Hay un debate que ya ha comenzado y seguirá en la aproximas semanas sobre el proyecto de ley del Presupuesto anual 2011, el que incluye necesariamente detalles no menores del presupuesto vigente 2010.

La Ley de Administración Financiera del Sector Público, prevé que antes del 15 de septiembre de cada año ingrese a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley correspondiente a la proyección de recursos y gastos programados para el ejercicio siguiente,  proveniente de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Este Presupuesto Nacional comienza su conformación cuando el Poder Ejecutivo expone los lineamientos en materia política que pretende alcanzar. Aunque no sea práctica del poder político vigente, la normativa en torno a la materia así lo expresa.

Dicha información, juntamente con la que muestra la evolución de la cuenta inversiones del último ejercicio, el presupuesto de divisas proyectado para el ejercicio que se está planificando, el programa monetario y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio en curso, es tomada como base para la elaboración de los anteproyectos de cada una de las oficinas inherentes al tema de las diferentes jurisdicciones que componen el Sector Público, las que luego remiten los mismos al órgano rector, esto es, la Oficina Nacional de Presupuesto.

La ONP, prepara entonces el Proyecto de Ley correspondiente al que adjunta un mensaje del Poder Ejecutivo conteniendo los fundamentos, y lo remite a la Cámara de Diputados de la Nación.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de dicho cuerpo resulta la encargada de elaborar un dictamen en caso de consenso, y dos o más en caso de disensos, esto es uno por mayoría y otro —u otros— por minoría.

El o los dictámenes se remiten a la secretaría de la Cámara, encargada de darle traslado a la Comisión de Labor Parlamentaria, Comisión que determina la prioridad de los proyectos a tratar en el recinto.

La cosa es que esta vez, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo resulta un disparate de tal magnitud que no se logró la aprobación como suele hacerse, de manera casi automática. Además, las cosas están tan complicadas ahora por la pelea electoral 2011 que en realidad la oposición no está en condiciones de seguir votando a libro cerrado y en muchos casos, no en todos, parodia alguna suerte de control. No todos los legisladores, pero lamentablemente a muchos, lo que menos les importan son los intereses colectivos sino los propios y el control sobre las cuentas  públicas implica una conciencia del bien común que resulta infrecuente la clase política argentina, con grandes aspiraciones de liderazgo

La verdad es que todo los impedimentos que para la mayoría de ellos todo se resume a la competencia por el sillón de Rivadavia por el próximo período, que tampoco es el verdadero sillón de Rivadavia que duerme desde hace muchos años placidamente en el museo de la casa de gobierno, pero detalles al margen sigamos con el presupuesto.

Ya han ido a exponer sus argumentos ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda varios funcionarios del ejecutivo entre ellos, el Ministro de Economía, aunque parece que no logran convencer a nadie. Y en realidad eso es el objetivo que se propuso el poder político de turno, un proyecto de presupuesto nacional 2011 mamarracho para que no sea aprobado y así poder extender el presupuesto vigente.

Pero la discusión no se circunscribe sólo al arte pictórico del proyecto 2011, sino que en el vigente presupuesto 2010 no se entienden demasiadas cosas tampoco.

De la lectura del mismo, surge claramente la subejecución de varias partidas de modo tal que, como muy bien lo explicara hace un tiempo el Diputado Claudio Lozano “Hay 80 mil millones de pesos del ejercicio de este año que no se utilizaron y tampoco se sabe qué se hizo con las utilidades del Banco Central”. Y desde el año 2003 a la fecha hay 280 mil millones de pesos del presupuesto nacional que los Kirchner deberían explicar en qué y cómo los gastaron.

Con este análisis se advierten claramente detalles curiosos, tan curiosos como aparentemente incomprensibles, aunque perfectamente explicables considerando las particularidades de esto a lo que el gobierno nacional se empeña en denominar “modelo”.

A priori puede verse en el presupuesto vigente 2010 que hay ocho programas con un consumo que excede ampliamente los plazos preestablecidos de uso de recursos a la vez que otros considerados los más acordes a las bondades de la política aplicada, se gastan a cuentagotas, como por ejemplo el destinado a promover el empleo.

Del programa de capacitación laboral por ejemplo, en el primer semestre se gastó sólo cerca del 24% del total y lo mismo ocurrió con el programa para la promoción del empleo que sólo lleva ejecutado un porcentaje similar.

Es importante destacar en este sentido que el incremento de la tasa de empleo que reflejan las estadísticas del INDEC no obedece a la promoción real del empleo, en tanto que en la práctica varios rubros del sector privado atraviesan serias crisis que redunda necesariamente en ajustes y despidos de personal sino que lo que el organismo de referencia toma en cuenta es el crecimiento del empleo público.

