El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; el titular de la UATRE, Jerónimo "Momo" Venegas; y la ex secretaria de Medio Ambiente del kirchnerismo Romina Picolotti tendrán una semana agitada al presentarse ante la Justicia como imputados y por diferentes hechos.

 También es una semana con varias citaciones en la "megacausa" por la mafia de los medicamentos: la pareja de Juan José Zanola y ex directiva del Policlínico Bancario Paula Aballay para el martes 15; y su entonces segunda Susana Fionna para el jueves.

 La citación de Venegas —la cual puede posponerse a raíz de un pedido de prórroga que hizo la defensa a última hora del viernes— tiene un condimento político: el precandidato Eduardo Duhalde anunció que él mismo ejercerá la defensa del sindicalista, quien estuvo preso por orden del juez Norberto Oyarbide 48 horas por la causa de los medicamentos.

 Allegados a la defensa de Venegas aseguraron a Noticias Argentinas que a cargo del estudio de la estrategia seguirá el abogado Miguel Ángel Plo y un equipo de abogados que superan las diez personas, y que la figura de Duhalde sólo es un hecho político.

 Asimismo, tal cual había adelantado NA tiempo atrás, el equipo de abogados que asistió a Venegas el pasado 11 de febrero —cuando fue indagado por primera vez— sufrió una fractura a raíz del desacuerdo en cómo encarar la defensa.

 Venegas fue citado nuevamente por Oyarbide para que explique el destino que le dio a dinero en concepto de reembolsos por parte de la Administración de Programas Especiales (APE); se tratan de expedientes presentados por la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA).

 Según consta en la causa, ese dinero que se supone era para cubrir tratamientos que OSPRERA brindó a sus afiliados, fue utilizado por Venegas para comprar una veintena de unidades móviles sanitarias.

 Al ser indagado, Venegas justificó que las unidades son para poder llegar al peón rural, que trabaja en zonas alejadas a las ciudades y a los centros hospitalarios, y días después su defensa presentó documentación al respecto que está siendo analizada por Oyarbide.

 Por su parte, Macri tiene compromiso que ésta vez se le hará difícil esquivar: está citado para el viernes próximo en una causa por presuntos maltratos a personas en situación de calle por parte de la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).

 Es que Macri ya faltó a dos citaciones, la última el pasado viernes 25 y ello motivó no sólo el reproche del juez de la causa Facundo Cubas quien mediante una resolución el criticó el que haya pedido la prórroga de esa fecha horas antes de la audiencia, sino también un pedido de desafuero y de que intervenga la fuerza pública de una de las querellas que interviene en la investigación.

 El viernes 25 de febrero, minutos antes de la audiencia los abogados de Macri presentaron un escrito ante Cubas pidiendo una prórroga y justificando la ausencia: que el jefe de Gobierno tenía un acto de campaña en la localidad bonaerense de San Martín a la misma hora.

 El juez Cubas reprochó mediante un escrito que haya dado aviso apenas minutos antes de la audiencia, cuando sabía de la misma desde hace un mes atrás, y luego fijó la fecha para el 18.

 La causa está caratulada "Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos", y se investigan los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 Hasta el momento, el juez indagó a Piccardo y una veintena de ex integrantes de la UCEP, y luego de concretar el interrogatorio del Jefe de Gobierno definirá la situación procesal de cada uno de ellos, lo que preocupa a Macri ante un eventual procesamiento en vistas a la campaña electoral que se avecina, sumado a que ya cuenta con una causa avanzada en su contra como lo es la de las escuchas telefónicas ilegales.

 Antes, el jueves, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti está citada en una causa por presunta malversación de fondos públicos destinados a planes ambientales. Picolotti, quien estuvo en funciones entre 2006 y 2008, deberá explicar porque presuntamente utilizó fondos que estaban destinados a planes ambientales para otros fines.

 Según consta en la causa, se gastó dinero público en regalos, artículos de panadería, reparación de vehículos, compra de autopartes y hasta vinos y sidras.

 Además, Picolotti también es investigada por la contratación de 250 personas, algunos de los cuales son parientes, en la secretaría de Ambiente, y por el alquiler de aeronaves por un valor estimado en 100.000 pesos.

Sergio Farella
NA