Hace dos días, los diputados de Coalición Cívica Juan Carlos Moran, Liliana Piani y Maricel Etchecoin Moro, presentaron una fuerte denuncia solicitando a la Justicia que “investigue la responsabilidad de funcionarios (públicos) en la causa sobre narcotráfico en el avión de los hermanos Juliá”. 

Allí, señalan la eventual responsabilidad de los siguientes referentes: el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el Secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Agustín Granados; el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández; la ministra de Seguridad Nilda Garré; y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli.

Asimismo, piden que se investigue a todos “los demás funcionarios que resultaren involucrados en calidad de autores o partícipes, autores intelectuales o materiales según el curso de la investigación, de las conductas denunciadas, que encuadrarían en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público establecido en el artículo 248 del Código Penal, sin perjuicio de otros que pudieran emerger a lo largo del proceso, en virtud de las irregularidades que seguidamente denunciamos”.

En el apartado “Hechos”, los denunciantes piden que “se investigue posible conexión local de los hermanos Juliá y la garantía de zonas liberadas por funcionarios gubernamentales”.

Luego, pone el foco sobre lo que establece el decreto 1770/2007 en su art. 2 la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde dice que debe “ejercer la fiscalización y control de los aeródromos públicos y privados del territorio nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas, la aeronavegabilidad, las operaciones efectuadas a las aeronaves, el trabajo y transporte aéreo, la explotación de servicios aeronáuticos, el tránsito aéreo y las comunicaciones, la capacitación, formación y entrenamiento del personal de servicios aeronáuticos, los aeroclubes e instituciones aerodeportivas que resulten materia de su competencia, las actividades generales de la Aviación Civil el cumplimiento tanto de la normativa vigente, como de los acuerdos.”. En buen romance, tendría que haber controlado y no lo hizo.

Un dato —que no casualmente menciona la denuncia—: la ANAC fue creada en 2007 mediante Decreto 239 firmado por Néstor Kirchner, hecho que fue anunciado por la ministra de Defensa Nilda Garre.

Algunos párrafos relevantes:

-“Resulta fundamental determinar si los detenidos tuvieron conexiones locales en Argentina y en su caso cuáles para poder llevar a cabo una maniobra de semejante magnitud que pareciera que sin complicidad de sectores vinculados al poder no podrían haber efectuado jamás”.

-“Debería seguirse como línea de investigación el hecho de que tanto los hermanos Juliá como el tercer pasajero del vuelo a Barcelona en el que transportaron una tonelada de cocaína, Matías Miret, tienen muchísimos conocidos en la FAA. Los tres son hijos de brigadieres que supieron ejercer altos cargos y con mucho poder.”

-“Los dos pilotos detenidos son hijos de José Juliá., ex jefe de la Fuerza Aérea de Carlos Saúl Menem, y que en el desempeño de sus funciones fue denunciado ante la Justicia por haber firmado un contrato por 18 millones de dólares con la empresa Cesel S.A., para la compra de material destinado a la reconversión de aviones Mirage, pero después de una investigación fue sobreseído de los cargos. Luego de retirarse de la Fuerza Aérea, Juliá fue vinculado con Lanolec, empresa que fue reconocida por Yabrán como suya.”

-“Es evidente y notoria la vinculación con el poder que han tenido y tienen los Juliá. Asimismo los Juliá también estuvieron vinculados y hasta fueron funcionarios de Duhalde.”

Por ello, el escrito insiste en que “se deberá profundizar en determinar que contactos locales pudieron haber tenido.”

En otro apartado, la denuncia hace hincapié en que los Juliá habrían utilizado una sociedad integrada por miembros no rastreables. “Según los registros oficiales, en noviembre pasado firmó un contrato utilizando Delaware GG Inc, una empresa registrada el 11 de abril de 2010 en un estado de EE.UU.”

“Otras sociedades vinculadas a los hermano Juliá son Gold Eagle LLC y GG Gold INC, así como Federal Insurance Company. Dato que surge del contrato de alquiler de la nave y de los registros y las declaraciones presentadas por la tripulación ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y los organismos oficiales como la PSA y la Aduana. “

Sin embargo, cuando el avión aterrizó en el partido de Morón el día 6 de noviembre de 2010, Eduardo Juliá declaró ante la ANAC que la operadora era Gold Eagle.

