Más de 15 años transcurrieron desde el otorgamiento ilegal de permisos de pesca por la administración Menem-Sola. Hoy, la justicia contencioso-administrativa está comenzando a refrendar nulidades de esos permisos de pesca cuestionados hace 15 años.

Refrenda nulidades sin ninguna consecuencia económica a los empresarios ni funcionarios que permitieron su explotación todos estos años. Estos permisos ilegales fueron y siguen siendo respaldados por cada uno de los funcionarios que desde entonces ocupan cargos en la Subsecretaria Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA), ya que, como autoridad de aplicación de las leyes de pesca 24.315 y 24.922, podrían haberlos declarado “nulos” en sede administrativa.

De hecho, algunos de los que fueron declarados nulos en sede judicial, comenzaron el camino de las apelaciones. Fueron y siguen siendo avalados por cada integrante del Consejo Federal Pesquero (CFP), los cuales aceptan con su firma el otorgamiento de los permisos ilegales.

A continuación explico sucintamente por qué los Permisos de Pesca son ilegales.

 El origen de la ilegalidad

 La Argentina ha experimentado un importante crecimiento en las capturas de productos pesqueros, fundamentalmente a partir de la década del 90. Del ‘60 al ‘70 duplicó sus capturas, al igual que en la década siguiente.

Del ‘80 al ‘90 sólo creció en un 40 por ciento, pero en la década del ‘90 la captura se multiplicó tres veces. Pasó del orden de las 550.000 toneladas a casi 1.500.000. Esto llevó a la merluza hubbsi (merluza común), que es la principal especie comercial, al borde del colapso.

¿Por qué en la década del 90 se multiplicaron las capturas? En el marco del Acuerdo sobre las Relaciones en materia de Pesca Marítima entre la Republica Argentina y la Comunidad Económica Europea (Acuerdo Comunitario), se sancionó la ley 23.515 en 1994.

Los Permisos de Pesca son autorizaciones temporales de captura que otorga el Estado a privados nacionales o extranjeros para que capturen recursos públicos. El permiso habilita a un monto de captura y todos los permisos otorgados no deben superar la captura máxima permisible para el año en curso. Este máximo de captura lo establece el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación Pesquera) para no se pesque más de lo que la biomasa puede soportar, es decir, para que no se saquen más peces de los que se pueden reproducir.

Antes del Acuerdo Comunitario, estaba prohibido el otorgamiento de Permisos de Pesca para evitar el aumento del esfuerzo pesquero. Antes de este Acuerdo, hubo informes técnicos del INIDEP que alertaban sobre el peligro del ingreso de una flota de gran poder y sus consecuencias en el caladero argentino. Informes que fueron dejados de lado por los responsables de la administración nacional de ese momento, el presidente Carlos Menem y Felipe Solá como secretario de la SAGPYA.

La ley 24.315 contenía el marco reglamentario y de control de la flota comunitaria que operaría en aguas argentinas. Como no se podían otorgar permisos nuevos para las capturas de especies “no excedentarias” (como la merluza común), la ley establecía que para que el buque comunitario obtuviera un permiso, un titular de un permiso de buque operativo tenía que cederlo a uno comunitario ingresante.

La condición para esta cesión según la ley, era que el Permiso de Pesca tenía que ser de un buque operativo, no procedente de quiebra, con una inactividad no mayor a los dos años, y que el mismo una vez transferido, no podría volver a obtener otro permiso de pesca teniendo que desafectarse cada buque cedente del Registro Nacional de buques perdiendo así sus certificados de navegación como buque pesquero. La ley establecía que debía haber una equiparación de potencias entre ingresantes y cedentes como de capacidad de bodega.

Para pescar especies que se consideraban excedentes (merluza de cola, bacalao austral, castañeta, pargo, etc.) se podía presentar un proyecto pesquero el cual se clasificaba y se le daba el visto bueno, ingresaba el buque con un nuevo permiso que no le permitía de modo alguno pescar especies no excedentarias (como merluza común).

También en el marco de esta ley, la Comunidad Europea subsidió a empresas comunitarias y argentinas asociadas en 300 millones de euros. A europeas: para que se radicaran fuera de la Unión Europea; mantuvieran a bordo a una cantidad de tripulantes europeos; crearan empleos en tierra argentina para ciudadanos europeos; y enviaran el pescado argentino como materia prima a sus empresas de origen en Europa para dar valor agregado en la UE.

