Hace un tiempo atrás, en el marco de una denuncia judicial contra la presidente Cristina F. de Kirchner por el tropello a los accionistas de Papel Prensa, quien escribe estas líneas sugirió un estudio psiquiátrico de la Mandataria, dada su reconocida bipolaridad y su extraña conducta demostrativa de una clara afección en la percepción de la realidad (Indec, política sobre DDHH, ataques y desobediencia al Poder Judicial, etc.).

Ahora surge información sobre las actividades de agencias de EEUU que solicitaban al embajador en Bs. As. que indagase sobre la salud mental de CFK, como si ello nos pudiese sorprender dados los antecedentes del gran país del norte que se inmiscuye en la política doméstica de cualquier país del mundo.

En definitiva sólo querían corroborar lo que millones de argentinos sabemos, que la Presidente no resistiría un estudio psíquico serio que la pudiere mostrar como un ser “normal”. La propia hermana médica de Cristina admitió la bipolaridad que padece quien hoy ejerce el Poder Ejecutivo Nacional.

Pero, vaya coincidencia, hace pocos días el Senado aprobó la nueva ley sobre salud mental, y esto no es un dato menor, ya que al suprimirse la internación de aquellas personas con trastornos psíquicos, ahora podrán seguir manteniendo una vida “normal”, es decir, podrán continuar con sus tareas y funciones tanto en el ámbito privado como en distintas áreas gubernamentales, ya sean de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

En efecto, por esta ley “queda prohibida la creación de nuevos manicomios o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”. La ley promueve dispositivos alternativos como “casas de convivencia y hospitales de día”. Modifica el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su “peligrosidad”. Las internaciones involuntarias quedan restringidas y sujetas a control por un órgano de revisión en el que participarán organismos de derechos humanos. Se propicia que las internaciones, siempre por lapsos breves, se efectúen en hospitales generales: éstos —si se cumple la ley— no podrán negarse a recibir a estos pacientes porque esto “será considerado acto discriminatorio”. También se modifica el sistema de inhabilitaciones: hasta ahora, una persona que en el marco de una crisis, perdiera capacidad para administrar sus bienes, podía quedar privada para siempre de todos sus derechos. Además los profesionales y empleados en instituciones psiquiátricas serán “responsables de informar, al juez y al órgano de revisión, sobre cualquier trato indigno o inhumano”.Las instituciones monovalentes que ya existen “se deben adaptar a los objetivos y principios” de la ley, “hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”. A diferencia de otras leyes en el mundo, ésta no llega a prohibir lisa y llanamente la internación en estas instituciones.

Conceptualmente, se modificó el Código Civil para reemplazar el criterio de internación, que obedecía a la noción de “peligrosidad para sí o para terceros”, por la constatación de “riesgo cierto e inminente”. Esto ha sido requerido en dos oportunidades por la Corte Suprema de Justicia.

Transcurridos noventa días de una internación involuntaria, si la institución insiste en mantener a la persona bajo encierro, la ley exige una segunda opinión, a cargo del órgano de revisión que la propia ley establece. Si este organismo se expide en contra, la institución deberá dejar en libertad al paciente. Además, “los asistidos, sus abogados o familiares tienen derecho a acceder a las historias clínicas y a tomar decisiones relacionadas con su tratamiento”.

Se propicia que las internaciones se efectúen en hospitales generales. En éstos, “el rechazo de la internación de pacientes por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental será considerado acto discriminatorio”.

La ley también ordena realizar un censo nacional de las personas internadas en instituciones públicas y privadas.

El órgano de revisión incluirá representantes de asociaciones de usuarios y familiares, de los profesionales y otros trabajadores de la salud, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de las defensorías oficiales y del Poder Ejecutivo. Sus funciones incluirán “supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internaciones por salud mental en el ámbito público y privado”.

La ley es “de orden público”, lo cual implica que debe ser cumplida en todas las jurisdicciones del país sin requerir adhesión específica... La ley fue explícitamente apoyada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y una vez más observamos cómo nuestro país, a través de sus representantes, adhiere a cuanta idea o principio foráneo ronde por el orbe, del mismo modo en que incorporamos cuanto tratado internacional surja, total no nos preocupamos en respetarlos, como fuera el caso vergonzoso y vergonzante del trato conferido a nuestros hermanos aborígenes, a quienes se viene masacrando y expoliando desde hace siglos.

Este gobierno hipócrita ahora espera explicaciones de Obama sobre la inteligencia desarrollada por las agencias de EE. UU. sobre nuestra Presidente, pero ésta administración kirchnerista jamás protestó por las cárceles de Guantánamo ni por la intromisión norteamericana en otros países del mundo, mucho menos por la colaboración que prestara ese país, a través de Chile, a Inglaterra en el marco de la Gesta de Malvinas, no reconociendo aún a veteranos que participaron en el conflicto bélico y permitiendo el saqueo de nuestra riqueza ictícola y el latrocinio de la minería a cielo abierto.

Esta esquizofrenia reconoce su origen en la falta de cordura, que, como diría nuestra presidente, ¡rima con locura!

Enrique Piragini