Según lo establecido por Código Aeronáutico, un jet con matrícula extranjera sólo puede estar en el país por tres meses y no debería operar comercialmente como taxi aéreo excepto que tenga una licencia específica.

A partir de allí, se pone el foco sobre los funcionarios a cargo, “entre los que se encuentran Alejandro Agustín Granados y Juan Pablo Schiavi, a raíz de omitir sus funciones de control pudieron haber facilitado la operación descripta, y es por ello que creemos que en caso de verificarse tal sospecha, los funcionarios a cargo deberán responder por incumpliendo de sus deberes”.

De todo lo expuesto se desprende que los organismos que intervinieron siendo negligentes en el proceso de control a fin del cargamento así como todo los papeles relativos al avión fueron: 1) La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) 2) Aduana 3) La Dirección Nacional de Migraciones y 3) Policía de Seguridad Aeroportuaria. Recayendo responsabilidad asimismo sobre el Ministerio de Defensa y Seguridad - Fuerza Aérea Argentina.

Somos mucho más que dos

La denuncia de CC también pone el foco en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y sobre un empresario mencionado por Tribuna de Periodistas llamado Carlos Sergi. “Sergi, ex director de Siemens, fue quien habría pagado el alquiler del avión”, dice el escrito de marras.

También se pone el foco sobre la Aduana y un tal Roberto Coronel, que ahora trabaja como “despachante” independiente.

 “La Aduana habría recibido la documentación confeccionada por Coronel, un ex miembro de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), dándola por válida sin efectuar las verificaciones como correspondía”, reza la denuncia.

Más adelante, el escrito menciona la responsabilidad política —que roza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández— por los hechos ocurridos en Unicenter en 2008. Esta parte merece transcribirse textual, porque demuestra la vinculación del funcionario con el narcotráfico:

“Respecto al caso particular conocido como “Unicenter” con motivo del doble asesinato de los ciudadanos colombianos ocurrido el 24 de julio de 2008, en el centro comercial Unicenter Shopping de la localidad de Martínez, se abrió la investigación penal preparatoria (IPP Nro. 14-03-023594) caratulada Quinteros Gartner, Jorge Alexander y otro Víctmas de Doble Homicidio Calificado”, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Martínez del Dpto. Judicial de San Isidro, del Dr. Diego Matías Grau.

Asimismo, mediante una modalidad similar, el 23 de febrero de 2009 se produce el homicidio de otro ciudadano colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, en la ciudad de San Fernando, asignada a la UFI a cargo del Dr. Luis Manuel Angelini (IPP Nro. 14-05-01346-09). Para la que con fecha 9 de marzo de 2009, el Dr. Novo designó al Dr. Diego Matías Grau, para que actúe junto al Fiscal interviniente.

Lo preocupante del caso es que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas involucran, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad, ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y obstrucción de su labor, por parte de sus superiores jerárquicos. Lo que se tradujo en un grave perjuicio para la administración de la Justicia, y hace temer y presumir una conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la Fiscalía General.

En efecto, según lo denuncian el propio Fiscal Diego Grau y el Fiscal Luis Manuel Angelini, mediante el Acta suscripta con fecha 10 de octubre de 2009[1]:

Se denegó injustificadamente, todo apoyo en cuanto a recursos humanos y materiales, que eran necesarios por las características de la causa del doble crimen, y se realizaron requerimientos innecesarios que generaron unos dispendios injustificados de trabajo.

Se hicieron públicos detalles de dicha causa, por decisión de la Fiscalía General, poniendo en peligro la investigación.

A través de trabas burocráticas, se impidió la realización de medidas fundamentales para el avance de la investigación.

El trámite de la causa se vio paralizado por disposiciones tomadas por el Fiscal General, en cuanto obligó al Fiscal de la causa a tomarse sus vacaciones a pesar de encontrarse diligencias en curso; luego lo trasladó intempestivamente de UFI, en un momento crucial del trámite de la causa; para finalmente reasignar la misma a otro Fiscal, al que tampoco se le dieron los recursos necesarios, y en condiciones que implicaron un “castigo” encubierto.

