Se oscurece cada vez más el panorama para el dirigente camionero Hugo Moyano. Mientras tanto, la filial Mar del Plata convoca a una asamblea de la mutual que aprobará balances que tienen trece años. ¿Quién se acuerda de esos gastos? Los camioneros de hoy iban entonces a la primaria. ¿Alguien puede dar fe de aquellas memorias o informes financieros?

Nunca terminan de sorprender los negocios de familia. Jamás. Porque existen vericuetos y estrategias que los negociadores utilizan para salir siempre bien parados, que no se les podrían haber ocurrido ni a los más imaginativos narradores de Latinoamérica. Este semanario se explayó sobre la manera en que Eva Moyano —hermana de Hugo Moyano, secretario general de Camioneros a nivel nacional— había alcanzado la primera línea en el sindicato local sin haber manejado jamás un camión, ni haber tenido experiencias anteriores en una gestión similar. Había salido de la nada.

Muchos aun no terminaban de creerlo, y pensaban que podría tratarse de una simple carga de apellido rimbombante. Ella denunciaba agresiones y persecuciones, y crecía el desorden. Pero, como siempre sucede, a medida de que la olla se revuelve, el olor es peor.
Para comenzar, resulta más que extraño que en todos los documentos judiciales en los cuales la secretaria adjunta Moyano aparecía como denunciante o denunciada, lo hacía bajo el nombre de María Eva Moyano. Puede darse fe a través de las copias facsímiles que se han publicado.

Ahora, más modernizada quizá, la secretaria se llama de repente Irma Eva, al menos con ese nombre figura en la boleta de la Agrupación 15 de Diciembre. ¿Cómo hizo?
Con ese mismo nombre aparece la hermana del mandamás firmando junto con el presidente de la filial local, Héctor Martínez, y el tesorero Marcelo Larramendi, una convocatoria que fue publicada por el diario El Atlántico. A través de ese aviso, y con membrete de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros de Mar del Plata, el Consejo Directivo pretende que todos los afiliados se hagan presentes para participar de una asamblea general extraordinaria. En primera instancia, parecería normal la medida tratándose de una organización que requiere la aprobación de una memoria anual, si se tiene en cuenta que se aproxima el cierre del ejercicio. A nadie le llamaría la atención. Pero basta con seguir leyendo el aviso para comprender que lo normal no existe dentro de algunos mundillos.

Es que en el orden del día previsto se pretende aprobar memorias, inventarios, balances generales, cuentas de gastos y recursos e informes del órgano de fiscalización correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y, por supuesto, 2010.

Esto sí que es una moratoria. De un plumazo es posible legitimar gastos de hace trece años, y una memoria que a estas alturas resultará inexplicable. Quizá el lector creía que en esta ciudad ya se habían visto todas las tramoyas posibles, pero no. Siempre es posible abrir un capítulo más en medio de los grandes negocios de familia.

Porque se trata ni más ni menos que de la obra social de los camioneros, que se encuentra en este momento no solamente investigada por el juez Oyarbide por fraude al Estado, sino en la mira de muchos funcionarios que tienen cosas para decir. Todos consideran que las maniobras realizadas no distan demasiado de aquellas que han llevado a la cárcel al dirigente máximo de la obra social de los bancarios.

Cartoneros

Como se recordará, la cuestión se desató a partir de varias denuncias que hablaban de la adulteración de troqueles pertenecientes a medicamentos oncológicos, que luego serían subsidiados por el Estado.

A nadie escapa que este método de control es deficiente, no en relación con esta obra social específicamente, sino con cualquiera. A todos los consumidores les ha pasado alguna vez que cuando un producto de laboratorio resulta no estar cubierto por la mutual y es muy costoso, ciertos comercios ofrecen un descuento “gentileza de la casa”, que puede ser un 10 ó 15%. En esas circunstancias, y sintiéndose sumamente agradecido, el cliente ya no controlará si el envase llega a sus manos con o sin el pertinente troquel de cartón. Acaba de colaborar con el fraude.

