pago de la multa por abuso de posición dominante en el mercado del GLP de $/U$D 109.644.000 (ciento nueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos/dólares) impuesta por Resolución 189/99 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, entonces a cargo de Alieto Guadagni.

    Como resulta obvio para el lector, la impunidad de este funcionario ha sido hasta ahora colosal. Primero trabajó para el Estado Nacional y simultáneamente lo hizo proyectándose y operando para YPF S.A., sabiendo que sería su destino próximo, y una vez allí —y dado que el zorro no pierde las mañas— comenzó a beneficiar al Estudio Nicholson y Cano, Abogados, del cual era socio, y así figuraba en el Anuario de dicho estudio al año 2001. Y este comentario no hace mella al mentado estudio, muy prestigioso, por cierto, como bufette nacional, sino a su socio o socio oculto por su accionar antifuncional en cada uno de sus empleos, situación que lo describe de cuerpo entero y que debiera ser óbice para su permanencia en la empresa que denigra con su obrar.

    Ahora bien; durante el período en que Alejandro Diego Quiroga López disimulaba paseando con todo pago por Estados Unidos de Norteamérica (USA), fue mantenido en el área legales el títere José Patricio Richards, quien permaneció por casi dos (2) años. Cuando Alejandro Diego Quiroga López estaba para asumir, José Patricio Richards y Norberto Emilio Noblía dejaron la empresa, el primero con un retiro millonario (para que se mantenga en silencio) y el último como una salida digna y menos onerosa.

    Fue así que el 15 de enero de 2001 recalaron en la Compañía YPF S.A —para desgracia de sus accionistas que aún padecen sus consecuencias— Alejandro Diego Quiroga López, como Director de Asuntos Jurídicos de YPF, apoyado y promovido por Alfonso Cortina de Alcocer y por el ladronzuelo Alejandro Mc. Farlane, hoy devenido en Presidente de Edenor, yerno de Hugo Anzorreguy (también abogados externos de YPF S.A. por contratación de Alejandro Diego Quiroga López) y Rogelio Driollet Laspiur como Gerente de Asuntos Contenciosos (una suerte de N° 2 o suplente), éste último apoyado por el Ingeniero José María Ranero Díaz, quien en ese entonces presidía la primer empresa adquirida por el grupo REPSOL en la República Argentina, Astra CAPSA, y donde Rogelio Driollet Laspiur ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Legales de la empresa E63 (Astra – Puma – Isaura).

    La distribución de tareas fue simple: Alejandro Diego Quiroga López tendría a su cargo la parte corporativa (directorio, nuevas sociedades, Holding internacional y relaciones con inversores de REPSOL) y Rogelio Driollet Laspiur retendría el control en la parte contenciosa. Ambos letrados con gran sinapsis decidieron en forma conjunta eliminar los estudios externos existentes hasta ese momento, y también seleccionar la nómina de los favorecidos para suplantarlos; proceso que se llevó a cabo con poco tino y tacto, en forma irresponsable e inexperta, y derivó en una catarata de reclamos de ex abogados que aún se intentan tapar bajo la alfombra, a pesar del resultado y los costos que demanda su atención. Obviamente los favorecidos son los actuales estudios externos de la empresa, seleccionados por sendos letrados, y que importa un incremento en su facturación mensual.

    De este modo echaron como perros y sin medir consecuencias a todos los estudios y abogados internos y externos de entonces, y contrataron a sus socios, amigos, estudios afines, parientes, etc., con los cuales formularon una modalidad de retornos, permitiendo amplificar los casos (para engrosar la facturación de los estudios externos) y agregar gente amiga a parientes en los referidos estudios, caso junior (Rogelio Driollet Laspiur “hijo”, quien se desempeña para el estudio Labougle & Civils Robirosa), reservándose la facultad de patrocinar casos millonarios. Por caso Rogelio Driollet Laspiur (“padre”) ha firmado asuntos millonarios a pesar de desempeñarse con un suculento sueldo para la empresa en relación de dependencia.

    De este modo y en forma selectiva, rubricó impúdicamente entre otras causas acaudaladas, en “Autogas S.A. c/YPF s/ordinario”, “Copia Timoner Fernando c/Yacimientos Petroliferos Fiscales s/ordinario”, “Citioil SA c/YPF SA s/ordinario”; “Parodi Combustibles SA c/YPF s/ordinario”, “Cha Cha Huen SA y Minera c/YPF s/proceso de conocimiento”, “Fallardi de Pestalozza c/YPF s/ordinario”, la megacausa del combustible jp1: “YPF SE c/Esso SAPA s/proceso de conocimiento”, “Esso SAPA Petrolera Argentina c/Estado Nacional (meoysp) s/proceso de conocimiento”, “Shell CAPSA c/Estado Nacional y otra s/proceso de conocimiento” y “Shell CAPSA c/Estado Nacional y otro s/varios”, entre muchas otras.