El Fiscal Angelini, especialmente a partir de que le fuera asignada la causa, debió soportar arbitrariedades y maltratos tendientes a impedir el avance de la investigación.

En cuanto a la denegación de recursos humanos y materiales necesarios, y el manejo arbitrario de los mismos, se observa que desde el primer momento en que el Fiscal Grau advierte la gravedad de los hechos, solicita asignación de recursos necesarios acordes a la gravedad de los hechos investigados y las tareas a desplegar. Solicitud respecto de la cual nunca recibió una respuesta satisfactoria. Es más, se advierte la orfandad de apoyo cuando con fecha 27/11/08 el Dr. Andrés Zárate juró como Fiscal de otro fuero, por lo que la causa se quedó sin funcionarios letrados. También cuando como lo relatan los Fiscales Grau y Angelini, debieron realizar 11 allanamientos, 8 de ellos en Capital Federal, considerando además, que el Dr. Angelini se encontraba de guardia a cargo de tres fiscalías a la vez, con la colaboración de un solo funcionario (Dr. Paez) y apenas un empleado. Siendo que oportunamente se había pedido a la Fiscalía General la colaboración de algunos Secretarios para dicho cometido e incluso se había elevado un listado de voluntarios a tal fin.

Obviamente las diligencias no se pudieron practicar de la manera esperada, pues si bien Grau y Angelini concurrieron personalmente a casi todos los domicilios, y procuraron determinar la existencia de testigos de interés; el Dr. Angelini lo hizo redoblando sus esfuerzos ante la inmensa carga laboral que pesaba sobre él en ese momento y en función solidaria con el Dr. Grau, pero conociendo solo parcialmente los pormenores del abultado expediente que tramitaba su colega,; y no fue posible escuchar a todos los testigos ya que el Juzgado de Rogatorias no permitió que se los traslade a la oficina de la Gendarmería Nacional que se había preparado para ello ante la inminencia de no poder contar con funcionarios letrados del Ministerio Público. Naciendo en subsidio la idea de que el personal de las fuerzas de seguridad les reciba testimonio en forma simultánea, efectuando los Fiscales las preguntas -harían las veces de escribientes-. Dichas circunstancia, indudablemente perjudicaron la investigación, y fueron el detonador que indicó a los Dres. Grau y Angelini, de la existencia de un malestar en la Fiscalía General o la ausencia total de voluntad de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, quienes se agravian además, de haber recibido de la Fiscalía General, tan sólo obstáculos intolerables.

Finalmente

La denuncia solicita Juicio Político al Fiscal General Julio Novo y al jefe de Gabinete. “Así como lo veníamos sosteniendo, los hechos enunciados precedentemente y sus vinculaciones con el desvío de precursores químicos como la efedrina y la pseudoefedrina viene a confirmar lo que se venía denunciando en diversos informes realizados por organismos internacionales especializados en estos temas, en los cuales se establecía que nuestro país muestra una ausencia de políticas públicas eficaces en esta materia; falta de estadísticas que integren las incautaciones de sustancias químicas a nivel nacional, así como sobre la cantidad de sustancias desechadas; inconsistencia institucional, en donde los distintos organismos de la Administración Pública Nacional no encuentran demarcadas sus competencias lo que provoca que sus funcionarios se libren de toda responsabilidad por los incumplimientos de lo ordenado en la leyes vigentes; ausencia de un decreto que reglamente la Ley Nº 26.045 que creó el Registro de Precursores Químicos; y el rápido crecimiento del comercio ilegal de efedrina y otros precursores químicos.”

“Nada de esto fue tenido en cuenta por el Jefe de Gabinete, aún cuando, según datos oficiales, en los últimos 3 años, llamativamente, se ha triplicado la importación y exportación de efedrina y pseudoefedrina por parte de la República Argentina. Tan sólo en 2008 ingresaron 52,4 toneladas, aunque se reconoce que sólo 10 son utilizados por la industria farmacéutica. Se infiere que gran parte del excedente es destinado como precursor químico para la producción de drogas sintéticas. La cantidad de efedrina que importa la Argentina la convierte en el tercer importador mundial, muy por delante de países como EE.UU. o Brasil.”.

“Aníbal Fernández, en sus diferentes responsabilidades públicas, tendría responsabilidades políticas y hay dos organismos sobre los cuales ha prestado especial atención en sus gestiones: el SEDRONAR y el RENAR.”

