En este caso fue la declaración de un imputado, pero son múltiples las señales de alerta que ponen el foco sobre sectores de las fuerzas de seguridad y su vinculación con el delito, lo que debe convocar a la dirigencia política a poner el tema en la agenda pública de manera urgente. 

Al declarar ante la Justicia, Miguel Angel "Pimienta" Silva reconoció que fue el "marcador" de Carolina Píparo durante la salidera bancaria en la que la mujer fue baleada.

Silva apuntó contra Carlos Jordán Juárez, de 45 años, uno de los siete detenidos en el marco de la investigación, de quien dijo que "tiene contactos con la policía de todos lados".

El imputado aseguró que escuchó conversaciones de Jordán Juárez, por handy, con policías bonaerenses, de San Isidro y de La Matanza.

El fiscal del caso, Marcelo Romero, calificó de "creíbles" las declaraciones del imputado.

Al dar detalles en la causa, Silva, quien dijo temer por su seguridad y la de su familia, aseguró que Juárez "habló con policías" y que sus conversaciones eran "de coches, de negocios".

Más allá de tratarse de las declaraciones de una persona sospechada de un grave delito, la información sobre vinculaciones entre las grandes fuerzas de seguridad del país y organizaciones de delincuentes no son una novedad.

Por algo, a fines del año pasado un amplio abanico de dirigentes políticos firmó un "acuerdo por la seguridad democrática", que entre sus principales aspectos abordó este tema.

Allí se cuestionó "la delegación de la seguridad en las policías".

"Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales", señalaron.

También advirtieron que "la historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de  estados mayores policiales , autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática".

En aquel acuerdo se notó la pluma del ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, quien en su momento se cansó de separar de su cargo a cuanto policía estuviera sospechado de vinculaciones con el delito.

El texto contó con el apoyo de dirigentes de orígenes tan variados como Agustín Rossi (Frente para la Victoria), Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur); Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer (GEN), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Rubén Giustiniani (Partido Socialista).

En tanto, al hablar sobre la Policía Federal, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, afirmó en un texto de reciente publicación que "en la Ciudad de Buenos Aires, resulta ingenuo pensar que los fabulosos y rentables mercados minoristas de drogas ilegales, de autopartes desguazadas de automóviles robados y de servicios sexuales garantizados a través de la trata de personas no tienen protección policial".

Los delitos que enumeró Saín no se cometen sólo en la capital: queda claro que las fuerzas de seguridad provinciales también están sospechadas de connivencia con ese tipo de acciones.  

Buena parte de la dirigencia política, de todas las fuerzas mayoritarias, ha avanzado en diagnósticos certeros sobre la necesidad de ejercer un fuerte control sobre las fuerzas de seguridad, como una de las múltiples herramientas que se requieren para reducir las tasas de delitos violentos.

Resta ahora que estos conceptos bajen a la realidad en acciones concretas.

Nicolás Tereschuk
NA