Otra vez la inseguridad, que no descansa un solo segundo en la Provincia, se llevó vidas, ya que en una misma mañana aciaga de comienzos de esta semana, dos chicos de 13 y 15 años mataron a un hombre delante de su hijo de 11, en un barrio de La Plata, y en Luján un grupo de delincuentes mataba a un chico de 13 años delante de su padre. Todo a sangre fría.

Con menores víctimas y victimarios. Con adultos víctimas y victimarios. Y otra vez las instituciones responsables de una manera u otra de las políticas públicas vinculadas a esta problemática reaccionaban a la defensiva y con miradas parciales.

Los Poderes Ejecutivos de la Nación y la Provincia hicieron foco excluyente en una misma cuestión: qué hacer con los presuntos autores, los dos menores de 13 y 15 años, del crimen de Tolosa.

Pero fue la única coincidencia. La Casa Rosada volvió a poner, una vez más, la "culpa" en la Justicia, afirmando que —aunque las leyes digan que los menores de 16 años son penalmente inimputables— los jueces "pueden" privarlos de la libertad si son algo así como "demasiado peligrosos".

La Gobernación, a través directamente de Daniel Scioli, consideró, en cambio, que hay "un vacío legal" y reclamó que se dicte una ley —que debe ser nacional— que baje a los 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado, algo que viene pidiendo desde hace tres años. Nada nuevo.

El gobierno nacional no está de acuerdo en bajar el piso de edad y hace rato que ambas Administraciones sostienen esas posturas contrapuestas.

Quizá las dos partes tengan algo de razón. La propia Justicia se dividió entre esos dos criterios frente al crimen de Tolosa.

Una fiscal pidió la restricción de la libertad de los dos menores, al considerar que la ley habilita esa medida, y un juez rechazó el pedido planteando que sería inconstitucional.

Cuál debe ser la edad mínima para imputar, juzgar y eventualmente —si es necesario— restringir la libertad de un menor, es un debate que debe ser serio, profundo y definitorio y que quienes gobiernan y legislan le deben a la ciudadanía.

Pero la sociedad podría estar ya hastiada de que se amague con discutirlo y promover una decisión —cualquiera sea— cada vez que un crimen atroz conmueve a la gente, para abandonar el objetivo apenas se diluye un poco la conmoción.

Distraídos

Los legisladores nacionales, en rigor, en cuyas manos está la facultad y la obligación de encarar ese debate y asumir definiciones, más allá de que gobernantes y magistrados puedan opinar y promover una u otra postura, miran para otro lado, salvo honrosas excepciones, aún en días de conmoción como los que corren.

Es cierto que el año pasado el Senado avanzó en la discusión y aprobó un proyecto de ley penal juvenil nacional que prevé una baja en la edad de imputabilidad, pero la Cámara de Diputados lo frenó; y en estas horas sólo cuatro o cinco diputados, sobre los 257 que tiene el país, han expresado una postura y han mostrado voluntad de encarar el tema.

Los Ejecutivos nacional y provincial, por lo demás, se han enfrascado en la discusión sobre si los jueces actuaron bien o mal al no internar en un instituto a los menores acusados de matar al vecino platense, y sobre si las leyes vigentes son suficientes o no para juzgarlos y, eventualmente, disponer su internación.

Es una discusión necesaria y urgente, ya se dijo. Pero nada han dicho sobre todos los resortes que les competen y que evidentemente fallaron y de algún modo contribuyeron a que Fabián Esquibel perdiera la vida una mañana cualquiera.

Un sistema fantasma 

Se ha informado ahora que uno de los menores acusados por ese crimen había sido aprehendido tres veces en los últimos meses por robos, y otras tantas liberado por la Justicia.

La Policía sabía también que ese chico pertenece a una familia en la que el padre y un hermano mayor han sido procesados por asaltos y crímenes, es decir, que crece en el peor contexto.

Y todo el mundo —todo el mundo— en el barrio de Esquibel y del chico acusado de matarlo —porque viven a metros de distancia— sabía desde hace mucho que ese menor integra una banda dedicada a robar. Sus vecinos lo saben porque son sus víctimas reiteradas.

Entonces, ¿no existe un sistema que prevé —en cabeza del Ejecutivo provincial y con los municipios como instrumentadores— la actuación de órganos asistenciales de detección, contención, asistencia y rehabilitación de los niños y adolescentes definidos como "en riesgo"?

Existe, en los papeles —y prevé todo: que a esos chicos se los alimente, se los mande a la escuela o se les enseñen oficios, que se los trate por las adicciones, que tengan asistencia de psicólogos—, pero no funciona en ningún lugar de la Provincia.

Del secuestro de una familia que culminó con el asesinato de un chico de 13 años, directamente ninguna autoridad, nacional –que ahora comparte la responsabilidad de la tarea de prevención de la seguridad en el Conurbano, donde colocó con ese fin 6 mil gendarmes— o provincial, ha dicho una palabra.

Pero sería bueno saber cómo puede ser que cinco personas sean paradas y secuestradas en una calle de Luján, que una de las víctimas se tire en una autopista (avisando del delito en desarrollo) y que los delincuentes puedan seguir decenas de kilómetros por zonas supertransitadas del Conurbano, hasta abandonar a sus víctimas y los autos donde les resultó cómodo para escapar, después de matar a un chico.

Sería bueno saber cómo funciona el esquema de prevención y disuasión, dónde estaban la Policía y los gendarmes.