De esta manera, se obligaba que en su mayoría las capturas pasaran por manos comunitarias. Este acuerdo firmado con la UE tan oportuno vino a solucionar el problema de la flota europea inactiva por depredadora, no tenían donde pescar, echados de Senegal, Costa de Marfil, Marruecos, Gabon, Mauritania, y demás países del África subzahariana.

Entraron al caladero argentino buques congeladores y factorías de gran potencia ya clasificados altamente depredadores y supuestamente dejaron de operar buques cajoneros y pequeñas lanchas. A modo de comparación, ingresaba un camión Skania y salían 5 Fiat 600, que entre los 5 igualaban potencia de maquina y capacidad de bodega.

Supuestamente estos cedentes no operarían más.

 El resultado del Acuerdo Comunitario

 En teoría los Permisos de Pesca otorgados respetaban la ley 24.315 y no superaban el máximo de captura permisible del INIDEP. A poco de entrar en vigencia el Acuerdo, los informes del INIDEP comenzaron a arrojaron cifras alarmantes de reducción de biomasa sólo explicable por una sobrepesca ilegal.

Cuatro años de sobrepesca, llevaron Congreso de la Nación a dictar en 1998 la ley Federal de Pesca 24.922 para regular el sector de acuerdo a parámetros sustentables, y en 1999 la ley de Emergencia Pesquera Nacional que pretendía resguardar el recurso merluza hubbsi de la depredación, enviando a la flota de buques comunitarios a pescar a un área restringida.

¿Cómo se llega a una sobrepesca si todo era legalmente otorgado y controlado por la SAGPYA y refrendado por el CFP? El famoso informe de la UBA del año 2000, solicitado por el CFP y la SAGPYA para revisar los Permisos de Pesca preexistentes a la ley 24.922, y elaborar un informe individual de cada uno de los permisos otorgados arroja resultados escandalosos. Se explica la sobrepesca por la operatoria ilegal incoada por los propios funcionarios pesqueros y los armadores. Las combinaciones de violaciones a la ley son todas documentadas. Buques que cedieron su permiso, seguían pescando primero sin permiso y luego con permiso sin presentar el armador o propietario al expediente SAGPYA, la baja del mismo en el Registro Nacional de buques. Obtenido este permiso ilegal lo transferían nuevamente a la flota comunitaria, triangulando y cuadruplicando permisos, y el esfuerzo pesquero.

Buques ingresados para pescar especies excedentes (no merluza común) pescaban desde el primer día merluza común que exportaban a sus filiales, operatoria registrada en la Aduana y en SAGPYA. Los complementos de bodega fueron un invento ilegal no previsto por la ley 24.315, y sirvió para transferir cupos de captura de merluza común a buques que habían ingresado para pescar especies excedentes, buscando con esta ilegalidad legalizar lo ilegal, pues en la declaración jurada habían firmado el cobro de subsidio comunitario para pescar especies excedentes.

Personalmente, he llevado a la Casa Rosada desde 1999, copia de mis denuncias y pruebas de la ilegalidad de la pesca. El único que me respondió, en honor a la verdad, fue el Dr. Eduardo Duhalde, quien me informó por carta que giraba la documentación a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). Personalmente me dirigí a la Auditoria General de la Nación, donde presente copia de todas mis denuncias.

Tan documentada fue la sobrepesca, que la Argentina denuncia el Acuerdo Comunitario en mayo de 1999, pero los permisos siguieron todos vigentes.

En el año 2002, la Auditoria General de la Nación (AGN) informó que en general los problemas con los Permisos de Pesca se mantuvieron por una actitud pasiva de la Administración Nacional.

En la misma fecha la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dijo que en ausencia de toma de decisiones en relación a la legalidad y legitimidad de los Permisos de Pesca examinados, presentaban serias irregularidades, circunstancia que tolera que buques viciados de nulidad continúen pescando un valioso recurso que se encuentra limitado. La PTN también se hace eco de estas ilegalidades.

 La Justicia K

 Luego de tantos años y sin duda por cuestiones de oportunismo político, se dejan sin efecto Permisos de Pesca de la gestión Solá. Se dejan sin efecto en el fuero contencioso administrativo, luego de años de derrotero del sumario y de millones de euros de ganancia ilegal.