Lo cierto es que los troqueles se compran, se venden, y aun peor: se fabrican a pedido. Así lo demostraron las escuchas telefónicas que el juez que entiende en la causa tiene como elemento de peso. Se verifica que Alexia Bergalli, hoy procesada, habló con un tal Marcos de la empresa abastecedora de remedios,  y le confirmó la venta de troqueles de Erbitux. Ella se los mandará a hacer al precio de $37 cada uno. Ese es el costo de dos centímetros cuadrados de cartón que luego se presentará ante el Ministerio de Salud.

Es necesario comprenden que OSCHOCA, la mutual de camioneros, es gerenciada por Conducir Salud SA, también conocida como Iarai SA, una compañía de Liliana Zulet, la esposa actual de Hugo Moyano. La droguería es una de las 22 empresas investigadas por Oyarbide. Más negocios de familia.

Moyano afirma que el grupo empresario que administra Zulet fue creado para proveer al gremio de costos más bajos que los del mercado. Pero para eso no tiene solamente una droguería: hay una constructora, una empresa de seguros, una de carpintería metálica y una textil.

Quien figura como titular de las empresas es Valeria Salerno, hija de ella en su primer matrimonio, lo cual se debe a que Zulet no puede acceder al cargo titular porque tiene una condena de dos años de prisión en suspenso por estafa. Linda nena.

La rubia es la tercera esposa del camionero, y lo conoció a fines de los noventa cuando ella le inició un juicio millonario por una deuda que tenía el sindicato. Liliana le sacó 500.000 dólares en esa sentencia, y él se conformó con el número de teléfono.

Asamblea añeja

Mar del Plata, como se ha visto, no está fuera de esta telenovela de tufillo gremial que se hereda de la capital, toda vez que el apellido Moyano está presente en la comisión directiva.

Todos afirman que fue “por decreto”. En los últimos tiempos, la secretaria adjunta Moyano presentó una denuncia penal por amenazas, que supuestamente habrían sido proferidas por los ex dirigentes gremiales desplazados Juan Carlos Robles, Eduardo Aguerrido y Lorenzo Alderete. Pero no había más pruebas que sus sospechas, ya que se trataba de anónimos telefónicos con la voz distorsionada. En tales mensajes, asegura Moyano haber sido amenazada de muerte, tanto ella como su familia, a la vez que le advertían: “andate de Mar del Plata”.

Enterada la justicia, se procedió a intervenir los teléfonos —fijo y celular— de la denunciante, pero al cabo del período previsto por la acción del juez, no había pasado absolutamente nada que pudiera llamar la atención. Por lo tanto, la sola acusación de la presunta amenazada no alcanzó para imputar a nadie.

Lo que no queda muy claro es cómo fue que Alderete, por ejemplo, fue desplazado del cargo sindical. Se sabe sí que Martínez comunicó por carta documento a la empresa Sud Atlántico SRL —de la cual Alderete es delegado— que se suspendía la licencia gremial otorgada oportunamente, aunque su cago había surgido de un acto eleccionario y debía extenderse hasta septiembre de 2011. Las razones esgrimidas no se detallaban, sino que se limitaba a decir que era una decisión del consejo directivo.

Alderete, por supuesto, inició las acciones legales pertinentes reclamándole al sindicato que se comportara como un empleador más: o lo indemniza o lo reincorpora. Y en el presente año, comunicó a la AFIP sus requerimientos.

Pero lo cierto es que a este gremio se le viene la noche por cuestiones más complicadas que Alderete. Hoy en día, el apuro es concretar la asamblea que le permita a la comisión poner el gancho de aprobación en tanto papel atrasado.

Y será el mismo Martínez el que intentará que los asistentes aprueben una nómina de gastos efectuados cuando algunos de estos afiliados de hoy iban a la escuela primaria. Una prueba de fe sobre papeles amarillos y desgastados de cuando no había quizá ni registros informatizados. De no creer.

José Luis Jacobo
Noticias y Protagonistas