“Nos encontramos con las trabas que el Ministro Aníbal Fernández ejerció sobre el Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del Proyecto de Ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas y establecía sanciones a quienes ejercieran este tipo de comercio de manera ilegal. Conforme consta en la versión taquigráfica del Senado de la Nación, el entonces Ministro del Interior, mediante el envío de una Nota pretendió desalentar el tratamiento de la norma.”.

“Tal es así que un Informe de la AGN sobre la SEDRONAR observa la ausencia de controles y de políticas públicas. Allí se informa y describe las maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la SEDRONAR en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias.”.

“En la lucha contra el narcotráfico también existen obstáculos: inexistencia de un sistema que permita integrar, en una misma base de datos, las tareas que realiza el RENPRE; falta de registración durante el período auditado de los movimientos informados por las empresas, cuya presentación trimestral se formaliza en papel, adjuntando una planilla, con las sustancias químicas controladas; Las inspecciones dispuestas en el artículo 12 inciso n) de la Ley Nº 26.045 se hallan sujetas a la disponibilidad de recursos provenientes del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Ley Nº 25.363, conforme al Convenio suscripto entre la SEDRONAR y AICACyP. El presupuesto de la SEDRONAR no contiene partidas destinada a financiar la mencionada actividad; falta de reglamentación de la Ley N° 26.045 (BO 7/7/05) por parte del Poder Ejecutivo Nacional -que debió dictarse a los sesenta días de publicación de dicha ley; a instancias del ex Ministro del Interior, a partir del año 2006 el SEDRONAR no participa en el Plan Nacional de Capacitación, relativo al control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las fuerzas de seguridad nacionales, dependientes al momento de la realización de las tareas de auditoría del Ministerio del Interior, cuya ejecución -conforme a lo previsto en los decretos aprobatorios de la estructura organizativa- se encuentra a su cargo.”.

“Esta circunstancia en la que los organismos responsables de paliar estos problemas muestran una gran incapacidad en su accionar trae como resultado la instalación de carteles internacionales de la droga con profundo arraigo en la Argentina con el correspondiente e inevitable aumento de los niveles de criminalidad y violencia que ejercen sobre la sociedad.”.

“Otra temática sensible para el estudio de la operatoria del crimen organizado es el control que el Estado ejerce sobre la portación y uso de armas de fuego. Según revela nuestro informe, el RENAR, se encuentra gestionado por hombres cercanos a Aníbal Fernández, al fútbol y a la militancia quilmeña.”.

“De allí habrían surgidos los contactos que llevaron a Martín Lanatta a desempeñarse eficazmente como gestor informal ante ese Organismo. Tal fue su eficacia que Sebastián Forza, habría obtenido en tiempo record y sin contar con los debidos requisitos, su autorización para la portación de armas, conforme se desprende de la causa judicial.”.

“La falta de legislación; las limitaciones presupuestarias; el financiamiento espurio de campañas electorales; los contactos entre política, empresarios corruptos sospechados de narcotráfico y barrabravas; las denuncias de los organismos internacionales que advierten el grado de permeabilidad de nuestro país a las operaciones de estas mafias, no hacen más que confirmar las sospechas que estamos en presencia de un gobierno cómplice que avala con sus faltas de controles y su ligación con ”gestores” y “pseudos empresarios”, el crimen organizado y la narcopolítica.”.

“No puede escarpase de ningún análisis agudo que el crimen de Forza, Ferron y Bina presenta el mismo modus-operandi, el ocultamiento en un freezer, que el denunciado por la esposa de Cacho Rey que involucra a militantes quilmeños de la Agrupación Arturo Jauretche liderada por Aníbal Fernández.”.

En este sentido queremos indicar que la falta de acción y del cumplimiento correspondiente de los funcionarios a cargo no surge con el hecho principal a investigar que es el narcotráfico en el avión de Medical Jet, sino que han sucedido varios hechos relevantes anteriores, por lo cual es necesario determinar que vinculación existe entre todos ellos y que empresarios y funcionarios y distintos sujetos se encuentran y se encontraron señalados en los mismos”.

¿Será Justicia?

Equipo de Política de Tribuna de Periodistas