    Así las cosas y por su afinidad con el directorio y los dirigentes españoles, Alejandro Diego Quiroga López y Rogelio Driollet Laspiur, lograron eliminar el control por parte de auditores, poniendo fantoches de ficción, para emular un control inexistente, y así fue que comenzó el “viva la pepa”, elevándose el índice de litigiosidad, falseándose las previsiones legales para ocultar el pasivo real de la sociedad (en general originado por la ineficiencia del área legal), y poniendo abogados de peluche o ellos mismos para simular acción —a pesar de ser incompatible— y para que la tarea de la sindicatura sea nula, o si se quiere ineficaz.

    Abortados los controles, estos corruptos funcionarios comenzaron a llenarse los bolsillos y lo más increíble es que el propio Grupo Petersen resultó damnificado, ya que de seguro desconocía que las trapisondas de estos peleles podría ser tan perniciosa…; pero ahora lo saben porque se lo estamos revelando.

    Entonces deben ahora verificar estas circunstancias y pedirle una nota de crédito a los españoles embaucadores por lo abonado en exceso por un 15% de acciones que valen menos, muchísimos menos de lo esperado y proyectado confiando en que la información exhibida al efectuarse la operación era fidedigna, cuando era falaz.

    Hay que destapar la olla: previsionar 100 juicios por $ 10.000 no es lo mismo que previsionar 100.000 juicios por cero cuando en realidad son 100.000 juicios por U$S 100.000 cada uno. Los resultados son realmente alarmantes, y permitirían presumir un resultado catastrófico como el ocurrido en las empresas Enron, Parmalat, World.Com, Merck, Nortel, Global Croossing, Aig, Ahold, Waste Managment, Tyco, Xerox, Aol Liverdoor de Japón, Volkswagen, Daimler Chrysler, Commerzbank, Infineon, Bmw, Cendant, Ikea, Boing y la sucursal de Repsol-YPF de España, tema sobre el cual nos explayaremos en un próximo informe, cuando confirmemos algunos aspectos bajo estudio.

    Evidentemente mucho golf (ambos abogados investigados) y árbol genealógico (Rogelio Driollet Laspiur es adepto y puede corroborarse por Internet), y poco trabajo y raíces éticas. Vergonzoso.

    Cuando supieron que uno de los tantos ex abogados damnificados por las inconductas morales de estos sujetos estaba dispuesto a revelar toda su investigación de casi nueve años, salieron corriendo a pedirles a los abogados externos que saliesen a cortarle las piernas, una práctica aberrante pero coactiva tendiente a la mordaza. Fue así que el abogado que por el momento ha pedido reserva de identidad, se encuentra inhibido de disponer de sus bienes y con embargos y medidas coercitivas sobre su patrimonio, cuando resulta acreedor de la empresa. A pesar de ello el abogado de marras optó por continuar con su objetivo de desenmascarar a los corruptos, guerra desigual si se atiende que estos atorrantes tienen la maquinaria y el letrado no. Algo así como David y Goliat.

    También salieron a comprar la voluntad de un abogado (Carlos Moro) para que a cambio de plata negra, obtenida de restitución de importes embargados en distintos y múltiples juicios, suscribiese miles de escritos y renuncias negando firmas etc. para intentar descomprometerse, sin reparar, ante su escasa capacidad, que lejos de desvincularse de los cargos que pesan sobre ellos demostraron su bajeza moral de procedimiento. Además la compra de la voluntad de Carlos MORO se hizo teniendo en consideración que éste letrado había sido el promotor de una causa penal por el delito de falsificación y uso de documento privado (Art. 292, 296 ssgs y ccds del Código Penal de la Nación), lo que denota el modus operandi de estas personas, que no hesitan en delinquir para intentar tapar sus travesuras.

    Afortunadamente evidenciar estos enredos por estos medios de lectura rápida permite sortear los ocultamientos que los sindicados vienen intentando cada vez que se envía una nota con destino al Presidente del Directorio. La instrucción impartida por la propia Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Alejandro Diego Quiroga López y Rogelio Driollet Laspiur es interceptar tal correspondencia que podría revelar sus tropelías, y desviarla a la Dirección de Asuntos Jurídicos, cosa que no sucede con este medio eficaz para que el directorio tome cabal conocimiento de lo que algunos directivos realizan sin su conocimiento ni consentimiento poniendo en riesgo severo el patrimonio de sus accionistas y también el proceso de apertura bursátil programado para marzo del año 2010.

    De este modo y dada nuestra independencia de criterio y vocación de servicio por el periodismo serio y auténtico, seguiremos con estas publicaciones hasta que se adopten las medidas a esta altura insoslayables.

    Caiga quien caiga.

Carlos Forte