Otro tanto se observa con el programa para el Saneamiento del río Matanza del que sólo se ejecutó menos del 40% hasta el momento, el de Familias por la Inclusión Social que sólo ejecutó alrededor de un 4% en virtud de que el resto fuera destinado a la Asignación Universal por hijo en torno de la cual cabe acotar que se comenzó a ejecutar el año pasado DNU mediante, no incluyéndose como programa en la Ley de presupuesto correspondiente.

En realidad, lo que se observa es una ejecución muy desigual en las diferentes partidas de las distintas jurisdicciones que no responde a lo programado originalmente, y hasta contradiciendo lisa y llanamente la supuesta política de inclusión social y expansión de la economía que tanto se pregona desde los atriles.

Si tomamos por ejemplo la evolución del programa “Fútbol para todos” salta a todas luces que en definitiva está siendo financiado con recursos tributarios de todos los habitantes de la Nación, dado que el gobierno no obtuvo lo que esperaba en cuanto a publicidad y derechos de transmisión por lo que ya utilizó alrededor de un 24% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Lo propio ocurre con el programa lanzado en abril pasado para la provisión de tres millones de netbooks para escuelas públicas de todo el país. La Anses empieza ahora a utilizar esas partidas, las que fueran incluidas en el presupuesto el mismo mes del anuncio del programa.

Resumidamente puede decirse que el 60% de los programas se evidencian retrasados en sus ejecuciones y alrededor de un 15% están subejecutados, lo que indica la necesidad de reformulación o al menos de adecuación de las partidas correspondientes de manera urgente, ya que o bien se incurrió en un error previo de cálculo, o se proyectó con errores deliberadamente, o se modificó abruptamente el criterio para la utilización de recursos en gastos; habiéndolos ocultado o sacado de la galera. En cualquiera de los tres casos, la realidad supera lo planificado a priori e induce necesariamente al menos a una revisión general.

Uno de los temas álgidos en estas discusiones es la ampliación del presupuesto 2010 por el cual justamente preguntó el diputado Alfonso Prat Gay, porque no queda claro para qué se destinaron los recursos concretamente (una módica suma cerca de los 45 mil millones de pesos).

Otra cuestión relevante es que en el nuevo presupuesto 2011, de aprobarse, la carga tributaria sería de un 46%.

Todos los meses el Gobierno nos cuenta el cuento del superávit fiscal, que como ya fuera expresado, no es tal sino que se debe a que cada vez que proyectan un presupuesto anual detallan recursos por un monto muy inferior al que saben que van a recaudar, y cuando lo recaudan salen a decir que hubo superávit. Mentira. El Gobierno dijo, por ejemplo, en el mes de agosto; que el superávit fiscal superaba en un 403% al de agosto 2009. Otra mentira, por varias razones, entre ellas la inflación.

El Gobierno nos ha contado que el Tesoro Nacional llegó, con mayores gastos, a un superávit primario de más de 2 mil setecientos millones de pesos.  Obviamente que es imposible. Gastan más y tienen más superávit. No cierra.

En este arte pictórico, los gastos corrientes fueron de un 32% más que en agosto de 2009 y los ingresos corrientes casi de un 42%.

Estos valores oficiales tendrían su sustento (dice el Gobierno) por ejemplo, en el aumento de las prestaciones de la seguridad social, las coberturas asistenciales manejadas por el PAMI, etc., a la vez que el supuesto crecimiento de la actividad provocó un mayor ingreso de recursos como el IVA, Ganancias, Retenciones a las exportaciones.

Demás está mencionar una vez más que el superávit de referencia es ficticio y proviene de la tantas veces explicada proyección subestimada de ingresos que cada año hace el Ejecutivo en el Presupuesto Nacional para luego disponer de esos recursos de manera absolutamente discrecional.

Posteriormente, la mencionada discrecionalidad es instrumentada a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia a los que hay que agregar la facultad que tiene el Jefe de Gabinete para distribuir a piacere las partidas.

De este modo entonces, se financian organizaciones sociales (fuerzas de choque) afines al poder político de turno, se compran voluntades y se somete a gobernadores, intendentes, etc. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol y algo que ya todos conocemos hasta el hartazgo.

Ahora bien, como decía mas arriba, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 es otra incoherencia documentada de la política llevada a cabo por las autoridades nacionales; pero como del presupuesto vigente 2010 ya se han destinado más de 100 mil millones por fuera de lo proyectado, se obliga al Parlamento a aprobar la totalidad de los gastos.

