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A partir del día de ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó a tratar un proyecto de ley que regula el acceso a la información pública, el mismo reemplazaría al decreto sancionado durante la presidencia de Néstor Kirchner.
El proyecto fue presentado por el senador de PROBAFE, (Proyecto Buenos Aires Federal) Samuel Cabanchik, quien actualmente es vicepresidente de esa Comisión. La iniciativa establece el acceso a la información pública en manos de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial por parte de "cualquier persona física y jurídica, pública o privada".
Según Andrés D Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el decreto 1172/2003 "interpela solamente al Poder Ejecutivo" y sostuvo que "por eso es importante que haya una ley", además aseguró que "esta ley no beneficia al periodismo particularmente, sino que es un beneficio para toda la ciudadanía". Igualmente, sostuvo que "cuanto más sencillo es el acceso a la información pública, más fácil es para el periodismo desarrollar correctamente su tarea" porque "el acceso a la información permite publicar los datos atribuibles a fuentes oficiales y constatar aquellos conseguidos de forma extraoficial".
Por su parte, Roberto Saba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP), consideró que esta norma "es fundamental porque se anticipará a posibles futuras obstáculos que puedan ponerse desde el Estado". También afirmó que "el acceso a la información pública es la expresión de un derecho humano”.
También, objetó que "la denegatoria de información pública equivale a violar un derecho establecido por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos" y recordó que "toda información en manos del Gobierno es pública y todas las personas tienen derecho a solicitarla".
Mientras tanto, las únicas excepciones que debe contemplar el proyecto son la información clasificada por decreto o ley; la seguridad de la defensa exterior; el riesgo para el sistema bancario y el asesoramiento legal al Estado en juicio.
Me parece una medida acertada. Cuando más sepamos de los movimientos de los poderes menos posibilidades de delinquir tendrán.
En su momento y oportunidad el decreto 1172/2003 fue un enorme avance. Desgraciadamente la administración pública nacional posteriormente no le empezó a dar bola a partir del 2005 y cuando en el 2008 quisimos que nos dieran información en la Universidad Tecnológica Nacional que NO SE HIZO PÚBLICA excepto por medio de nuestra denuncia, nos negaron de plano acceso a la información oficial so pretexto de que no había una ley. Para que se aplicara el decreto 1172 del 2003 había que ir a la justicia, que no se caracteriza por su rapidez. Sería bueno que el proyecto incluya sanciones a los funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y de entes descentralizados y desconcentrados para que se vean obligados a cumplirla, si no es y será letra muerta como tantas otras leyes. Caso contrario, el control efectivo de las funciones y actividades del sector público seguirán siendo una burla. Saludos a los señores periodistas y a mis amig@s del foro. Jorge A. Rodriguez jorge@trashmail.net