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“Gobernar es gastar”, decía hace un tiempo la Sra. Cristina Fernández, justificando el exorbitante gasto público en el que incurre su administración. Y tal como el oficialismo lo entiende, gastar más parece que significa gastar menos de lo programado en el Presupuesto Nacional vigente.
Aunque suene absolutamente contradictorio, todo forma parte del proceso inverso a la lógica —ilógica— administración kirchnerista.
De la lectura del Presupuesto Nacional para el corriente año, surge claramente la subejecución de varias partidas de modo tal que, como muy bien lo explicara el Diputado Claudio Lozano “Hay 80 mil millones de pesos del ejercicio de este año que no se utilizaron y tampoco se sabe qué se hizo con las utilidades del Banco Central”.
Con este análisis se advierten claramente detalles curiosos, tan curiosos como incomprensibles, aunque perfectamente explicables considerando las particularidades de esto a lo que el gobierno nacional se empeña en denominar “modelo”.
A priori puede verse que hay ocho programas con un consumo que excede ampliamente los plazos preestablecidos de uso de recursos a la vez que otros considerados los más acordes a las bondades de la política aplicada, se gastan a cuentagotas, como por ejemplo el destinado a promover el empleo.
Del programa de capacitación laboral por ejemplo, en el primer semestre se gastó sólo cerca del 24 % del total y lo mismo ocurrió con el programa para la promoción del empleo que sólo lleva ejecutado un porcentaje similar.
Es importante destacar en este sentido que el incremento de la tasa de empleo que reflejan las estadísticas del INDEC no obedece a la promoción real del empleo en tanto que en la práctica varios rubros del sector privado atraviesan serias crisis que redunda necesariamente en ajustes y despidos de personal sino que lo que el organismo de referencia toma en cuenta es el crecimiento del empleo público en proporcional afinidad al poder político de turno.
Otro tanto se observa con el programa para el Saneamiento del río Matanza del que sólo se ejecutó menos del 40 % hasta el momento, el de Familias por la Inclusión Social que sólo ejecutó alrededor de un 4 % en virtud de que el resto fuera destinado a la Asignación Universal por hijo en torno de la cual cabe acotar que se comenzó a ejecutar el año pasado DNU mediante, no incluyéndose como programa en la Ley de presupuesto correspondiente.
En realidad, lo que se observa es una ejecución muy desigual en las diferentes partidas de las distintas jurisdicciones que no responde a lo programado originalmente, y hasta contradiciendo lisa y llanamente la supuesta política de inclusión social y expansión de la economía que tanto se pregona desde los atriles.
Si tomamos por ejemplo la evolución del programa “Fútbol para todos” salta a todas luces que en definitiva está siendo financiado con recursos tributarios de todos los habitantes de la Nación dado que el gobierno no obtuvo lo que esperaba en cuanto a publicidad y derechos de transmisión por lo que ya utilizó alrededor de un 24 % de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Lo propio ocurre con el programa lanzado en abril pasado para la provisión de tres millones de netbooks para escuelas públicas de todo el país. La Anses empieza ahora a utilizar esas partidas, las que fueran incluidas en el presupuesto el mismo mes del anuncio del programa.
Resumidamente puede decirse que el 60 % de los programas se evidencian retrasados en sus ejecuciones y alrededor de un 15 % están subejecutados, lo que indica la necesidad de reformulación o al menos de adecuación de las partidas correspondientes de manera urgente, ya que o bien se incurrió en un error previo de cálculo, o se proyectó con errores deliberadamente o se modificó abruptamente el criterio para la utilización de recursos en gastos, habiendo ocultado gastos o sacado gastos de la galera. En cualquiera de los tres casos, la realidad supera lo planificado a priori e induce necesariamente al menos a una revisión general.
Por último, considerando la sucesión de falacias en las que se sustenta este mal llamado “modelo”, lo más lógico parecería ser esperar en los próximos días con motivo del giro a la Cámara Baja de la Ley de Presupuesto 2011, una nueva batería de incoherentes discursos de barricada desde el oficialismo en los que se nos trate como es habitual, a todos los ciudadanos literalmente de idiotas; además claro está, de la batalla campal que desatará en Comisiones y recinto la discusión de los 80 mil millones que siguen esperando ser utilizados, entre otras cuestiones menores, tan menores como la carencia absoluta de políticas de Estado en materia económica, monetaria y fiscal.
¿Hasta cuándo?
Nidia G. Osimani
