Conforme lo establece la Ley de Administración Financiera del Sector Público, antes del 15 de septiembre de cada año se prevé el ingreso a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, proveniente de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Proyecto de Ley correspondiente a la proyección de recursos y gastos programados para el ejercicio siguiente.

Este Presupuesto Nacional que año tras año aprueban nuestros legisladores, la mayoría de las veces parecería que a libro cerrado a juzgar por las inconsistencias que sostienen con su voto positivo, pero esta vez probablemente bajo una perspectiva algo más crítica, comienza su conformación cuando el Poder Ejecutivo expone los lineamientos en materia política que pretende alcanzar. Aunque no sea práctica del poder político vigente, la normativa en torno a la materia así lo expresa.

Esta información, juntamente con la que muestra la evolución de la cuenta inversiones del último ejercicio, el presupuesto de divisas proyectado para el ejercicio que se está planificando, el programa monetario y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio en curso, es tomada como base para la elaboración de los anteproyectos de cada una de las oficinas inherentes al tema de las diferentes jurisdicciones que componen el Sector Público, las que luego remiten los mismos al órgano rector, esto es, la Oficina Nacional de Presupuesto.

La ONP, prepara entonces el Proyecto de Ley correspondiente al que adjunta un mensaje del Poder Ejecutivo conteniendo los fundamentos, y lo remite a la Cámara de Diputados de la Nación.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de dicho cuerpo entonces, resulta la encargada de elaborar un dictamen en caso de consenso, y dos o más en caso de disensos, esto es uno por mayoría y otro —u otros— por minoría.

El o los dictámenes se remiten a la secretaría de la Cámara, encargada de darle traslado a la Comisión de Labor Parlamentaria, Comisión que determina la prioridad de los proyectos a tratar en el recinto.

Todo parecería indicar que el mencionado trámite tendría lugar el próximo miércoles 15 a través de la Mesa de Entradas, luego de lo cual se fijaría la fecha para que el ministro Boudou y funcionarios afectados a la temática, expongan los detalles que justifique el Proyecto de Ley presentado.

Como quedara expuesto en Presupuesto Nacional 2011 ¿Peligro de implosión?, este año el gobierno, conforme a la aplicación de su particular técnica contable, dispondría de unos 30 mil millones de pesos como recursos fiscales excedentes, los que seguramente distribuirá mediante un nuevo DNU de manera discrecional, sobre todo si se tiene en cuenta la urgencia eleccionaria que se avecina.

De acuerdo a trascendidos del propio Palacio de Hacienda, se han podido conocer algunos detalles del contenido del mencionado documento, entre los se destacan por ejemplo una inflación estimada inferior al 9 % (menos de la mitad que calculan las estadísticas privadas), la manutención de un ficticio superávit fiscal en alrededor del 3 % del PBI y de excedente comercial, así como también la continuidad de subsidios a los servicios públicos, la intención de solucionar la obligación con el Club de París, seguir promoviendo las inversiones del sector privado (¿?) hasta llevarlas a unos 25 puntos del PBI, un crecimiento de la economía (¿?) de alrededor de un 10 % y un dólar entre $ 4,05 y $ 4,15.

Si la posibilidad de votar afirmativamente por parte de la oposición se sustenta en un análisis realmente serio de las partidas detalladas en el proyecto de referencia, su aprobación tal como lo presenta el Ejecutivo, resultaría absolutamente inviable.

Nidia G. Osimani