Lo que se detalla en el Proyecto 2011 es falso en cuanto a la inflación, el crecimiento del PBI, el superávit fiscal, y otras variables macroeconómicas, tanto como los argumentos esgrimidos por la presidenta del BCRA en cuanto a la necesidad de emitir nuevas monedas, de seguir incrementando el consumo para hacer crecer la economía, de distribuir las ganancias con los trabajadores a los mismos fines (proyecto tratado por estas horas)

Un detalle muy importante del Proyecto de presupuesto 2011 es que se incrementa el porcentaje que el ciudadano deberá destinar al pago de impuestos, consumiendo el mismo más de un 40% de sus ingresos.

Dado que el mencionado superávit fiscal no se traduce en una mejora o incremento de los servicios que brinda el Estado, existe cada vez más resistencia por parte de los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Uno de los más claros exponentes de lo observado es el Impuesto a las Ganancias, lo que el Gobierno previene elaborando otro proyecto por el cual obligaría a las empresas que no reinviertan sus utilidades al pago de un 5% adicional o mas en concepto de ese impuesto y a modo de castigo.

Entonces, como la presión sobre el sector empresario es demasiado fuerte, la mayor recaudación se sustenta en impuestos regresivos como el IVA, las cargas sociales de los asalariados y el impuesto inflacionario que sobre todo sostienen las familias de menores recursos.

Las proyecciones macroeconómicas que contempla el presupuesto 2011 están muy alejadas de la realidad, como por ejemplo una inflación prevista para todo el año de casi un 9% y el incremento de los ingresos de los ciudadanos.

El último dato del INDEC del mes de septiembre pasado dice que la inflación fue del 8% aproximadamente y en realidad sabemos que estamos en un 24%, pero estas mentoras le sirven al matrimonio gobernante por ejemplo entre otras cosas, para suponer ¿ingenuamente? que pueden engañar a los acreedores de la deuda externa y pagarles menos.

Si se observa la evolución en materia fiscal puede apreciarse que en el decenio 1993-2003 la recaudación correspondiente a Nación y provincias rondó el 21,5 del PBI, alcanzando entre 2003 y 2009 el 32,1%.

Para el próximo año se proyecta una presión tributaria de un 35% del PBI en la que se ha contemplado un incremento en las cargas sociales de casi 8 puntos (tres veces superior a lo que se prevé recaudar en concepto de Impuesto a las ganancias de las personas físicas), a la que habrá que adicionarle los impuestos municipales y el impuesto inflacionario, llegando entonces a la conclusión de que los impuestos consumirán un 40% del ingreso.

Como se ve,  mientras el discurso oficial habla de la inclusión social y la redistribución del ingreso, no pierde oportunidad (y hasta las genera), para hacer lo diametralmente opuesto.

No solamente profundiza a cada paso el esquema de clientelismo político, sino que tampoco muestra el menor interés en llevar a cabo una verdadera reforma tributaria eliminado los impuestos distorsivos y regresivos, ni incurrirá jamás en la aplicación de medidas económicas, fiscales o monetaria en concordancia con lo que, discursos de barricada mediante, expone desde los atriles.

Como aún no se ha llegado a ningún acuerdo entre los legisladores acerca de tantos números incoherentes sobre métodos de cálculo falsificados, la cosa va para largo.

Con respecto a la carga tributaria mencionada, es decir que en el presupuesto 2011 la misma será de un 46 %, según el cálculo de algunos legisladores del oficialismo será inferior al  30 % respecto de este año, y para algunos opositores será cercana al 100%.

En cuanto a las proyecciones 2011 elaboradas por el Ejecutivo, se proyecta una inflación del 8,9%, un dólar entre 4,05 y 4,10 y una expansión de la economía en el orden del 4,3%, pero nada dice de los 40 mil millones que otorga en subsidios, exenciones impositivas para amigos o socios, etc.

Entre el año 2003 y 2009 el gobierno ha subestimado recursos del presupuesto nacional por mas de 200 mil millones decesos utilizando de manera absolutamente discrecional los recursos, lo que constituye casi un 80 % de los recursos reales.

Por otro lado, distrae con la aparente intención de que se trate el presupuesto 2011 mientras nadie entiende que hicieron con los fondos en 2010 por ejemplo, sin analizar desde 2003 a la fecha.

En el presupuesto 2010 el Gobierno muestra excedentes por unos casi 80 mil millones de pesos y detalla que son de recaudación impositiva superior a la supuestamente esperada, reservas y utilidades), pero muchos de los gastos no se justifican, no quedan claros, son dibujos muy creativos.

Lo que busca el gobierno en realidad es que el parlamento no apruebe el presupuesto 2010 para así prorrogar el presupuesto 2010 y retocarlo, ajustarlo sin tener que rendir cuentas al poder legislativo ni a nadie y seguir haciendo lo que se le da la gana con la plata del país.

Es decir, otro de los mas claros ejemplos del estilo K.

Nidia G. Osimani