¿Qué pasaría si una familia gasta más que los ingresos que percibe? Si se va a una escala más amplia, ¿qué pasaría si una empresa tiene más costos que ventas? Y si se apunta a un escenario mayor, ¿qué pasaría si un Estado gasta más que los impuestos que cobra? En cualquiera de las dimensiones el resultado sería el mismo: saldo negativo.

Ahora bien, puede ocurrir que la familia, la empresa o el Estado, bajen sus gastos para poder equilibrar sus cuentas o bien pedir préstamos para alcanzar la ecuación. En el primer caso, el costo sería la resignación de algún deseo o necesidad. En el segundo caso -siempre y cuando tenga crédito-, continuar con ese nivel de gasto, aunque a la larga deberá resignar deseos y necesidades para pagar el préstamo que se verá agravado por el pago de los intereses que obligará a resignar más deseos y necesidades.

En cualquiera de las alternativas, el costo es el mismo: ajuste de gastos. Pero que ocurre cuando la familia, la empresa y el Estado no tienen crédito, cuando nadie le presta y no hay prestamista de última instancia. Casi con seguridad si no se bajan los gastos, lo que se deteriora es el nivel de vida en el caso familiar, y la quiebra o la venta de acciones en el caso de la empresa.

¿Qué pasa con el Estado? Los Estados gozan de opciones para poder continuar su existencia aunque en todos los casos ese oxígeno no es gratuito. Pueden "crear" moneda para aumentar sus ingresos o bien recurrir a un salvataje del prestamista de última instancia, o ambas cosas a la vez, hasta que se descubra que la "creación de moneda" termina perjudicando al prestamista de última instancia.

Con la creación de moneda artificial, los Estados tienen nuevos ingresos como si fueran impuestos, pero en realidad, no hacen otra cosa que cobrarle su déficit fiscal a los ciudadanos, al provocar un aumento generalizado de precios. Es decir, lo que se denomina "el impuesto inflacionario".

Con el salvataje, los Estados tienen más ingresos pero están obligados a bajar los gastos porque de lo contrario no habrá nuevos ingresos. Si no bajan los gastos, no podrán devolver el salvataje y el prestamista no hará nuevos desembolsos, con mayores y graves consecuencias: aumentará el stock de deuda y subsistirá el déficit que lo terminarán pagando los ciudadanos, a través, de una mayor inflación o bien con una devaluación. En ambos casos, el efecto para la población es el mismo: mayor pobreza.

Esto que se ha relatado y que puede ser entendido hasta por un alumno de escuela primaria, no es tenido en cuenta por la administración Kirchner que continúa maquillando la realidad con diatribas y con mentiras y cuando no con una gran dosis de ignorancia.

A los graves problemas fiscales que tiene el país, el gobierno le aumenta mayor presión al acelerar desenfrenadamente el gasto público y la emisión de moneda. Una fiesta desenfrenada. Un carnaval fiscal.

En los últimos días, la administración regente lanzó un jubileo para que las provincias virtualmente no paguen sus deudas. Nuevamente, las provincias -al igual que en las décadas pasadas-, son fuentes generadoras de déficit que debe ser soportado por el resto de la sociedad. Las causas, al igual que en el resto de los casos, son exceso de gastos improductivos. Felizmente hay excepciones -Santa Fe, La Pampa, San Luís, entre otras-, que mitigan los efectos totales.

En Olivos todo está teñido de un oscuro tono político proselitista. Las provincias no pagan hasta después de las elecciones de 2011 y amplían el plazo de vencimiento de sus obligaciones hasta 2030. Es en términos estrictos un subsidio y un premio. Por ser tan eficientes, las provincias podrán contar con mayores recursos para gastos electorales y podrán financiarse a una tasa del 6 por ciento, un costo que ni siquiera puede conseguir la Nación ni tampoco las mejores empresas del país. Como se sabe, cuando hay subsidios, hay alguien que los recibe -las provincias, en este caso, también los reciben los empresarios amigos del poder-, y hay alguien que los paga -la sociedad-, con mayor inflación.

Pero la fiesta no está completa en el corsódromo. Ahora, para agregar más serpentina, papel picado y fuegos de artificios, la administración matrimonial decidió efectivizar a más de 20.000 empleados públicos que estaban contratados "en negro" por el Estado. Esto equivale a aumentar el gasto público presente y futuro porque van a cotizar para la seguridad social y deberá ser solventado por la sociedad con más inflación.

Todo esto ocurre cuando en el sector privado, el empleo en negro es creciente porque no se puede soportar la carga fiscal y la demanda de empleo se dispara ante la ola de inflación. La liturgia oficial, acompañada por una comparsa de burócratas ineficientes y mitómanos, al déficit fiscal lo llama redistribución de riqueza y a la inflación, reacomodamiento de precios y a cualquiera que quiera cambiar este status, enviado del Consenso de Washington, del FMI o el mismísimo demonio. La crisis europea no es culpa del FMI. Por el contrario, el FMI tuvo que poner plata para pagar la fiesta en el viejo continente.

¿Cómo termina esta historia? Los que peinan canas y aquellos que pocas, ya conocen el epílogo. Para la Casa Rosada, la fiesta continúa. Prepárese, para el final, no falta mucho...

Miguel Ángel Rouco
 DYN