La Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos “Arancibia Clavel” y “Simon”, sostiene como Doctrina que “los Tratados y Convenciones Internacionales, particularmente los referidos a los Derechos Humanos, tienen una jerarquía superior a la Constitución Nacional.

Siguiendo este criterio cabe preguntarse, ¿qué valor tienen esos pactos, según la Corte supraconstitucionales para el gobierno nacional y la ANSES, y por qué razón la misma Corte sigue aceptando como normal el continuo desparpajo con el que el Gobierno actúa en reiteradas violaciones de los Derechos Humanos contemplados en esos pactos y convenciones suscriptos por Argentina ante los fueros internacionales?, inclusive, violaciones reconocidas por ANSES y el Estado nacional en un acuerdo amistoso firmado el 04 noviembre del año 2009 quedando reflejadas y aceptadas, como la posibilidad a un recurso judicial efectivo y a la garantía del plazo razonable previstos en los Art. 25 y 8 de la Convención Americana respectivamente.

Asimismo, la violación a los derechos de la propiedad privada Art. 21 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, a la igualdad ante la Ley Art. 24 de la C.A.D.H., todos ellos con relación a los Art. 1 y 2 de la C.A.D.H. y los derechos a la salud y al bienestar Art. 11 y a la seguridad social con relación al deber de trabajar y aportar a la seguridad social Art. 16, 35 y 37 previstos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

A pesar de la aceptación y reconocimiento de estas violaciones, desde ANSES persisten en forma reiterada, aplicando una política de desconocimiento total a estos derechos ante la impasividad de aquellos que debería garantizar el goce pleno de los mismos. La pregunta es, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia no pone un límite a esta aberración jurídica que permite la burla reiterada a los compromisos asumidos internacionalmente a través de dichos pactos? ¿Acaso para los Derechos Humanos de los jubilados se aplica otra doctrina? ¿O los ciudadanos jubilados, llámense ancianos, no son tenidos en cuenta como seres humanos? ¿O les negamos a ellos su calidad de humanos?

Es de pensar que los delitos y violaciones constitucionales y de pactos internacionales son iguales para cualquiera que los cometa, y la justa y severa sanción de estas violaciones debería ser castigada por la Justicia en forma inmediata, expedita y eficaz. Si esto no se hace es porque hay que suponer que existe una actitud cómplice y encubridora de esos delitos, que tanto afectan a la dignidad y el bienestar de las personas.

Los jubilados argentinos notamos una gran hipocresía al respecto de la defensa de nuestros derechos, de nada vale las grandilocuentes y verborrágicas doctrinas anunciadas en los fallos que no sirven siquiera para remediar esta injusta situación por la que tienen que sufrir millones de argentinos, violados en sus derechos, estafados económicamente en sus haberes, y condenados a la pérdida progresiva de su dignidad hasta morir como parias sin protección alguna de la Justicia.

Por ello, señores del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación:

Ser juez es estar al servicio de la Justicia y a través de sus magistraturas se debe administrar la misma, y según San Agustín, administrar justicia es dar a cada cual lo suyo. Ustedes, cómo Jueces de la Suprema Corte, ¿cumplen con el ciudadano jubilado garantizándoles el servicio de Justicia y la protección de sus Derechos? —seguro que no—, por lo tanto no pueden eludir sus responsabilidades como cómplices principales de esta grave y violenta situación que castiga injustamente a millones de jubilados y pensionados.

Sería bueno contar con una respuesta inmediata y coherente pero que sea a través de un fallo que ponga fin a tanta falta de respeto hacia la ancianidad.

Que Dios ilumine a “vuestras señorías” y pueda desde pronto y para siempre reinar la justicia en la Argentina. De otra manera la justicia que gozan los ancianos son solo enunciados virtuales que nunca se cumplirán.

 Rubén Gioannini