Después de tantos años de impunidad, de haberse burlado de todos, de recibir el encubrimiento de tanto funcionario corrupto que no sólo no los controla sino que encima los exoneran de toda responsabilidad, podría haber llegado el momento que los presidentes Kirchner terminen como huéspedes oficiales del Estado Argentino, en alguna cárcel común, pues se han pasado de revoluciones, como diría mi amigo Tomasito.

La desfachatez demostrada por el consorcio regente, con la última Declaración Jurada patrimonial que ambos presentaran ante la Oficina Anticorrupción, dando cuenta del descomunal aumento patrimonial del último año, según ha tomado estado público, elevándolo de apenas 6,3 millones en 2003 a 55,5 millones de pesos en 2009, sin que se sonrojasen siquiera, habla a las claras del absoluto desprecio por todos nosotros.

No me preocupa tanto el elevado patrimonio declarado, sino aquél que aún se mantiene oculto, y en manos de testaferros o en paraísos fiscales. Sería cándido suponer que ese es el único conjunto de bienes que integra el patrimonio del matrimonio presidencial.

Las investigaciones judiciales vinculadas al supuesto enriquecimiento ilícito, obviamente naufragan, ya que tanto los jueces como los fiscales se dejan seducir por los dibujos realizados por los contadores que asesoran a quienes, para mí, están muy cerca de resultar encarcelados.

La endeblez de esta nueva declaración jurada 2009 se evidencia aún más en los rubros alquileres y rentas por intereses relacionados con depósitos de capital contante y sonante. Ninguna institución financiera o bancaria, pública o privada, paga los desproporcionados intereses allí volcados, por lo que interpreto se trata de un grosero error, o bien de un acto fallido, ya que el monto de esos supuestos intereses corresponderían a sumas superiores a los 70 millones de pesos, superando ampliamente el monto total reconocido “en blanco”.

Considero que la falsedad ideológica contenida en las DDJJ resultan un delito insignificante frente a la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, lavado de dinero de origen ilícito y evasión tributaria y fiscal, manejada por una asociación ilícita tributaria lo cual debe ser materia de investigación en la Justicia Penal Tributaria, no ya en la muy contaminada Justicia Criminal y Correccional Federal, pues tanto los fiscales como los jueces que intervinieron en sendas causas judiciales donde se proponía investigar el enriquecimiento ilícito han demostrado desinterés en la pesquisa y premura en dictar el sobreseimiento, como es público y notorio.

En ese ámbito de la justicia federal da la impresión que los fiscales olvidaron su rol de representantes de la sociedad, pues ni siquiera apelaron los pronunciamientos liberatorios dictados.

Las cárceles de nuestro país están llenas de personas procesadas y condenadas por hechos mucho menos graves, en particular imputados de delitos de contenido económico, por lo que desde esta humilde tribuna propongo que se declare “crimen de lesa humanidad” todo acto de corrupción cometido por funcionarios públicos, conllevando las penas de prisión, inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y, fundamentalmente, que no recuperen su libertad hasta tanto no reintegren el dinero mal habido, sin límite temporal.

Propongo también se establezca de una vez por todas el Juicio por Jurados en toda causa criminal y se eleven las penas agravándolas cuando intervengan funcionarios que dañen el erario público.

Enrique Piragini