Los permisos ilegales siguieron vigentes con resoluciones de la SAGPYA y del CFP, que por un lado habilitan e instan el proceso, y por el otro siguen autorizando a los mismos empresarios a continuar la ilegalidad con otros permisos. Se les permite cambiar de nombre a los buques para borrar el historial del sumario, y se les vuelve a otorgar otros permisos igual de ilegales que los anteriores por ser todos estos actos nulos, para seguramente dentro de 15 años declarar la nulidad…

La justicia kirnerista contencioso-administrativa, la SAGPYA y el CFP atacan al corrupto ex gobernador cargando simbólicamente hacia él sólo la responsabilidad que comparte con todos los que lo sucedieron e ignoraron, gracias a las enormes coimas, la sobrepesca.

Esta “Justicia” permite hoy a quienes pescaron durante 15 años ilegalmente queden impunes sin hacerlos cargo de la devolución millonaria al Estado Nacional de todo lo que cada buque exportó, que se puede justipreciar perfectamente. Sienta jurisprudencia que avala el robo a la Nación que será luego aplicable a la minería y/o cada explotación ilegal de recursos que se lleve a cabo, mostrando al mundo la vergonzosa defensa del patrimonio que hoy administra el corrupto Gobierno de los Kirchner.

Casi diez de mis denuncias en el fuero penal aportaban pruebas sobre la emisión de Permisos de Pesca en forma fraudulenta y la sociedad entre funcionarios y empresarios, y hoy, por un tema de oportunidad política, se demuestra la verdad de las pruebas que presenté. Los jueces penales federales y las cámaras federales, que en su oportunidad dejaron dormir las causas, ¿tuvieron otra mirada de las mismas ilegalidades? Y hoy los que nulificaron los permisos, ¿no instan procesos penales? ¿No hay fiscal que vea el correlato entre permiso ilegal-enriquecimiento ilegal-funcionarios corruptos?

No sólo se causó y se sigue causando el daño —que advirtiera oportunamente— al caladero, sino al trabajador pauperizado de la pesca. Junto con los permisos ilegales que permitieron y permiten ganancias millonarias, se pauperizo a los trabajadores del sector porque la voracidad no tienen limites y la disponibilidad de nuestros representantes en permitirla y compartirla tampoco. Junto a la gestión de permisos ilegales se privo por años a que trabajadores argentinos tuvieran aportes ya que se cooperativizó a los trabajadores en tierra.

Y se les robo la posibilidad de trabajar, ya que estos buques congeladores factorías exportan todo desde el mismo buque sin generar mano de obra alguna en tierra.

 Caso Solimeno: patrimonio desmesurado, robo impune a la Nación

 El Señor Antonio Solimeno antes de la firma del Acuerdo Comunitario explotaba una fábrica, los buques PROMAC-SAN FRANCISCO-PATAGONIA-RIGEL. Así lo conocí yo pues trabajé para él de jefe de maquinas del buque PROMAC. Su esposa atendía el café Michelangelo que estaba radicado en el muelle. Pasando a ser de un estándar normal a millonario con recursos públicos en complicidad con los funcionarios de turno. Transfiriendo Permisos de Pesca de buques que debía dar de baja al trasladar su permiso a buques ingresantes comunitarios violando la ley del Acuerdo Pesquero 24.315. Triangulando permisos y aumentando el cupo otorgado de capturas ilegalmente bajo el concepto ilegal de “complementos de bodegas”. Hoy declarados nulos.

Amasó sus millones, robando a la Nación Argentina y profundizando la depredación del recurso merluza común, hoy por sobrepesca en colapso. Solimeno debe pagar al estado Nacional por pescar ilegalmente con sus buques Ponte de Rande, Estreito de Rande, Ur Extra, Promac, Rigel, Patagonia, Letare, Navegantes, dado que estos transfirieron sus permisos varias veces a buques comunitarios y a la fecha siguen depredándonos con la anuencia del gobierno de turno y el CFP.

El CFP, integrado por un lobbysta de cada provincia, sigue brindando impunidad a través de resoluciones que dicen lo contrario a las leyes y que ellos dan por validas. Esa forma de administrar la pesca nacional, los hace responsables del colapso actual. Cada lobbysta se cubre con alguna resolución que muestra que hacen cumplir las leyes, pero en la realidad continua la sobrepesca.

