Hace pocas horas se anunció desde el Gobierno el nuevo superávit fiscal de agosto, el que según la misma fuente habría superado en un 403 % al del mismo mes del año pasado.

Para hacerlo menos entendible y tratar de mantenernos en el más profundo estado de estupefacción se nos ha contado que el Tesoro Nacional llegó, con mayores gastos, a un superávit primario de más de 2 mil setecientos millones de pesos.

En este arte pictórico, los gastos corrientes fueron de un 32 % más que en agosto de 2009 y los ingresos corrientes casi un 42 %.

Estos valores oficiales tendrían su sustento por ejemplo, en el aumento de las prestaciones de la seguridad social, las coberturas asistenciales manejadas por el PAMI, etc., a la vez que el supuesto crecimiento de la actividad provocó un mayor ingreso de recursos como el IVA, Ganancias, Retenciones a las exportaciones, y demás falacias argumentales que acompañan los discursos mandados a decir, que no cierran por ningún lado.

Demás está mencionar que el superávit de referencia es ficticio y proviene de la proyección subestimada de ingresos que cada año hace el Ejecutivo en el Presupuesto Nacional para luego disponer de esos recursos de manera absolutamente discrecional.

Posteriormente, la mencionada discrecionalidad es instrumentada a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia a los que hay que agregar la facultad que tiene el Jefe de Gabinete para distribuir a piacere las partidas.

De este modo entonces, se financian organizaciones sociales (fuerzas de choque) afines al poder político de turno, se compran voluntades y se somete a gobernadores, intendentes, etc. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol y algo que ya todos conocemos hasta el hartazgo.

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 es otra incoherencia documentada de la política llevada a cabo por las autoridades nacionales; pero como del presupuesto vigente 2010 ya se han destinado más de 100 mil millones por fuera de lo proyectado, se obliga al Parlamento a aprobar la totalidad de los gastos.

Lo que se detalla en el Proyecto 2011 es falso en cuanto a la inflación, el crecimiento del PBI, el superávit fiscal, y otras variables macroeconómicas, tanto como los argumentos esgrimidos por la presidenta del BCRA en cuanto a la necesidad de emitir nuevas monedas, de seguir incrementando el consumo para hacer crecer la economía, de distribuir las ganancias con los trabajadores a los mismos fines.

Sin embargo mientras el brillante ideólogo tiene a los legisladores entretenidos sin poder juntar sus mandíbulas a causa del asombro que le causan las barbaridades seriales cometidas por éste, éste sigue haciendo por otros lados peores barbaridades que siguen separando quijadas a diestra y siniestra. Y mientras más argentinos sigan abriendo la boca, el señor de la carótida reparada sigue avanzando y destruyendo el país hasta que sea demasiado tarde y 2011 nos obligue a llamar a su cónyuge nuevamente, “la Presidenta”.

Un detalle muy importante del Proyecto de Ley 2011 es que se incrementa el porcentaje que el ciudadano deberá destinar al pago de impuestos, consumiendo el mismo más de un 40% de sus ingresos.

Dado que el mencionado superávit fiscal no se traduce en una mejora o incremento de los servicios que brinda el Estado, existe cada vez más resistencia por parte de los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Uno de los más claros exponentes de lo observado es el Impuesto a las Ganancias, a lo que el Gobierno responde previendo la elaboración de un proyecto de ley por el cual obligaría a las empresas que no reinviertan sus utilidades al pago de un 5 % adicional en concepto de ese impuesto y a modo de castigo.

Entonces, como la presión sobre el sector empresario es demasiado fuerte, la mayor recaudación se sustenta en impuestos regresivos como el IVA, las cargas sociales de los asalariados y el impuesto inflacionario que sobre todo sostienen las familias de menores recursos.

El Proyecto de Presupuesto 2011 se sustenta en proyecciones macroeconómicas muy alejadas de la realidad, como por ejemplo una inflación prevista para todo el año de casi un 9% y el incremento de los ingresos de los ciudadanos.

Si se observa la evolución en materia fiscal puede apreciarse que en el decenio 1993-2003 la recaudación correspondiente a Nación y provincias rondó el 21,5 del PBI, alcanzando entre 2003 y 2009 el 32,1%.

Para el próximo año se proyecta una presión tributaria de un 35% del PBI en la que se ha contemplado un incremento en las cargas sociales de casi 8 puntos (tres veces superior a lo que se prevé recaudar en concepto de Impuesto a las ganancias de las personas físicas), a la que habrá que adicionarle los impuestos municipales y el impuesto inflacionario, llegando entonces a la conclusión de que los impuestos consumirán un 40% del ingreso.

Concluyendo, mientras el discurso oficial habla de la inclusión social y la redistribución del ingreso, no pierde oportunidad (y hasta las genera), para hacer lo diametralmente opuesto.

No solamente profundiza a cada paso el esquema de clientelismo político, sino que tampoco muestra el menor interés en llevar a cabo una verdadera reforma tributaria eliminado los impuestos distorsivos y regresivos, ni incurrirá jamás en la aplicación de medidas económicas, fiscales o monetaria en concordancia con lo que, discursos de barricada mediante, expone desde los atriles.

Nidia G. Osimani