Para que quede claro, Solimeno debe al Estado nacional cada carga exportada desde el ingreso de la flota comunitaria al país; debe también a la AFIP por defraudación en pagos derechos de importación de buques, causa que iniciara el entonces juez Julio Cruciani.

Como si todo lo dicho fuera poco, el CFP le permite a Solimeno que cambie el nombre del Estreito de Rande y transfiera el permiso del buque Mataco, esto es un acto nulo pues no pueden permitirle nada jurídicamente hasta no pague inicialmente todo lo exportado ilegalmente por el buque Estreito de Rande y la indemnización por daño al caladero y depredación, más el impacto ambiental provocado por el arrastre de redes gigantes con trenes de bolas de acero, tema certificado internacionalmente como de gravísimo impacto ambiental.

Es una burla a los ciudadanos y al pueblo todo, dado que Solimeno debería ya tener un seguro ambiental para afrontar los daños causados.

Debe aplicarse la jurisprudencia “María Julia Alzogaray” para todos los que se enriquecen con recursos públicos. ¿Cuántos hospitales se pudieron hacer con la producción de un buque que hace 6 mareas al año de aprox. 2 millones de dólares en 15 años? ¿Cuántos chicos pudieron comer de ese sólo buque congelador en comedores infantiles, ya que sus padres fueron pauperizados por gente como Solimeno y una Justicia Corrupta que todo permite?

La causa 2751 radicada en el fuero penal Juzgado Penal Nº1 que se debe reabrir pues legalmente se puede, donde denuncié a más de 40 funcionarios, atrapaba a cada responsable y armador cómplice.

Esa causa se llevaba puesto a Felipe Sola y marcaba el camino de Justicia para el sector pesquero. Los jueces marplatenses como cabeza de causas miraron para otro lado y su proceder nos llevó en 15 años a ver a chicos como trabajadores del filete, hoy viviendo en villas deambulando, comiendo algunos de la basura.

Los padres de esos niños fileteros antes fueron operarios orgullosos, y hoy son trabajadores cooperativizados, pauperizados por estos “negreros” a los que además de robar el futuro pesquero de la nación, robaron el futuro de personas que jamás se van a jubilar. De eso, en Mar del Plata, ciudad del exitoso corredor Daniel Scioli, no se habla.

Nadie puede negar el trasvasamiento de riqueza de los pobres a los más ricos. Mar del Plata es el ejemplo, estos millonarios armadores y sus socios firmantes y permisivos, la causa pesquera de la injusticia impune.

Hablamos de Daniel Scioli, Mario Das Neves, Miguel Saiz, Daniel Peralta, Fabiana Ríos, y los diputados y senadores provinciales y nacionales de las provincias con frente marítimo.

Los que ostentan el poder político dejan que estos casos sigan el camino de la anomia porque sus campañas dependen de los aportes de estos empresarios, para seguir dañando. Sus consejeros federales han avalado durante 15 años los que hoy parece una sorpresa judicial. Cada uno de estos próceres del hambre millonarios a costillas de los recursos que nos vaciaron ilegalmente siguen impunes porque desde el poder político los apañan.

La Argentina permite que una cantidad importante de buques operen en caladero ilegalmente, al igual que Solimeno hay muchos más, y paradójicamente el problema del caladero es la falta de pescado para la cantidad de buques que capturan a diario.

Los responsables de las provincias marítimas tienen toda la información para sacar del caladero a los buques ilegales que cedieron sus permisos y debieron ser dados de baja en la fecha que consta en su expediente. ¿Qué informan los consejeros federales en sus provincias?

Nuevamente vemos cómo la administración fraudulenta de recursos públicos hace caja, como el enriquecimiento ilícito de administradores y administrados continúa. En un país que quiere tener futuro de Nación, los Solimeno deben ir a la cárcel junto a los firmantes de la depredación.

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”. Madre Teresa de Calcuta.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

Para ampliar la información:

http://www.revistapuerto.com.ar/RP_Noticia_Detalle.php?id=1137

http://www.revistapuerto.com.ar/RP_Noticia_Detalle.php?id=1135

http://www.revistapuerto.com.ar/RP_Noticia_Detalle.php?id=1140

http://www.ecoportal.net/content/view/full/56177

http://www.ecoportal.net/Contenido/Temas_Especiales/Animales/Entrega_de_Patrimonio_Pesquero_y_Depredacion

https://periodicotribuna.com.ar/6151-cristina-por-la-boca-muere.html